Inopinadamente, la cuestión del narcotráfico irrumpió en la agenda política. Casualidad o no, una seguidilla de acontecimientos colocó al Gobierno a la defensiva en un tema de alta sensibilidad pública. Primero fue el pronunciamiento del Episcopado Argentino, una voz ahora más escuchada que nunca desde la elección del Papa Francisco, ya que nadie puede imaginar que una definición de tan inequívoco voltaje político no haya sido motivo de consulta previa con el Vaticano.
Inmediatamente después del documento de los obispos, la Corte Suprema de Justicia hizo suyo el reclamo de magistrados y fiscales federales de las provincias del Norte, que protestan contra la desatención gubernamental y requieren un fortalecimiento de las instituciones judiciales en una región crítica por su proximidad con Bolivia.
Tras cartón, el diario Clarín se hizo eco de un trascendido, presuntamente originado en la DEA estadounidense, que consigna que este organismo anti drogas habría reducido drásticamente su cooperación con la Argentina por no encontrar un adecuado espíritu de colaboración por parte de las autoridades locales.
En este contexto, no puede extrañar que la mayoría de los medios de comunicación social hayan puesto sus reflectores sobre la cobertura de la multiplicidad de hechos delictivos supuestamente vinculados con la problemática de la droga, por lo que el asunto gana enormemente en visibilidad e importancia política.
Es obvio que cada uno de los pronunciamientos mencionados responde a la lógica particular de sus protagonistas. En el caso de los obispos, es más que notoria la preocupación exhibida por los «curas villeros» ante el avance de la drogadicción en sus respectivas jurisdicciones pastorales.
La Corte Suprema, con su reconocido olfato político, encontró un resquicio mediáticamente eficaz para compensar el efecto causado por su sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de Medios de Comunicación. El Grupo Clarín, obvio es decirlo, aprovecha inteligentemente esta inmejorable oportunidad para golpear al Gobierno en un flanco vulnerable.
Pero más allá de las motivaciones específicas de estas críticas emitidas en los últimos días, sería necio ignorar que el Gobierno se encuentra ante un desafío estratégico de primer nivel y que su capacidad de respuesta está condicionada por la situación política y los tiempos de la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner. Las razones de esta dificultad política son fácilmente comprensibles.
El tema del narcotráfico está estrechamente vinculado con la problemática de la seguridad ciudadana, un ítem que según las encuestas encabeza la lista de preocupaciones de la opinión pública y constituye una de las causas principales del resultado electoral del 27 de octubre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Más aUn cuando una oficina estadística de las Naciones Unidas colocó a la Argentina en el primer lugar en América Latina en el ranking de robos por cada 100.000 habitantes. Semejante ubicación nos pone proporcionalmente en una situación todavía más preocupante que la de México, Brasil, Colombia o los países centroamericanos.
En este escenario, las respuestas oficiales sonaron manifiestamente insuficientes. El viceministro de Seguridad, Sergio Berni, obligado por las circunstancias a erigirse en el vocero gubernamental en la emergencia, se encerró en una defensa a ultranza de la gestión oficial y trastabilló ante la requisitoria periodística. La minimización de la importancia de la radarización de la frontera Norte tampoco ayudó a mejorar la argumentación. Mucho menos oportuno aún fue su ataque contra los ministros de la Suprema Corte que mereció una repulsa generalizada y que lo ubicó a la altura de D’Elía, de la Carrió o de la Bonafini, perdiendo de un solo plumazo mucho del terreno ganado en los últimos tiempos. Más prudente, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli admitió la posibilidad de que hubiera cosas por mejorar en esa área, mientras que su colega de Justicia, Julio Alak devolvió la pelota a la Corte, con el argumento de que el Poder Ejecutivo ya habría adelantado los fondos demandados por los magistrados federales.
Menos consistente todavía resultó que un funcionario del Sedronar, Julio Postigloni saliera a ensalzar el trabajo de un organismo que se encuentra acéfalo desde marzo pasado, cuando renunció su último titular, el ex canciller Rafael Bielsa. Como extraño atenuante, Postigloni arguyó el hecho de que «lamentablemente, tenemos una frontera demasiado extensa».
A veces, cuando no hay nada qué decir, es recomendable no decir nada. Independientemente de las razones ocultas que eventualmente puedan existir, derivadas de pugnas palaciegas irresueltas desde la época en que Aníbal Fernández era Jefe de Gabinete, no existe ninguna explicación plausible para justificar esa vacancia en el organismo del Estado formalmente competente para encabezar la lucha contra la droga.
El enrarecimiento del vínculo entre las autoridades nacionales y la DEA reconocería una causa de alta sensibilidad política. Durante la pasada gestión de Nilda Garré, el Ministerio de Seguridad habría intervenido para impedir la materialización de convenios de cooperación directa entre la agencia estadounidense y las policías provinciales. Esta negativa se habría fundado en la defensa de la soberanía territorial del país.
El trasfondo político de las indefiniciones oficiales reside en una cuestión de carácter estratégico. Lo que está en juego es una redefinición de los conceptos de Defensa Nacional y Seguridad Interior. El avance del narcotráfico, un delito eminentemente trasnacional, obligó en América Latina a un replanteo de una rígida divisoria de aguas, establecida en la década del ‘80 a partir del fin de los regímenes dictatoriales en el subcontinente, que impedía taxativamente cualquier participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna. Con diferentes modalidades según los casos, en la mayoría de los países de la región, ante la insuficiencia de las fuerzas policiales, los militares se vieron crecientemente involucrados en la lucha contra el narcotráfico. En cambio, el Gobierno argentino se mantuvo siempre muy renuente a este replanteo, por considerar que podría interpretarse como un retroceso en su política militar.
El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue el principal crítico de cualquier atisbo de involucramiento de los militares en asuntos domésticos. Por ese mismo motivo, Verbitsky atacó duramente a Puricelli durante su paso por el Ministerio de Defensa y cuestionó la designación del general Enrique Milani al frente del Estado Mayor General del Ejército. Pero su influencia, notoria durante las dos gestiones sucesivas de Garré, primero en el Ministerio de Defensa y luego en el de Seguridad, parece haber mermado en los últimos meses.
En la actualidad, las circunstancias han variado; Puricelli es el Ministro de Seguridad, Berni es un coronel médico en actividad y Milani logró la aprobación de Cristina Kirchner para el Operativo Escudo Norte, que autoriza cierta presencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Parece factible imaginar entonces una profundización de esa nueva tendencia, aún a costa de las críticas que ese viraje seguramente ocasionará en los sectores de izquierda. El giro es más previsible aún si se tiene en cuenta que algunos gravísimos episodios recientemente acaecidos en Santa Fe y en Córdoba revelaron el elevadísimo grado de penetración alcanzado por las redes del narcotráfico en los estamentos de conducción de ciertas policías provinciales.  En este contexto, no corresponde descuidar el juego de los posicionamientos políticos. Sin ir más lejos, el Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, tomó distancia de la actitud de Berni, elogió el documento de los obispos y ensalzó el compromiso del gobernador Daniel Scioli en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras tanto, Sergio Massa aprovecha para insistir en la sanción de la Ley de Derribo, una iniciativa que fue ridiculizada por el senador, Aníbal Fernández.

PANORAMA PROVINCIAL

Este año, todo indica que el Poder Ejecutivo apelará al recurso de convocar a las cámaras del Parlamento a sesiones extraordinarias para completar el análisis del Presupuesto con la posibilidad de que, antes de concluir el 2013, la Provincia disponga de una herramienta que dé previsibilidad al tiempo que se viene, con la posibilidad de que, diálogo mediante con el justicialismo, sea factible lograr autorizaciones para endeudamientos previstos en el proyecto elevado a la consideración de la Legislatura.
En este contexto se inscriben las declaraciones del mandatario provincial, que parecieron poner en blanco sobre negro las pretensiones del Gobierno de encontrar un punto de equilibrio en las relaciones con el frente opositor, consciente de que las necesidades mutuas aconsejan la conveniencia política de concesiones recíprocas, propias de toda transacción.
Con un 2014 que se presenta difícil, con la incertidumbre que existe en materia económica, con la preocupación que crea la caída de las reservas y los vaivenes en los niveles coparticipables, sumado al recrudecimiento de la espiral inflacionaria, parece estar fuera de toda duda que es lógico que quienes tengan responsabilidades de administrar entiendan la necesidad de abrir el paraguas con anticipación, creando las condiciones para un diálogo que la realidad política aconseja se dé a agenda abierta, sin prevenciones y con la firme intención de saldar cuestiones que interesan al oficialismo y a la oposición. Ríos, además de ser el Intendente electo del principal distrito electoral de la Provincia, tiene la responsabilidad de proyectar al justicialismo a futuro, y de atender idénticas necesidades a las propias originadas en otras 24 intendencias que gobernará el peronismo a partir del 10 de diciembre.
Desde el Poder Ejecutivo se buscó, desde el 15-S a esta parte, habilitar el diálogo que además contribuya a destrabar ciertas cuestiones pendientes con la Nación respecto a las cuales Colombi se ha topado una y otra vez con un cepo impuesto desde la misma Casa Rosada.
Sergio Flinta, el «Mono» Vignolo, Enrique Vaz Torres -sólo por citar a tres calificadas espadas del Gobernador- intentaron abrir la interlocución con quien además de ser el Intendente de la Capital a partir del 10-D sigue siendo el Presidente del PJ.
En este marco entonces debe entenderse que la representación de Ríos en la mesa de diálogo que se pretende conformar excede en mucho a la responsabilidad de ser el Intendente electo de la Ciudad Capital. Es, a la vez, el Presidente del PJ y la llave por tanto para articular desde la Provincia un cambio de actitud del poder nacional.

EL PRESUPUESTO Y LA JUSTICIA

El Poder Ejecutivo pareció impiadoso a la hora del análisis de los números pedidos por el Poder Judicial. Un recorte casi feroz de cerca de 300.000.000 adquiere en estas circunstancias más que un significado económico. Difícil es no entender en este recorte sino una clara señal política de que los teléfonos cortados entre el Presidente interino del Superior y el propio Gobernador reconocen el trasfondo del malestar del Poder Ejecutivo para con la cúpula tribunalicia, siendo claro que las prevenciones que antes tenía la oposición respecto al funcionamiento del Poder Judicial han pasado a ser compartidas por el Gobierno que cree necesario encontrar ahora soluciones de fondo compatibles con la necesidad de jerarquizar un poder que ha estado en la picota al borde de la Intervención Federal, y en el que la salida de Carlos Rubín, aunque positiva, no permite por sí crear las posibilidades de encausar su funcionamiento con un reordenamiento hacia adentro que apunte a jerarquizar a la Justicia correntina.
Cierto es que Colombi supo poner el pecho cuando la ofensiva contra el Superior se hizo patente, tanto por la vía de los juicios políticos como ante la posibilidad de que el Gobierno federal meta mano en la Provincia, pero pasada esa coyuntura ahora pareciera en frío estar dispuesto él mismo a tomar la iniciativa y analizar la forma cómo se puede encontrar una solución a una problemática que ocupa y preocupa a los correntinos. Quizás en este interés del Gobierno se explique también la razón por la cual la Legislatura de Corrientes mantenga en el freezer la aprobación de reformas al Código Procesal Penal, o mantenga sin tratamiento los pedidos de juicio político cajoneados en Secretaría desde hace casi un año, en una situación de «capitis diminutio» que deviene de la espada de Damocles que pende sobre varios de los máximos exponentes del Poder Judicial. No debe extrañar, entonces, la demora del Poder Ejecutivo en elevar el pliego del reemplazante de Carlos Rubín al Senado. Cierto es que la salida de este controvertido personaje llegó en el momento indicado como para descomprimir una situación tensa, aunque no es menos cierto que esa salida no puede sino ser vista como el inicio de una recomposición más amplia que permita estabilizar en términos institucionales el funcionamiento del Poder y el respeto que hacia afuera debe recuperar a través de acciones concretas que muestren la decisión de iniciar una nueva etapa. 

LA POSIBLE POSTERGACIÓN EN LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEFINITIVO

La no atención de los teléfonos, el recorte severo en los números del Presupuesto y el mantener sin rechazar los pedidos de juicio político que siguen reservados en Secretaría no son sino mensajes que provienen de los otros dos poderes del Estado, los cuales no hacen sino resentir la posibilidad de que el Ministro que interinamente quedó a cargo del Superior pueda ser confirmado por sus pares en el acuerdo del próximo 2 de diciembre en que está prevista la elección del nuevo Presidente para el período 2014.
En esferas tribunalicias se considera por estas horas la posibilidad de no forzar situaciones con decisiones que puedan mostrar falta de legitimidad, tanto más cuanto el Tribunal aún no ha sido completado. La variante en análisis es la prórroga del interinato de Semhan, o aun de otro de los ministros dispuestos a hacerse cargo de una coyuntura que no es ni fácil, ni clara.
En los últimos días pudo saberse que en este contexto, el propio Semhan parecería proclive a retirar su postulación.

LA LEY DE MINISTERIOS, EJE POLÍTICO DE LA SEMANA

El Frente para la Victoria contribuyó a dar quórum y, más allá de observaciones parciales a dos artículos polémicos de la Ley, nadie puede decir que no contribuyó a brindar al Gobierno una herramienta que él mismo consideraba necesaria para el inicio de la nueva etapa a partir del 10 de diciembre.
Fue, a estar de los entendidos, una señal clara del justicialismo de que está dispuesto a iniciar un período de consensos respecto a temas de primerísima importancia.

LA DANZA DE NOMBRES

La integración del elenco gubernamental como la conformación del equipo que secundará a Fabián Ríos en la gestión capitalina sigue acaparando la atención.
En ambos gabinetes habrá más espacios, en lo que parece ser una óptica común a la hora de buscar eficiencia en la gestión, incluso con la revalorización que supone que el Gabinete provincial tendrá un Jefe de ministros como que también en el ámbito de la municipalidad se jerarquizará la función de una coordinación superior de todas las áreas.
Los nombres en el bolillero van y vienen, sin definiciones concluyentes, más allá de que hay varios que son números puestos y otros que están en danza. Lo cierto es que en este marco, el Intendente electo pareció ingeniárselas como para que la conformación de su equipo llegue a generar más expectativas aun que la que acompañará a Colombi a partir del 10 de diciembre.
En parte, quizás para ver como se traduce la mentada peronización a la que ha hecho mención Fabián, y el grado de recambio que se da respecto a la gestión que concluye, así como todo lo que genera la posibilidad de la integración de un equipo de reserva que pueda salir a la cancha en la eventualidad de que el peronismo termine ganando las elecciones de 2017.

¿Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES?

De repente, las mieles que endulzaron las últimas semanas de la vida interna del PRO, producto de la contundente victoria electoral en la Ciudad, trocaron en una sensación amarga, mezcla de pesadumbre y bronca creciente. El detonador de la abrupta metamorfosis que sacudió a las filas de la fuerza que lidera Mauricio Macri desde el domingo fue el polémico, desatinado y para muchos inexplicable elogio a la figura de Adolf Hitler que lanzó en medio de un reportaje con la revista Noticias el principal gurú de la comunicación política del Jefe de Gobierno, Jaime Durán Barba.
Lo inusitado del calificativo de «espectacular» con el que el consultor ecuatoriano definió al líder nazi conmovió al propio Macri, que a la par que sigue sin poder explicarse el exabrupto de su asesor, tampoco logra contener la disputa que el episodio generó dentro de su propia tropa, donde se acumulan las voces que reclaman la inmediata salida de Durán Barba del equipo de comunicación del mandatario.
Como ocurrió con los casos de las últimas inundaciones y otras situaciones problemáticas en la ciudad, nuevamente el conflicto encontró al Jefe de Gobierno en medio de una licencia de descanso junto a su familia. Volvió rápido para intentar calmar los ánimos y descomprimir la atención pública sobre los polémicos dichos de su asesor, pero tuvo escasa suerte en ese objetivo.
La dimensión del escándalo ya había calado hondo y hasta importantes referentes de su propio partido se ocuparon especialmente de que el episodio no pasara desapercibido.
La primera orden que bajó Macri para intentar refrenar los efectos del controvertido incidente fue la de sacar a Durán Barba del centro de la escena y lo mandó de viaje al exterior. Pero lejos de acatar la imposición de silencio, el asesor se empeñó una y otra vez en tratar de aclarar públicamente sus polémicos dichos, alimentando el entusiasmo de quienes machacan insistentemente al Jefe de Gobierno porteño con la idea de que es un buen momento para dar un golpe de timón y avanzar con cambios en el equipo de asesores.
 «Le pidieron que se escondiera unos días y él mismo sale a explicar lo inexplicable, y cuando ya es demasiado tarde. Hay ciertas cuestiones a las que hay que comenzar a ponerles algún freno», reclamó un importante funcionario del Gobierno de la Ciudad durante un encuentro reservado con otros dirigentes del PRO para evaluar la situación generada tras los dichos del ecuatoriano.
La opinión en ese grupo, donde revisten desde Gabriela Michetti, el rabino Sergio Bergman y el diputado Federico Pinedo, es prácticamente unánime en el sentido de que la mejor solución pasa porque Durán Barba dé un paso al costado. No es un dato muy sorprendente: la mayoría acumuló en los últimos años bronca contenida contra el asesor estrella de su jefe político, y ahora pretende cobrarse revancha con la presión por su renuncia.  Como argumentos para avanzar en el reclamo, en ese sector advierten que el exabrupto del ecuatoriano golpea sobre todo al Jefe de Gobierno y ofrece herramientas que fortalecen las críticas de sus adversarios políticos en el distrito, carcomiendo los efectos de la victoria electoral del partido y poniendo piedras a la ambición presidencial del mandatario de cara a 2015.
Allí alertan, incluso, que no es el primer episodio en el que los movimientos de Duran Barba terminan perjudicando a Macri. Y recuerdan que el ecuatoriano continúa procesado por la Justicia en la causa en la que se investiga la supuesta campaña sucia contra el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, en la previa de las elecciones para la Jefatura de Gobierno porteña de 2011.
La situación abrió una brecha profunda con otros sectores del macrismo que en algunos casos han cultivado una buena relación con el ecuatoriano y, en otros, consideran que no es conveniente echar al asesor en medio del escándalo. «Con eso solo estaremos suscribiendo el oportunismo opositor. Mejor es guardarlo un poco hasta que se calmen las aguas», deslizaron desde el equipo de comunicación del macrismo.
Una imagen de la divisoria de aguas fue palpable el lunes durante un encuentro a puertas cerradas entre los representantes del PRO en la Legislatura, donde terminó imponiéndose una postura crítica contra el ecuatoriano que no tardó demasiado en filtrarse a la prensa.
La dimensión del escándalo y la polémica interna forzaron el martes a Macri a encabezar un repudio público contra su asesor, mientras se multiplicaron los conciliábulos entre sus colaboradores más directos para diagramar estrategias destinadas a neutralizar problemas mayores.
Tanto desde el combo de Unen como en el kirchnerismo porteño no perdieron el tiempo para golpear al Jefe de Gobierno por la situación. Los primeros, desde la denuncia y el escrache público contra el ecuatoriano. Desde el oficialismo K apuraron el inicio de una investigación en el Inadi y los reproches de reconocidas figuras de la comunidad judía.

LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL: ACTIVIDAD REAL, ÍNDICES INFLACIONARIOS Y LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO

De acuerdo con el Indec, y a través del Índice de Actividad Económica, la economía durante septiembre, varió positivamente en un 4,7 por ciento con relación al mismo mes del año anterior. Con respecto a agosto pasado, no se registró variación.
Para el acumulado anual, la variación positiva alcanzó al 5,4 por ciento. En el informe se señala que el sostenimiento del consumo, la actividad de la construcción y el sector agropecuario, sostuvieron el comportamiento del Índice.
Ríos, de habitual llegada a Colombi a través de la siempre influyente Graciela Rodríguez, hoy Senadora electa sólo pidió la definición clara de quien es la palabra autorizada de entre los varios comedidos para iniciar un diálogo que se supone tendrá etapas preparatorias propias de la enorme importancia que reviste la posibilidad de un acuerdo totalizador que dé satisfacción a las partes y contribuya a crear las condiciones para que la Provincia enfrente mejor la dificultad de los tiempos que se vienen.
La posibilidad de un entendimiento, en este contexto, no debe extrañar en función a la responsabilidad que supone manejar la administración en un marco de incertidumbre como vive el país.
Quizás entonces se justifiquen las palabras del Gobernador cuando, casi sorpresivamente y en uno de sus acostumbrados giros propios de su pasión futbolera, tendió un guante a Ríos al señalar que veía que con él se daban mejores condiciones de entendimiento que con su predecesor, el saliente Intendente de la Capital al cual Colombi nunca pareció perdonarle la osadía de intentar arrebatarle el poder.
La nota distintiva pasa por entender que el diálogo con Ríos no se circunscribe a la relación de la Provincia con la Comuna más importante, como es la Capital. Se trata de la posibilidad de enderezar algo más complejo como es el desentendimiento de la Nación con la Provincia, algo en lo cual el justicialismo vernáculo puede hacer mucho para que así sea.
Por su parte, la UIA, a través de su informe sobre la actualidad industrial señaló que la actividad manufacturera tuvo en septiembre un crecimiento interanual del 2,7 por ciento. Para los primeros nueve meses, la variación alcanzó al +2,0 por ciento.
La información oficial sobre inflación señala que la misma, durante octubre, alcanzó una variación del 0,9 por ciento. La información sobre esa variable, suministrada por el denominado Índice Congreso, indicó que para ese mes, la variación alcanzó al 2 por ciento.
Con relación a la evolución del mercado cambiario oficial, el tipo de cambio vendedor, hacia el fin de semana, alcanzó a los 6 pesos por dólar. En el año se acumula una variación del 21 por ciento. Se estima que la variación anual no será inferior al 25. Los mercados de futuros están reflejando una intensificación en la modificación de la paridad, con variaciones que superan el 30 por ciento anual. En el mercado paralelo y con oscilaciones, se presentó firmeza en las cotizaciones, informándose «oficialmente» una paridad vendedora de 9,94 pesos para el cierre de la semana.
Con relación a las reservas, las mismas alcanzaron hacia el cierre de la semana a los 35.598 millones de dólares, con un descenso de 10.680 millones con relación al cierre de 2013.
Es importante confirmar que la cotización de la soja, posición diciembre, tuvo una fuerte caída hasta los 475 dólares por tonelada. Esta evolución indica que, de no mediar circunstancias imprevistas, la cotización tenderá a aproximarse a los 450 dólares, valor consistente con el estado actual del mercado.
Una economía con abundancia de declaraciones y rumores y en la cual se entiende que pueden producirse algunas decisiones en materia monetaria y cambiaria. El actual sendero de variables tales como precios y tipo de cambio, no presagian un panorama tranquilo. Se verá.