Parece claro que Mauricio Macri ha pasado a ser la gran preocupación del justicialismo. Su sólo nombre medido como precandidato presidencial se ubica cómodamente tercero por sobre Hermes Binner y Julio Cobos.
¿Cuál es entonces la preocupación de massistas y sciolistas? Pues dos. Por un lado, la relación casi carnal con Cristina Kirchner; y por otro, una acción que no se da de bruce con la anterior y que apunta a formar parte de la mega alianza que comparten radicales, socialistas, “Pino” Solanas y “Lilita” Carrió.
Cómo se explica entonces esto. Muy fácilmente pareciera.
La Presidenta lejos está de un apoyo directo a Mauricio Macri. Tampoco a él le sumaría una acción de esta naturaleza, pero un eventual triunfo de un candidato considerado de derecha posibilitaría a Cristina posicionarse desde la oposición como un punto de referencia en una posición parecida a la que tuvo la ex presidenta chilena, Bachelet después del triunfo de Sebastián Piñera.
Cristina pretendería regresar en 2019 para competir incluso con un Macri que buscaría su reelección.
¿Qué puede hacer entonces la Presidenta? Pues mucho más de lo que se piensa, sin llegar a un apoyo explícito que sería contra natura y que la alejaría definitivamente del propio PJ.
Lo cierto es que en el peronismo hay recelos y preocupación. Macri es una amenaza latente y potencial, más que el propio Sergio Massa aun cuando hasta ahora sigue liderando cómodamente todos los sondeos con un Scioli que se debate entre salir a cara descubierta y no romper los precarios vínculos con la Casa Rosada, que visto está nada hará para favorecer su inevitable candidatura presidencial.
En las Paso, de hecho, Scioli se enfrentará a más de un candidato. Aunque uno de ellos terminará contando con la venia de la Casa Rosada. Algunos dicen que será el Gobernador de Entre Ríos y otros se inclinan por “Coqui” Capitanich que de campañas electorales sabe, y que si algo lo caracteriza es la ambición y la audacia para los desafíos difíciles acaso como el de lidiar con una pareja de mucho temperamento, pero de cuya mano fue introducido a la arena política. Sandra Mendoza tiene una historia dentro del peronismo chaqueño. Es una de las mujeres que ha compartido situaciones de conflicto como supo tener José Manuel de la Sota con Olga Riotur; el propio Carlos Menem con Zulema Yoma; ni qué decir Carlos Soria con su esposa, quizás la experiencia más patética.
Otros matrimonios políticos hicieron historia comenzando por el de Perón y Eva Duarte, Eduardo Duhalde y Chiche, el propio Perón e Isabelita; y más recientemente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández,
El gran interrogante es cómo llegará Daniel Scioli a las Paso. Y si las gana, cómo quedará para una segunda vuelta que pareciera inevitable. En el Frente para la Victoria es hoy el favorito. Los gobernadores en silencio parecen encolumnarse tras él, pero en la Casa Rosada los vientos que soplan son otros.
Ahí confían, según la óptica de Carlos Zannini, en que el candidato bendecido por Cristina y heredero del modelo se impondrá en las abiertas por la tracción del nombre de la Presidenta, y el hecho de ser el único de los precandidatos con caja para solventar una campaña nacional.
 
¿Y EN CORRIENTES?

Por primera vez, los peronistas de Corrientes parecen jugar sin ansiedad, a la espera de que el escenario nacional comience a conformarse. Esta vez son los candidatos nacionales los más ansiosos por asegurar apoyos y encuentran en el PJ correntino la cuota de prudencia como para ver primero la forma cómo se revuelca el chancho buscándole antes la pata a la sota, con la clara intención de sellar acuerdos que comulguen con la necesidad que tiene el peronismo correntino de tener reglas de juego claras y previas como no las ha tenido con el menemismo, el kirchnerismo y ahora el cristinismo.
Algo de esto quedó patentizado con las visitas de Capitanich y Scioli. Ambos se llevaron la idea clara de que hay voluntad de acordar, pero en una ida y vuelta que suponga compromisos recíprocos, quedando en claro que no es la idea el juntar votos desde Corrientes para un candidato presidencial, cualquiera sea sin antes establecer las condiciones de ese eventual apoyo. Parece lógica la postura, considerando que las elecciones de Corrientes serán previas en dos semanas a las Paso, y a la vez la circunstancia muy distinta a otras provincias que se da en el hecho de que acá no se vota Gobernador ni intendentes, y que en consecuencia el efecto Massa no impacta a pleno en la estructura orgánica del PJ, circunstancia ésta que lleva a no descartar por completo la posibilidad de un entendimiento de última hora con el propio Massa, algo que en otras provincias se tornaría más que difícil.
Habrá que ir mirando encuestas, realidades, manejar los tiempos y considerar que lo que hace a las elecciones nacionales, que serán tres, es importante el factor financiación.
Se votará en agosto las Paso; en octubre, las nacionales; y en noviembre, la segunda vuelta. Antes, las provinciales. Y antes de ellas, las elecciones internas para la selección de los candidatos provinciales. En definitiva, cinco elecciones para 2015.
En Corrientes está claro que el 2014 no es un año electoral, pero sí de redefinición del escenario político provincial frente a la certeza de que hay un Gobierno que admite su fin de ciclo, con un Gobernador en ejercicio que admite la necesidad de irse a descansar.
De hecho, se muestra fatigado, quizás por la dificultad de lidiar con un Gobierno nacional que no termina de entender y al que, cuando cree haberle encontrado la vuelta, termina sorprendiéndose con nuevas situaciones.
Lo cierto es que para Colombi la situación de confrontación con el PJ correntino no lo favorece. Ni con la operatividad de los acuerdos que ha celebrado con la Nación, ni con el impacto que en la opinión pública tiene la política de apriete que mantiene sobre la comuna de Capital y de Mercedes.
En ambas localidades el costo mayor de la disputa en términos de sondeos electorales los paga el Gobierno provincial. Ni los capitalinos, ni los mercedeños consideran que la pelea favorezca a los vecinos y atribuyen mayoritariamente a responsabilidad al Gobierno provincial.

OTRA VEZ LA JUSTICIA

En medio de la reyerta por los fondos retenidos, el intendente, Fabián Ríos replicó con dureza a un Colombi al que le cuesta sostener líneas argumentales sin ofuscarse.
Señaló -con claridad- que la relación de la Nación con la Provincia no será perjudicada por esta disputa, aunque -al insinuar que podría profundizarse la pelea tribunalicia- resulta claro que un efecto colateral e indeseado de este pleito podría tener en el cumplimiento por parte de la Nación, si es que la Justicia Federal termina por condicionar los términos de la relación.
Lo concreto es que no es bueno que las cosas no se resuelvan en el ámbito de la política, en el marco de diálogo y en Corrientes. Trasladar la discusión al marco del Estado central puede ser algo más que un retroceso de los progresos logrados, y acentuar la judicialización de la disputa no llevaría a buen puerto, valiendo aquello del refrán que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”.
Desde el propio poder central habría un guiño para que -sin el desgaste político de la gestión presidencial- se acate los dictados de los jueces que son -al postre- los que dicen lo que la Ley dice.
Queda por ver si -en sus dichos- Ríos apuntaba a la Justicia federal o a la provincial, lo cual tiene tiempos y efectos muy distintos. Lo que sí parece claro es que el Intendente ha asumido que si no hace algo deberá lidiar - durante toda la gestión- con el acoso sistemático del Gobierno provincial, empeñado en tenerlo ocupado, atajando penales, en el día a día de una gestión que lo aleja de sus otras responsabilidades.
En el último supuesto, esto es que el reclamo se canalice por la vía provincial, el precedente dado por los Tres Mosqueteros en el Superior Tribunal, en el llamado caso Mercedes, no sería de aplicación por ser la situación distinta como diferente es la coyuntura en la cual los supremos jueces de la Provincia estarían llamados a resolver.

LOS DIMES Y DIRETES DE UN CÓDIGO QUE DIVIDE OPINIONES ENTRE JUECES Y ABOGADOS

Abogados, magistrados, catedráticos y exponentes de la corporación que muchas veces no expresan el sentir y la opinión de jueces y camaristas no terminan de ponerse de acuerdo en el texto de la reforma al Código Procesal Penal.
En este marco, el análisis por parte de la Legislatura se vuelve más que complejo, y explica el sainete que se armó en la sesión del Senado del último jueves, con un radicalismo que se batió en retirada cuando -desde la bancada justicialista- su Presidente pareció cantar falta envido, invitándolos a dirimir en el recinto y mediante el voto las diferencias.
Rubén Bassi pareció meter el dedo en la yaga. El oficialismo no estaba en condiciones de tratar el tema por las notorias diferencias y contradicciones irresueltas. Pretendía sí que el proyecto vuelva a comisión para un mejor estudio. Algo que no se rechazaba de plano desde las bancadas opositoras. El punto es que se pretendía, con insistencia digna de mejor causa, de que tal pedido surja de la bancada justicialista.
La decisión del PJ, de obligar al debate y el voto en el recinto sorprendió a la vez que desconcertó a la UCR que prefirió apostar a quebrar el quórum antes de poner en evidencia sus propios desencuentros con la posibilidad de una derrota en un ámbito que hasta ahora parecía un bastión inexpugnable, como en su tiempo fue la Justicia.
Algo había cambiado. Hace dos semanas -con un fuerte impulso de Noel Breard y Sergio Flinta- se estuvo a punto de aprobar, sobre tablas, el proyecto después de darle dictamen de apuro, aun sin la presencia de la Presidenta de la Comisión, algo que no entra dentro de los usos parlamentarios.
El freno fue puesto por un exponente de la bancada del PJ, que -en su insistencia- llevó a que la senadora, Alejandra Seward, esposa del juez Panseri terminara coincidiendo, desconcertando a sus pares de bancada que prefirieron aquietar las aguas.
El jueves, Breard ya coincidía en la vuelta a comisión, y en el PJ se había unificado criterio tanto respecto al fondo como a las formas para mostrar una unidad de criterio más allá de las diferencias subsistentes.
Quizás prueba de las dificultades existentes la haya marcado la ausencia de Flinta, que pudo no querer quedar entrampado en la obligación de defender el proyecto y la necesidad política de mejorarlo con modificaciones que -en sustancia- implican un cambio de 180 grados respecto a las pretensiones de sus impulsores.
La decisión del bloque del PJ no pareció ingenua. De llegarse a la votación, era previsible que al menos dos senadoras se retiren del recinto, con lo cual se daba la posibilidad de un triunfo del PJ sumando el voto seguro de Nora Nazar y el posible acompañamiento de Nélida Maciel, una senadora dispuesta a levantar su perfil luego del acercamiento con Josefina Meabe, con quien habría acordado los términos de la conformación del nuevo Comité Ejecutivo del Partido de Torrent.
En el medio, la ausencia de Gustavo Canteros que -al principio- se prestó a especulaciones tanto más cuanto se venía de otra situación similar planteada en Diputados horas antes.
Algunos analistas creían ver en la ausencia del Vicegobernador un deseo de no quedar expuesto en una disputa en la que podría terminar desempatando. Se habló de un principio de neumonía, aunque no faltaron quienes señalaron que el “comandante” debe estar dispuesto a morir con las botas puestas, siendo el último en abandonar el barco.
La salida de los senadores radicales en ese sentido fue patética. Enfilaron de a uno, celular en mano, a paso redoblado y mirando el piso hacia sus autos, eludiendo la requisitoria periodística. Quizás porque no hayan encontrado explicaciones en medio de un debate que, en las últimas horas, se acentuó por el fuerte cruce de Panseri con Buompadre, que es reflejo fiel de la resistencia que genera la redacción del Código que estuvo a punto de aprobarse en el Senado, más allá de que en Diputados, aun con las diferencias existentes, los sectores contrapuestos en la Cámara baja operaron en fina sintonía para sobrellevar una estrategia común en el Senado.
El hombre fuerte de la Cámara de Diputados, “Perucho” Cassani en este punto no admite dudas. Ha fijado una posición que tiene el acompañamiento de caso del pleno del cuerpo, incluido varios de los diputados del radicalismo.
No parece tampoco menor la falta de unidad de criterios en el mismo seno del Superior Tribunal, en el que sus miembros no han logrado conciliar un criterio común así como las notorias diferencias que existen en torno al proyecto entre las dos cabezas del Ministerio Público; esto es, el Fiscal General y su adjunto.

UN TEMA QUE NO ES MENOR, ¿QUIÉN DA POR CAÍDA UNA SESIÓN?
Lo que pasó primero en Diputados y después en el Senado dejó la misma lectura. Hay una distorsión absoluta de los mecanismos parlamentarios, con lo cual nada está claro.
Conforme al reglamento, a la hora prevista para el inicio de la sesión debe comenzar a sonar la chicharra. Transcurrido el término reglamentario, el Presidente o quien lo suceda y considere oportuno asumir la responsabilidad está habilitado para sentarse en la poltrona mayor y, previa verificación de la falta de quórum, dar por caída la sesión en términos reglamentarios.
Nada de ello sucedió ni en Diputados, ni en el Senado. La hora transcurría y todo eran versiones. Antes de la hora -en Diputados- con el aviso anónimo de que no habría sesión rodeado de un amplio operativo de prensa; y en el Senado, que quedó en la nebulosa que pasaba con el retiro de los oficialistas sin cumplir con la responsabilidad parlamentaria.
Ello hubiera permitido, estando la sesión abierta, que antes de las 24 puedan regresar y con quórum válido llevar adelante una sesión que nunca oficialmente se dio por caída.
Dejando de lado el tema Canteros, en el caso de Diputados la ausencia del Presidente -por invocadas razones de fuerza mayor- no parece atendible, tanto más cuanto nunca se dieron a conocer esas razones.
La responsabilidad del Presidente o de quien lo sustituya en este caso, Gaya o Vallejos, es de carácter institucional. Ellos deben estar presidiendo la sesión y, de ser necesario, dando el quórum que habilite la misma aunque sus intereses partidarios o estrategias parlamentarias aconsejen la conveniencia de que su parcialidad intente quebrar el quórum.
Lo que es claro es que el Presidente no puede renunciar a su responsabilidad institucional en función de intereses coyunturales.
En el caso de Diputados, el quórum es de 16 voluntades presentes. Si no está el titular lo sustituye el Vice 1º, luego el 2º y, en caso de no estar ninguno, el Presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales en primer término y así sucesivamente.
Curiosamente, el número de adherentes a una de las propuestas que debían votarse era el fatídico número 16. Desde temprano se aseguró algo que no tuvo comprobación al no realizarse la sesión. Uno de los diputados no estaría, con lo cual faltaría una voluntad para constituir el quórum legal.
Por un lado, el operativo de prensa de que no habría sesión. Por las dudas, el Presidente, que de estar presente habría sido el número 16, pareció elegir el no estar siquiera en el edificio, lo que valió que alguien con ironía diga: «Nos invitan a una fiesta y el dueño de casa no está».
Lo cierto es que, con varios diputados en el palacio, muchos de ellos reunidos en el bloque de Nora Nazar y otros a la expectativa para bajar al recinto si fuere necesario, nunca llegó el número 16, que en el caso debió haber sido el Presidente del cuerpo.
Tampoco hubo chicharra ni nadie que se suba al estrado a dar por caída la sesión. Pasó media hora, una hora, dos horas, y nada. Una sesión que nació muerta terminaba por morir, sin cuidar las formas ni las prácticas parlamentarias propias de toda Legislatura que se precie de seria. Casi misteriosamente a las 20.30 alguien ordenó el retiro de los taquígrafos.
Para la prensa quedó reflejada una derrota del oficialismo que no quiso someterse a una votación que llevaba las de perder y tampoco lograba congeniar un candidato alterno que unifique posiciones difíciles de conciliar.
El tema mismo a tratar pasó a segundo plano. El debate queda planteado de acá en más respecto a las formas bajo las cuales seguirá funcionando la Cámara de Diputados.
El desafío de todos pareciera ser el de recuperar el clima de convivencia y de respeto para asegurar que el tiempo que se viene sea propicio para consensos necesarios para la vida política de la Provincia.

QUÉ PASA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
La unción de la nueva conducción partidaria parecía haber abierto un tiempo diferente en las expectativas de la dirigencia del peronismo porteño, entusiasmada con la posibilidad de dar la vuelta de página del ostracismo y la decadencia en que la estructura del partido en la ciudad deambuló durante la última década, sin chances de ofrecerse como una alternativa concreta de poder en el principal distrito del país.
Esas esperanzas, sin embargo chocaron rápidamente con la realidad de las feroces disputas que surcan a los diferentes sectores del partido, viejas peleas que recuperaron su vigencia y plenitud apenas superado el entendimiento por la nominación de la flamante cúpula que encabeza el sindicalista Víctor Santa María.
La Legislatura de la ciudad ofreció en las últimas semanas la imagen más certera de los problemas de convivencia que enfrentan a las principales agrupaciones del partido.
Lejos de las aspiraciones alentadas por la nueva conducción en el sentido de articular un consenso potente y firme, la falta de tolerancia dentro del bloque partidario en el parlamento capitalino se volvió la evidencia más palpable de la profundidad de las diferencias que atraviesan la tropa propia y que hacen inocuos todos los esfuerzos por una cohabitación estable. Esta vez, la causa del estallido que divide a la representación del PJ en la Legislatura involucra a una de las principales banderas de la década kirchnerista en el poder: la política de derechos humanos.
El nuevo conflicto emergió con la discusión de la ley que establece el traspaso a la órbita de la Nación de seis predios de la ex Esma y cuatro ex centros clandestinos de detención que en la actualidad gestiona la ciudad, iniciativa que también implica la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Se trata, en los hechos, de un proyecto que había sido consensuado directamente entre la presidenta, Cristina Fernández y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
La responsable del bloque K en el parlamento capitalino, Gabriela Alegre hizo lo imposible por disciplinar a su tropa y hasta se expuso más de la cuenta en los tensos debates. Pero sus esfuerzos fueron en vano: más que la oposición de los legisladores que representan a las agrupaciones más tradicionales del PJ local, Alegre se encontró con un abierto desafío de parte de los referentes que responden a La Cámpora y, en particular, a las directivas de Andrés «Cuervo» Larroque. A las disidencias se sumaron también los diputados del Movimiento Evita y el grupo de aliados, liderados por Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra.
Pero la ofensiva lanzada por Larroque y sus legisladores tienen connotaciones más de fondo y se inscribe en una estrategia que supera largamente la discusión puntual por la polémica ley de traspaso de los predios de la ex Esma.
La jugada del camporista supone poner en jaque la estrategia que el kirchnerismo consolidó en su relación con el PRO durante los últimos años y que le posibilitó a la gestión de Mauricio Macri obtener de la bancada que hasta fin de año manejó Juan Cabandié los votos necesarios para sancionar las iniciativas alentadas por su administración.
El grupete alineado con Larroque ya logró enrolar en esa ofensiva a los referentes del Movimiento Evita, liderados por Jorge Taiana, y también al bloque de Nuevo Encuentro, con Cerruti e Ibarra a la cabeza. Ahora se propone sumar el respaldo de los legisladores que, con el recambio del año pasado, ingresaron al legislativo local en representación de las agrupaciones históricas del PJ metropolitano.
Sus esfuerzos podrían resultar efectivos. Es que cerca de Santa María advierten que la recomposición partidaria local requiere como punto de partida una nítida diferenciación del resto de las fuerzas políticas del distrito, en especial del macrismo y el combo Unen, en la apuesta de conformar alguna alternativa electoral con chances de seducir a la ciudadanía porteña. «Si votamos con Macri, estamos perdidos», alertan desde la nueva cúpula partidaria local.
Dentro del PRO ya comenzaron a tomar nota que la oposición casi funcional que el kirchnerismo porteño desplegó en los últimos tiempos tiene sus días contados. Por ese motivo es que los colaboradores de Macri comenzaron a evaluar con fuerza la factibilidad de intentar reemplazar el viejo apoyo K en la Legislatura por un acercamiento con algunos legisladores de Unen, de manera de evitar que las dificultades locales puedan complicar los planes de la candidatura presidencial de su jefe político.
En la agenda de urgencias del PRO figura la ley de autorización para un nuevo endeudamiento de la ciudad por casi 200 millones de dólares y la polémica iniciativa para disponer la instalación de bares en plazas y parques del distrito. Envuelto de lleno en sus propios cortocircuitos, el bloque kirchnerista le anticipó al vice de la Legislatura, Cristian Ritondo que no acompañará ninguna de las dos iniciativas.
La situación activó entonces la estrategia de seducción macrista sobre los legisladores más cercanos a la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aprovechando el entusiasmo de la dirigente por avanzar en algún tipo de entendimiento con el PRO con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.
Claro que no será gratuito para Carrió un acuerdo con Macri en el parlamento local. Diversas voces del combo de centroizquierda, como el propio titular de la bancada porteña de Unen, Gustavo Vera ya alzaron su voz contra la estrategia de la Diputada y amagaron con provocar un cisma dentro de la alianza, que podría amenazar todos los planes de Carrió por consolidarse como la candidata unánime del sector para disputar la sucesión de la Jefatura de Gobierno de la ciudad el próximo año.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar