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22 de agosto de 2024

Tras el rechazo en Diputados, ¿qué pasa con los millones que la SIDE ya gastó?

El gobierno habría usado el 80% de los fondos. Aunque aún se espera la votación en el Senado que podría confirmar la nulidad del DNU, surgen serias dudas sobre la legalidad y transparencia en el manejo de esos recursos. "Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hicieron con ese dinero", manifestó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Por Natalia López Gómez

La reciente derogación parcial del Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que asignaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), generó una importante discusión sobre el destino de los fondos ya ejecutados. Aunque aún se espera la votación en el Senado que podría confirmar la nulidad del DNU, surgen serias dudas sobre la legalidad y transparencia en el manejo de esos recursos. Ahora bien, ¿qué pasa con los fondos ya utilizados? "Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hicieron con ese dinero", asegura el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez a Página|12.

Desde el 23 de julio, fecha en la que el presidente Javier Milei firmó el decreto, la SIDE llevaría gastados el 80% de los fondos reservados asignados. Es decir, que en tan solo tres semanas aproximadamente 80 mil millones de pesos habrían sido utilizados sin la obligación de rendir cuentas, por tratarse de fondos reservados.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los primeros en alzar la voz contra la rápida utilización de estos fondos. En su cuenta de X, denunció: "Para operaciones de la SIDE, ‘sí hay plata’: ya se ejecutaron 80 mil millones". Según Ferraro, estos recursos se están usando sin ningún tipo de supervisión legal, destinando cerca de 3 millones de dólares diarios a operaciones de espionaje. "Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral", agregó, instando a que ningún bloque político permanezca indiferente ante esta situación. La información proporcionada por Ferraro se basa en un análisis del sitio Presupuesto Abierto, que detalla cómo el presupuesto de gastos reservados pasó de 650 millones a 103 mil millones de pesos, de los cuales casi 81 mil millones ya han sido comprometidos o devengados. Este aumento drástico en el uso de fondos reservados subraya la urgencia de revisar la validez del DNU y las implicancias de su derogación.

La decisión de la mayoría y el destino de los fondos

Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el DNU con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. Esta decisión deja en manos del Senado la resolución final sobre la validez del decreto. Si el Senado también le da la espalda, el DNU perderá su validez, y sus efectos serán considerados nulos. Pero, ¿qué pasa con los fondos ya utilizados?

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a Página|12 que, según la Constitución de la Nación Argentina, un Decreto de Necesidad y Urgencia que no cumple con los requisitos es nulo, como si nunca hubiera existido.

"Si también lo rechaza la Cámara de Senadores será nulo de nulidad absoluta ¿Cuál es la consecuencia? Que la SIDE nunca tuvo una ampliación presupuestaria y que dichos fondos nunca fueron reservados, consecuentemente, no los puede ejecutar y dejan de ser reservados transformándose en públicos. En otras palabras, los fondos no ejecutados dejan de estar asignados a la SIDE, los ejecutados dejan de ser reservados y cualquier persona ejerciendo el derecho de acceso a la información pública puede conocer cómo se aplicaron", planteó el abogado.

Esto significa que si ambas Cámaras rechazan el DNU, los fondos restantes deberán ser devueltos al Tesoro Nacional y los gastos ya realizados podrían estar sujetos a escrutinio público.

En este punto, Gil Domínguez destacó que la ley 26.122, que regula los decretos establece que su rechazo por ambos cuerpos legislativos conlleva su derogación, aunque los derechos adquiridos durante su vigencia suelen mantenerseSin embargo, aclaró que esta disposición no se aplica a organismos estatales como la SIDE, por lo que los fondos ya gastados podrían ser objeto de investigación.

Finalmente, el abogado subrayó la necesidad de transparencia: "Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hicieron con ese dinero y, si no se utilizó para inteligencia, el Gobierno se enfrentará a serias complicaciones". 

La posibilidad de que estos fondos se conviertan en recursos públicos accesibles, si se confirma la nulidad del DNU, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la rendición de cuentas y el control del gasto en organismos de inteligencia.

Fuente: www.pagina12.com.ar



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