Por Sebastián Premici 

A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional reconoció que frenó el envío de los fondos necesarios para cubrir parte de los haberes jubilatorios en las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional durante la reforma realizada en la década de 1990.

Cuando el menemismo privatizó el sistema previsional, dando origen a las AFJP, hubo un conjunto de jurisdicciones que mantuvieron sus propios sistemas jubilatorios; en esos casos, el Estado nacional fijó por ley la transferencia de recursos correspondientes a las contribuciones patronales y aportes. Con esta decisión oficial, solapada de auditoria, la administración de Javier Milei vuelve a ponerles un pie encima a los jubilados provinciales.

La voz oficial

“El crédito presupuestario contemplado en la ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas provinciales de la ANSES no ha sido eliminado. Una vez culminado el proceso de auditoría que se lleva a cabo a través de la Anses, el Estado nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes a la Nación”, puede leerse en un comunicado de la Oficina del Presidente.

De esta manera, el Gobierno de Milei reconoció que frenó el envío de partidas ya comprometidas por ley; pero además, dieron indicios de que avanzarán con una reforma completa del sistema jubilatorio, tal como lo viene reclamando el FMI. “El sistema previsional argentino exige de forma urgente una reforma integral que le otorgue sustentabilidad y previsibilidad al sistema”, agregaron en el comunicado oficial. El objetivo de la administración nacional sería volver al esquema de las AFJP.

Federalismo mentira

En la década de 1990, cuando el menemismo privatizó el sistema jubilatorio a partir de la ley 24.241, hubo un conjunto de jurisdicciones que decidieron mantener sus cajas previsionales. Entre ellas estuvieron Córdoba,  Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La ley que dio origen a la privatización del sistema contemplaba en su artículo 168 que “las cajas reconocedoras de servicios deberán transferir a la caja del organismo otorgante de la prestación (las provinciales), los aportes previsionales, contribuciones patronales, y las sustitutivas de estas últimas si las hubiera; deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los servicios reconocidos, a efectos de su amortización ante la caja otorgante”.

Durante el macrismo, el Gobierno de entonces intentó avanzar en lo que se denominó “la armonización” de las cajas previsionales. En la lógica del ajuste que venía aplicando Mauricio Macri suponía el recorte de aproximadamente 14.000 millones de pesos anuales que salían del Tesoro nacional para cubrir los haberes en dichas provincias.

Bajo la administración Milei, se pretende avanzar en la misma línea. De ahí el freno al envío de los recursos establecidos por ley y la apelación a una “urgente reforma” del sistema.

Para este año, el presupuesto estimado para las cajas provinciales se fijó en los 204.000 millones de pesos que ahora se encuentran pisados por el ministro Luis Caputo.

“La Administración nacional de la Seguridad Social transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta, del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a un porcentaje del último monto del déficit registrado en cada jurisdicción”, puede leerse en el Presupuesto 2024 (que fue una prórroga de la ley de leyes del año pasado).

¿La estafa de origen?

La existencia del déficit de las cajas previsionales tiene que ver con el mismo origen de su existencia, es decir, la decisión de un conjunto de gobernadores de no transferirlas al Estado nacional. “Y lo bien que hicieron”, podría ser la conclusión, de tenerse cierta perspectiva histórica.

El sistema de jubilaciones de reparto conocido como AFJP fue una estafa para los miles de jubilados y jubiladas del país, pero también para el propio Estado nacional. El sistema de capitalización se constituyó como un fenomenal negocio financiero que eclosionó con el estallido de la burbuja de las hipotecas basuras en plena crisis de 2008. 

El sistema privado dejó a miles de jubilados con haberes paupérrimos y, a su vez, generó un gigantesco déficit fiscal ya que el Tesoro tuvo que seguir pagando las jubilaciones privadas mientras perdía la recaudación de aportes y contribuciones. Es decir, tampoco se mejoraron las cuentas públicas.

Ante la crisis del sistema, el Estado nacional recuperó los fondos de las AFJP en 2008, a través de una ley del Congreso nacional. Por entonces, el 41 por ciento de quienes estaban bajo el régimen de capitalización privado necesitaba alguna transferencia del Estado para llegar a cobrar la mínima jubilatoria.

¿Por qué las cajas provinciales?

Una de las provincias que mantuvo su caja previsional fue Santa Cruz. En 2007, Néstor Kirchner lo explicaba de la siguiente manera, durante el acto de presentación del Programa Libre Opción Jubilatoria.

“La destrucción del sistema previsional argentino pasó también por la destrucción de los sistemas previsionales provinciales. Esto lo quiero mencionar porque cuando nosotros éramos gobernadores de provincias fuimos fuertemente presionados para pasar las cajas al Estado Nacional. En mi provincia obviamente no lo hicimos. Con esto se iban quedando con los famosos retiros voluntarios, que venían de la mano también con este nuevo sistema previsional que se creaba en la Argentina, miles y miles de trabajadores que cobraban su indemnización y dejaban truncada su carrera en la mitad de su vida útil. Es decir, cuando tenían por allí aportes de 15 ó 20 años de trabajo los perdían absolutamente y con esto el sistema jubilatorio tenía también rentabilidades realmente importantes y aparte se condenaba a muchísimos hermanos y hermanas de la Argentina a la exclusión”.

Esta historia no quita el hecho de que el sistema previsional pueda ser mejorado pero no en el sentido que pretende Milei (volver a un esquema privado); sino que debería reforzarse su origen solidario.

Por ejemplo, que las grandes empresas tributen la totalidad de las contribuciones patronales establecidas por ley. O partir de la creación de trabajo registrado. A su vez, podrían pensarse diferentes esquemas de transferencias al sistema solidario, como lo fue el Aporte a las Grandes Fortunas que contribuyó a financiar – por única vez – obras de energía. Posibles ideas para otra Argentina.

Fuente: www.eldestapeweb.com