El documento judicial tiene sus ejes en los considerandos 10º y 11º, los cuales sintetizan el alma del fallo que habilita la realización de elecciones internas en el partido de Torrent.  
En el punto 10° se sostiene: "Que como se desprende de los principios reseñados en los considerandos que anteceden -que imponen resguardar la capacidad de decisión de las autoridades y afiliados del partido y la estabilidad de sus poderes de gobierno-, los órganos jurisdiccionales deben ser especialmente prudentes al intervenir en el ámbito de reserva de las agrupaciones políticas, de modo de no lesionar su régimen de funcionamiento y en consecuencia, dañar el substrato de representatividad de sus dirigentes (cf. Fallos 319:2700, voto del juez Fayt). De esta manera, el interventor designado actúa como delegado normalizador, con la potestad de ejecutar y administrar medidas conducentes a la regularización democrática de la agrupación, asegurando -como auxiliar de la justicia- el normal desenvolvimiento de la entidad para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales".
Fn este sentido debe informar periódicamente al señor juez de grado la marcha del proceso electoral ya iniciado, de acuerdo a las constancias por él agregadas a la causa, y debe permitir que todas las líneas o agrupaciones internas que pretendan formar parte del proceso, intervengan en los órganos decisorios del comicio, esto es la Junta Flectoral Partidaria, a los efectos de garantizar la ecuanimidad en la competencia y poder, efectivamente, estar en dicho órgano representada la totalidad de las corrientes partidarias que forman el Partido Liberal de Corrientes.
En el articulado 11º se expresa: "El interventor deberá producir los actos necesarios y concretos para hacer efectiva la normalización del partido, bajo apercibimiento de ser removido. El señor Marco Alonso deberá, asimismo, presentar -junto con el informe final del artículo 226, inc. 2°, el Código citado y los informes expuestos en el considerando anterior- una rendición de cuentas de su gestión, la que será puesta a disposición del máximo órgano deliberativo partidario, con el objeto de que, como representante de la soberanía partidaria (cf. artículo 11 de la Carta Orgánica) y en virtud del evidente interés que le asiste sobre la cuestión, evalúe el resultado de la función cumplida y el señor juez de grado resuelva su posterior aprobación o desaprobación".