Por Horacio Rovelli

La administración de Cambiemos, que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

El gobierno de Cambiemos incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares y cuando el ministro Martín Guzmán le preguntó al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, a dónde se había ido esa deuda, la respuesta obvia fue: se fugó. Pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior, sin embargo, la está pagando el pueblo argentino, por ahora, los intereses, dado que el FMI a cada vencimiento de la cuota trimestral de capital del stand-by concedido nos otorga un préstamo a diez años, convirtiéndose en un crédito de facilidades extendidas y el primer pago de capital se hace en el año 2026. Y a su vez, el canje de deuda realizado con los “bonistas” (tenedores de títulos de deuda externa), el 31 de agosto de 2020, acuerda que se les abonen los intereses de la deuda, y el capital comienza a amortizarse en cuotas desde el segundo semestre de este año 2024.

El gobierno de Alberto Fernández, que no investigó la deuda y acordó mejores plazos para su pago, financió el déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 (en este caso justificadamente), con la colocación de títulos de deuda en pesos, en el mercado interno, pero ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (bonos dual) por un monto total de 57,5 billones de pesos cuando se habían heredado deudas en pesos por un monto mucho menor [1].

Con solo saber que, según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2023, el nivel de pobreza en la Argentina fue del 44,8% (16.650.000 personas, mayoritariamente niños y ancianos) y de indigencia del 13,8% de la población basta para clasificar el gobierno del Frente de Todos.

No se investigó la deuda. Como dijo el Presidente Nicolás Avellaneda: “Si es necesario, pagaremos la deuda con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos… pero pagaremos”.

 Una economía extractivista, agropecuaria, financiera exportadora

El camino elegido para pagar la deuda pública lo explica el embajador Marc Stanley, quien aseveró el 30 de agosto de 2022 en la cena anual del Centro de Estudios Americanos en la Argentina (CEA): "La Argentina puede abastecer de energía al mundo y alimentarlo para poder ayudar a recuperar y hacer crecer a su propia economía (...). El yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén tiene un potencial para atraer inversiones adicionales desde los Estados Unidos, generar más exportaciones para la Argentina, estabilizar su economía, y proveer aliados alrededor del mundo con muchas más fuentes de energía que tanto se necesitan”.

Entonces el modelo es simple y lineal: que la Argentina toda se aboque a producir energía y alimentos para exportar y que, con esos ingresos, pague la deuda e importe lo demás.

Un modelo dependiente de los requerimientos y precios externos y que es la razón por la que:

1. frenan la creación de medios de pago internos;
2. priorizan las ventas al exterior a como dé lugar;
3. fomentan la radicación de capital extranjero;
4. fuerzan la disminución del gasto público;
5. internacionalizan los precios de los bienes y servicios.

Frenan la creación de medios de pago internos

La forma que encontraron para compensar la excesivamente baja monetización [2] de la economía argentina es que los sectores que tienen atesorados dólares u otros activos financieros los vendan para mantener su nivel de vida y/o para financiar el gasto corriente de las empresas y/o el stock de mercaderías no vendidas.

No hay plata, porque el BCRA emite dinero cuando entran dólares [3], pero esos billetes y monedas que reciben los que vendieron dólares los termina absorbiendo el Tesoro de la Nación colocando títulos públicos [4]. Esos títulos públicos, que son en pesos y ajustables por inflación o por devaluación del dólar oficial o por los dos ajustes (bonos duales), absorben los pesos y el Tesoro de la Nación (que colocó esos títulos), con esa plata, le compra los dólares al BCRA. Y con esos dólares paga los servicios de la deuda externa.

Esa es la razón por la que desciende el precio de todos los dólares paralelos, crece en torno al 5% mensual el precio del dólar oficial y, a su vez, sube el rendimiento de los títulos públicos y acciones del país en la Argentina y en los mercados de capitales del exterior.

Los datos del sistema financiero legal lo corroboran.

El Tesoro de la Nación no requiere financiamiento directo del BCRA (se financia colocando títulos públicos en pesos ajustables en el mercado local).

Pero, al no emitir y por el aumento generalizado de los precios (un 75% entre el 7 de diciembre de 2023 y el 22 de marzo de 2024), disminuyen los saldos monetarios reales. Esto queda demostrado en que la base monetaria (billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el BCRA) crece solo en un 11,8% y el crédito al sector privado en un 17,4% en el período y la inflación fue del 75%.

Javier Milei instó a que el Banco Central mantenga la emisión de pesos a su mínima expresión y que sea un organismo testimonial, para que la monetización de la economía sea empleando los ahorros en dólares de la población.

La venta de los dólares “ahorrados” por la población se convierte en la principal fuente de financiamiento de las personas, de las empresas y del sector público [5].

Pero, para garantizar que esa conversión de dólares a pesos siga sucediendo, necesita que ingresen más dólares y para ello cuenta con las exportaciones de granos y sus derivados.

Priorizan las ventas al exterior a como dé lugar

Es el problema que hay que resolver, por un lado, pueden liquidar las exportaciones el 80% por el tipo de cambio oficial (900 pesos) y 20% por el Contado con Liqui [6] (1.085 pesos); pero, por otra parte, ese precio resultante no les resulta suficiente, de allí que por ejemplo los productores, acopiadores y comercializadores de soja y de maíz no estarían vendiendo toda la posición.

Aducen problemas climáticos por las altas temperaturas y las inundaciones y, en el caso del maíz, la plaga de la “chicharrita” [7], que hace que la Bolsa de Cereales de Rosario estime una merma importante en la cosecha 2024 que habían calculado el año pasado en 57 millones de toneladas de maíz y ahora estiman más cerca de 40 millones de toneladas (17 millones de toneladas menos, por 180 dólares la tonelada, que es la cotización en el mercado de Chicago, significan unos 3.000 millones de dólares menos de exportación).

La reunión que tuvo el ministro Luis Caputo con los CEOs de los principales acopiadores y comercializadores de granos, a principio del mes de marzo de 2024, no estaría dando los resultados esperados, pero tampoco es que no liquidan, máxime que cuentan con Viterra Argentina S. A., que es la principal empresa del rubro y en la que tiene participación BlackRock, que es a su vez el principal cliente de Anker Latinoamérica, la consultora de Luis Caputo y Santiago Bausili.

Fomentan la radicación de capital extranjero

Obviamente van a tratar de compensar —y con creces— la falta de divisas de la cuenta comercial con la venta de activos públicos, para lo cual necesitan una ley. Es el caso, por ejemplo, del Banco de la Nación Argentina, en el que el CEO de BlackRock, Larry Fink, se mostró sumamente interesado, razón por la cual el actual Directorio de esa entidad contrató al Estudio Jurídico Liendo & Asociados Abogados SH, para que se convierta en una sociedad por acciones, y que les hace decir a los funcionarios que el paquete accionario vale por una cosecha entera.

También en el malogrado proyecto de Ley Ómnibus se crea el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, etc.

Y, de igual manera, con la venta total o parcial de todas las empresas y activos públicos, incluidos los recursos naturales, para que ingresen divisas al país.

Fuerzan la disminución del gasto público

El compromiso firmado con el FMI trastoca un déficit primario de 2,17% del PIB[8] del año 2023 (base caja), en un superávit del 2% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 9.300 millones de dólares) para el año 2024. Y necesitan ese superávit fiscal para poder pagar los servicios de la deuda que suman no menos de 3,4% del PIB[9].

El problema es que está disminuyendo la recaudación tributaria (impuestos internos y previsional), entonces deben forzar una cada vez mayor reducción del gasto público, por eso es que el miércoles 27 de marzo de 2024, en el inicio de la Semana Santa, en forma irregular y violenta, se realizaron miles de despidos en distintas áreas del Estado nacional.

La ola de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei, según ATE (Asociación Trabajadores del Estado), al 27 de marzo 2024, es de 4.969 trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado, a los que les comunicaron la cesación de servicios. Pero el vocero presidencial dijo que los despedidos estatales serán el 20% de lo dicho por Milei (el mandatario había dicho que echarían a 70.000 trabajadores de la Administración nacional) y estimó que se despedirán aproximadamente a 15.000 trabajadores.

La multisectorial “La patria no se vende”, de CABA, hizo público que “en muchos casos no hubo preaviso ni comunicación formal, la Policía estuvo dentro de los edificios públicos, violentando las asambleas de trabajadores e incluso en la Secretaría de Derechos Humanos un personal de seguridad de un funcionario intentó sacar un arma de fuego. Además de denunciar estos hechos de violencia, hay que decir que muchos de estos despidos son inconstitucionales en tanto violan la estabilidad laboral propia del empleo público, avanzando incluso sobre trabajadores con más de 20 años de antigüedad”.

Sumado al ajuste sobre 7.200.000 jubilaciones y pensiones por la manipulación del índice de movilidad previsional para que el total de las erogaciones, en lugar de significar el 9% del PIB, como fue en el año 2023, sea del 7%. Ídem con la reducción de las partidas para obra pública, de los programas sociales, transferencias a las provincias y a las universidades, etc.

Internacionalizan los precios de los bienes y servicios

Independientemente de que los costos en la Argentina en la extracción de petróleo y de gas, de minerales de todo tipo y de alimentos es menor que el promedio internacional, por las riquezas de nuestro suelo y del área submarina, lo cierto es que, determinado el tipo de cambio al que se arribó, el gobierno pretende internacionalizar las tarifas del agua, del gas, de la electricidad y de los alimentos.

Por eso en la reunión que tuvo Luis Caputo con las grandes empresas formadoras de precios de los productos que conforman la canasta básica total (Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Rioplatense, Unilever, Procter & Gamble Argentina, Colgate–Palmolive, etc.) el viernes 8 de marzo y el lunes 11 con los supermercadistas, les dijo: “El techo de los precios es el internacional, no pueden vender por encima de ese precio, si no, abro la importación”. Y el viernes 15, mediante la Comunicación A 7980, el BCRA dispone de las divisas necesarias para poder concretar esa operación en un plazo de 30 días. También se determinó suspender, por un plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias a las importaciones de los alimentos básicos comprendidos en la medida oficial (lácteos; carnes vacunas, porcina, aviar y ovina; yerba; azúcar; harina de trigo; arroz; aceites de oliva y de girasol, artículos de limpieza y de tocador, etc.), con lo que se subsidia por la vía cambiaria y tributaria a los importadores.

El gobierno les está diciendo a esas grandes empresas y grandes supermercados, que, si es más costoso producir, despidan trabajadores e importen. A las medianas y pequeñas, que desaparezcan. Al Estado que sea el menor posible para que con lo que se recaude se pueda comprar dólares para pagar la deuda y las importaciones de lo que deja de producirse.

 En síntesis

El plan, por llamarlo de alguna manera, es reducir lo máximo que se pueda el consumo interno para aumentar los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que más del 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre. Con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario, financiero exportador.

Murray Rothbard [10], en quien Milei se referencia, sostenía que los Estados Unidos debían producir para el mercado interno, que lo que no se podía vender se lo exporte, y si no que se deje de producir, que el mercado iba a reasignar los recursos para otra producción. En la visión del colonizado de Milei, primero que se exporte, si no se puede exportar que se lo venda en el mercado interno al precio internacional, y si no, que se deje de producir. La desocupación y la pobreza son datos que para ellos no existen.

Fuente: www.elcohetealaluna.com