El especialista en temas energéticos Héctor Rodríguez Salas, salió al cruce ayer de algunos trascendidos periodísticos que deslizan la posibilidad de consolidar un cuadro tarifario en la Dpec que no se ajustaría a disposiciones legales.
Fuentes oficiales, en efecto, deslizaron ante EL LIBERTADOR la posibilidad de que, tras la realización de una audiencia pública sobre la cuestión tarifaria realizada recientemente en Bella Vista, el cuadro tarifario que en su momento había sido cuestionado judicialmente, quedaría conformado sin modificaciones.
Rodríguez Salas, quien participó como exponente en dicha audiencia, le dijo ayer a EL LIBERTADOR "no se puede confundir lo dispuesto por la Justicia respecto de un cuadro tarifario fijado en 2008 y la reciente audiencia pública convocada para establecer una escala tarifaria nueva".
"Sobre la tarifa anterior a 2008 no hay discusión. Sobre eso ya se pronunció la Justicia en su máxima instancia, y el dinero cobrado de más tendrá que devolverse", explicó el ingeniero electricista, asesor de legisladores y funcionarios en materia energética.
Recordó que "en aquella oportunidad (2008) la Dpec pasó del cuadro 88 al 89, sin el requisito de la audiencia pública. Allí comenzó la judicialización del caso, que terminó como ya todos sabemos. Eso no se puede modificar y la plata la tienen que devolver", interpretó el profesional.
Reiteró seguidamente que la reciente audiencia pública en Bella Vista "es otra cuestión. Allí se buscó proponer otro cuadro tarifario". Y sobre el particular, recordó que "de los 14 expositores, 13 se opusieron. Sólo uno apoyó el cuadro, pero a cambio planteó otros reclamos".
Opinó que, de cualquier modo, lo que allí planteamos "no creo que lo tenga en cuenta el Gobierno", considerando que la audiencia pública no es vinculante. Allí, dijo Rodríguez Salas que los voceros del Gobierno provincial plantearon "un incremento del 220 por ciento para la tarifa más baja".

"COLGADOS" INCLUIDOS

Pero observó además que incluyeron a todos los denominados "colgados" en una tarifa denominada "T 18", definida como "pequeña demanda no garantizada". Los contabilizó como "50.000 personas blanqueadas". Señaló que "normalmente hay alrededor de 200 mil usuarios en Corrientes. De pronto, de 200 mil pasaron a 250 mil".
Eso se dio, apuntó el ingeniero, por lo que se denominó "Medición totalizadora de pequeñas demandas" (cobran 1 centavo el kilovatio). "Pero el T 18 no figura en el cuadro tarifario", apuntó Rodríguez Salas.
Sobre el hecho de que a la empresa Secheep, del Chaco, también la Justicia le ordenó a que retrotraiga las tarifas, el profesional admitió ese hecho pero comentó que "(el jefe de Gabinete, Jorge) Capitanich consigue obras para su provincia. Por ejemplo, la línea de 132 kilovatios entre Ituzaingó y Paso de la Patria que hemos conseguido en Buenos Aires, el Chaco consiguió ¡cinco de esas obras! ¡Cinco!".
Explicó además que la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) cobra una multa por la pérdida de energía. "Hay una tolerancia de hasta el 6 por ciento; pero en nuestra provincia la pérdida ¡alcanza hasta el 50 por ciento!", calculó. Señaló que al "colgarse" los transformadores "se recargan, y entonces se queman y terminan perjudicando a todos los usuarios".
Para Rodríguez Salas hay un descalabro en el manejo de la empresa energética y cuestionó que los profesionales técnicos tengan un papel secundario y no el principal, como debería ser en algo tan serio como es el servicio eléctrico a la comunidad.
"Este es un servicio monopólico con un mercado cautivo. Y los subsidios que llegan ¿adónde van?", se preguntó finalmente.

En primera persona

    Rodríguez Salas, quien participó como exponente en dicha audiencia, le dijo ayer a EL LIBERTADOR "no se puede confundir lo dispuesto por la Justicia respecto de un cuadro tarifario fijado en 2008 y la reciente audiencia pública convocada para establecer una escala tarifaria nueva".
"Sobre la tarifa anterior a 2008 no hay discusión. Sobre eso ya se pronunció la Justicia en su máxima instancia, y el dinero cobrado de más tendrá que devolverse", explicó el ingeniero electricista, asesor de legisladores y funcionarios en materia energética.
    Reiteró seguidamente que la reciente audiencia pública en Bella Vista "es otra cuestión. Allí se buscó proponer otro cuadro tarifario". Y sobre el particular, recordó que "de los 14 expositores, 13 se opusieron. Sólo uno apoyó el cuadro, pero a cambio planteó otros reclamos".
    Observó además que incluyeron a todos los denominados "colgados" en una tarifa denominada "T 18", definida como "pequeña demanda no garantizada". Los contabilizó como "50.000 personas blanqueadas". Señaló que "normalmente hay alrededor de 200 mil usuarios en Corrientes. De pronto, de 200 mil pasaron a 250 mil".

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar