Los efectivos de la Prefectura Naval fueron ayer a retirar su salario del banco y corroboraron lo que temían. La última liquidación les deparó ingresos inferiores a los del mes anterior. En rigor, muy inferiores: la poda que les ocasionó el decreto que Cristina Kirchner firmó en setiembre –que suprimió adicionales y dejó sin efecto compensaciones– fue de entre el 30 y el 60 %. La reacción fue instantánea e inédita: los agentes que estaban de franco o de licencia montaron asambleas en la puerta de las sedes de la Prefectura de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y hasta de Santa Cruz para que el Gobierno diera marcha atrás.

Luego se fueron sumando quienes terminaban la jornada laboral. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, intentaron durante la tarde y la noche destrabar el conflicto. No pudieron. 

Pasada la medianoche, voceros de los prefectos dijeron que el tema era analizado por funcionarios con la Presidenta en Olivos, pero sin que hubiera avances concretos al cierre de esta edición.

La protesta continuaría hoy “como mínimo hasta las 14”, aseguraron. Y explicaron que dejaron salir del edificio a cuatro miembros del ministerio de Seguridad enviados por Nilda Garré. En cambio, permanecían en el edificio las autoridades de la fuerza. Ya de madrugada llegaron unos 30 gendarmes uniformados para sumarse al movimiento.

Los prefectos difundieron anoche un petitorio con 10 puntos. Exigen que se anule el decreto. Piden que se resuelvan viejos reclamos salariales, entre ellos que no haya “hasta siete ingresos diferentes” en una misma categoría. Es que a los agentes se les paga “por códigos”. Hasta el mes pasado, el sueldo de bolsillo se componía de un ingreso básico bajo más una serie de suplementos como “compensación por vivienda, hijos, gastos de uniforme, portación de armas”. Un ejemplo: quienes eligieron en su momento no ocupar una vivienda del Estado y alquilar una por su cuenta fueron recompensados con hasta un 286% del básico. 

Ahora, parte de esas liquidaciones fueron recortadas y otras resultaron “blanqueadas” por el decreto 1307/2012 del 4 de septiembre, en el que se fija el haber para Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Pero ese “blanqueo” hizo que la mayoría pasara a pagar Ganancias y que se incrementara el descuento para la obra social.

“Hasta el mes pasado yo cobraba $5.000. Hoy tenía acreditados 3.600. Con eso apenas puedo pagar el alquiler y vivir unos días”, gritaba Ignacio, un prefecto joven, en la puerta del Edificio de Guardacostas, en Puerto Madero, epicentro de los reclamos. No había prefecto que quisiera dar su apellido, incluso algunos evitaban salir en TV. Otros lucían el uniforme sin chapa identificatoria. “Nos llegó una amenaza de que van a suspender a quienes se manifiesten”, explicaban. 

La otra cuestión que divide aguas es que muchos prefectos lograron en su momento, gracias a un amparo judicial, que las compensaciones fueran incorporadas al sueldo. Esos, unos cinco mil, quedarían a salvo del decreto. “Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantaban los prefectos. La bronca era con el Gobierno pero también con la conducción de la fuerza. “Hijos de puta, hijos de puta”, decían a viva voz. Los acusaban de haber sido los autores del plan de reducción salarial. Por la noche hubo empujones y algún incidente menor. Berni y Lorenzino lograron salir sin problemas del Guardacostas, pero la protesta se mantenía la protesta.

Fuente:www.clarin.com