Por Irina Hauser 

El 6 de octubre último a las 9.53 de la mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un tuit donde contaba con aire victorioso y acusador: "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va a un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga". El posteo llevaba como título socarrón "MUCHO TALCO, POCO EFICIENT-E". El detenido, Ariel Maximiliano Acosta, pasó 21 días tras las rejas en tierra mendocina mientras la funcionaria se regodeaba, pero un estudio de laboratorio constató que lo que llevaba era un producto de higiene personal sin ningún rastro de estupefaciente de ningún tipo: se trataba de talco para los pies. 

El miércoles de la semana pasada el juez Alberto Carelli dictó su sobreseimiento y ordenó dejarlo inmediatamente en libertad, según confirmaron a Página|12 allegados al expediente judicial. Estuvo alojado en la Unidad 32, el Centro de Detención Judicial de Mendoza, y luego en la cárcel federal de Cacheuta. Hasta ahora no se conocen medidas adoptadas respecto de los gendarmes que confundieron talco con cocaína. "Mínimamente deberían pedirnos disculpas", dijo a este diario Laura, la madre de Acosta, quien se mostró particularmente enojada con la ministra Bullrich.  

Acosta, un marplatense de 42 años, viajaba en un ómnibus que fue requisado el 2 de octubre a la madrugada por un grupo de Gendarmería en La Paz, zona limítrofe entre Mendoza y San Luis. Al único que hicieron bajar fue a él porque le vieron cara de susto. Para ellos, acorde a lo que les enseñan, eso equivalía a que era sospechoso. Hicieron un "test orientativo" o "narcotest". Es un chequeo rápido que confirmó lo que los gendarmes esperaban de acuerdo al criterio portación de rostro: ¡Dio positivo! Le adjudicaron la tenencia de 2,444 kilos de cocaína. Intervino la fiscalía de María Gloria André, le imputaron tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que tiene una pena mínima de cuatro años de cárcel y pidieron la prisión preventiva. La supuesta gran cantidad de droga hallada les parecía de por sí infrecuente. 

Además del tuit de Bullrich, el gobierno había publicado antes en su página oficial argentina.gob.ar la (falsa) noticia, que sigue ahí. El título era "Un pasajero fue detenido cuando trasladaba más de 2 kilos de cocaína ocultos dentro de envases de talco". Decían que habían actuado los gendarmes del Escuadrón 64 “Mendoza” que "llevaban a cabo un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional N° 7, altura del peaje La Paz, cuando solicitaron la detención de un ómnibus que realizaba el recorrido Mendoza – Buenos Aires" y ahí se encontraron con el pasajero que llevaba "18 pomos de plástico con la droga" en una mochila. "Ante la presencia de testigos, y con intervención de personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses dependiente de la Agrupación XI “Mendoza”, decía el texto, se sometieron las sustancias a las pruebas de orientación de campo" y detallaba el hallazgo de la supuesta droga. 

Ariel había decidido ir a Mendoza a probar suerte por un tiempo. Estuvo primero parando en un hostel y luego tuvo que buscar otro lugar, pero no conseguía uno que le agradara y pudiera pagar. Buscó productos para vender, como golosinas, y en el ínterin adquirió el famoso talco. Decidió volver a Mar del Plata, su ciudad, pero como no conseguía pasaje directo sacó para ir a Buenos Aires. Fue a comienzos de octubre. La llamaba todo el tiempo a su madre. El ultimo día --precisó ella-- le mandó fotos, le hablaba de las estatuas que veía, y le envió una imagen desde la estación, cuando se estaba por subir al micro y estaba contento porque tenía conexión para cargar el celular. "De pronto dejó de responderme los mensajes y a la madrugada noté que tampoco había visto los mensajes", relató la mujer. Pasaron las horas y todo seguía igual. Probó llamar a la estación en Mendoza para chequear si efectivamente había subido al ómnibus. Le dijeron que sí. Después probó con Prefectura y con el 911. 

A pesar de todas las felicitaciones que desparrama Bullrich, la Gendarmería no estaría en un momento de gran performance. En las últimas semanas fueron detenidos 12 gendarmes en Tucumán que terminaron procesados por asociación ilícita y cohecho, junto con nueve civiles, con los que organizaban tours de compras desde Bolivia y cobraban para dejar pasar no sólo mercadería (ropa, neumáticos, celulares, toallas, sábanas, cigarrillos, electrodomésticos, entre otras cosas), sino también droga. Una mecánica similar se detectó con integrantes de Gendarmería que facilitan el ingreso de productos desde Chile. En Jujuy fueron imputados por eso diez gendarmes y dos comerciantes. En Salta hubo ocho gendarmes detenidos en septiembre por el mismo mecanismo de cobro de sobornos, y en esa provincia nueve fueron imputados por facilitar el contrabando de granos. No todo es una fiesta como muestra la ministra .O sea, por lo menos cerca de 40 gendarmes comprometidos en casos de coimas. 

El martes de esta semana la Cámara Federal de Casación Penal firmó una advertencia que, si bien está dirigida a jueces/zas federales, tiene otra destinataria, que es Bullrich. Es por "por el significativo número de personas detenidas en comisarías de todo el país a disposición de la justicia federal". La decisión, en los hechos, fue notificada a la cartera de Seguridad, a la de Justicia y a la Corte Suprema. No puede haber presos en estos lugares provisorios por más de unas horas. 

Ya en 2023 había aumentado el número de personas privadas de la libertad alojadas en comisarías o destacamentos en un 10,8%. Este año comenzó a presentarse una situación sintomática en la Ciudad de Buenos Aires: de enero a junio 9659 fueron detenidas en dependencias de la policía porteña, o sea comisarías. De ese total, 88 eran detenciones del fuero federal. La pregunta es por que no están en unidades carcelarias, en este último caso federales. Casación hizo, además, una consulta a jueces fedrales de todo el país: de las respuestas que recibieron de 51 tribunales se desprende que entre el 31 de agosto y el 2 de octubre, hay 1392 persaonas privadas de la libertad a disposición de ellos: 686 están en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), 229 en cárceles provinciales, pero 245 están en comisarías, alcaldías y otras dependencias de la Policía Federal o Provincial, 148 de Gendarmería, 48 de Prefectura, 11 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 25 no se pudieron precisar.  

Todo esto implica que hay personas detenidas en condiciones de confinamiento, superpoblación, sin acceso a la salud, con alimentación deficiente y sin posibilidad de recibir visitas. La Procuración Penitenciaria advirtió que "el alojamiento en estos espacios no permite garantizar los derechos básicos establecidos en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad". Esto implica que estos presos y presas no pueden acceder a lo que se llama "tratamiento penitenciario" (educación, trabajo y otras instancias para mejorar su vida y evitar la reincidencia) y el "régimen de progresividad". "Los datos reseñados revelan condiciones incompatibles con los estándares internacionales aplicables y falta de acceso a los derechos fundamentales (...) las comisarías no deben ser destinadas funcionar como centros de detención, en tanto no integran el Servicio Penitenciario e impiden a los detenidos acceder al régimen progresivo de ejecuón de la pena", sostuvo Casación. 

Los presos/as, explicaron, quedan expuestos a riesgos de salud fisica y mental, falta de atención médica, higiene y espacio para dormir . "Es una situaciòn de gravedad que involucra la violación de los derchos humanos de un importante colectivo de personas", dice el texto, que advierte que quienes son responsables son los jueces que disponen estas detenciones. Por eso exhorta a jueces y juezas federales a que reviertan esta situación de detenciones masivas en alcaidías y comisarías para "prevenir situaciones irremediables" y que la privación de la libertad, en el caso de las causas federales, sea en dependencias del SPF, que depende desde la gestion de Javier Milei del Ministerio de Seguridad. 

Fuente: www.pagina12.com.ar