El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la Caba”. Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.

De acuerdo a lo que establece dicha ley, “el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

Asimismo, el texto oficial indica que “la dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica de las Provincias y de la Caba, en particular en lo que hace al financiamiento del Sistema Educativo”.

Además, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”.

La renovación en la vigencia de la normativa que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de recorte generalizado, que no escapa al ámbito educativo.

Fuente: www.diarioellibertador.com.ar