Por Marcelo Falak

Este miércoles de furia, el presidente Javier Milei se arrogó impropiamente facultades legislativas a través de un decreto sin necesidad ni urgencia con el que se propone desmontar el Estado, imponer una idea brutal del imperio del mercado, cercenar derechos laborales y sociales, y consumar un avasallamiento grave a la independencia del Congreso. Algo así como un pinochetismo a sola firma y en democracia, trance en el que se pone en contra a una amplia alianza social que incluye a industriales, sindicatos, trabajadores, consumidores, inquilinos y hasta hinchas de fútbol. Buena suerte...

La cadena nacional grabada empezó puntual a las 21. Rodeado de su gabinete –el mejor equipo de los últimos once días, al que sumó, justo a sus costados al líbero Federico Sturzenegger y a Nicolás Posse –, demoró nueve minutos con la conocida perorata sobre el colectivismo –o la izquierda o el socialismo o el fascismo, que es todo lo mismo–. También sobre el déficit fiscal, la casta, la maldita herencia, la híper del 15.000% y la presión tributaria. "Con este decreto de necesidad y urgencia (DNU) comenzamos a destrabar el engranaje jurídico empobrecedor" que ha asolado a la Argentina, dijo. A partir de eso, en seis minutos, descerrajó la metralla.

Entre 300 leyes que se permite derogar por DNU, anticipó 30 medidas, destinadas a poner patas para arriba la estructura económica y social del país, lo que definió como el "proyecto más ambicioso en 40 años". Supone un desguace del Estado y una desregulación económica total, destinada a instaurar el imperio irrestricto del mercado en beneficio, aseguró, del individuo.

Vivir a la intemperie

La verdad es otra: si esto que se anunció se plasmara en la realidad de modo permanente, los argentinos deberían resignarse a vivir a la intemperie. Vale destacar que, en tanto DNU, la norma regirá plenamente desde su publicación, al menos hasta que el Congreso diga lo contrario por voto adverso de sus dos cámaras.

La palabra estrella es "derogación".

Las derogaciones comienzan por la ley de Alquileres, que no será reemplazada por ninguna otra, lo que lanzará a millones de inquilinos a lidiar con un mercado en el que los propietarios podrán imponer condiciones, en valor, extensión y hasta moneda de los contratos.

También caducarán las leyes de Abastecimiento, la de Góndolas y la de Compre Nacional, algo a lo que no se animan ni los Estados Unidos.

Asimismo, se dará de baja al Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, lo que elimina cualquier vestigio de monitoreo sobre la formación de precios en un contexto de altísima inflación.

También se derogarán las leyes de Promoción Industrial –una caja de Pandora–, de Promoción Comercial y toda norma que impida la privatización de las empresas públicas.

La caída del régimen de sociedades del Estado permitirá convertir todas las empresas del mismo en sociedades anónimas para su privatización, incluidas joyas como YPF y Arsat. Insólito. El paquete accionario de Aerolíneas Argentinas será cedido, se supone que a sus empleados, total o parcialmente en el marco de una política de cielos abiertos.

Como se anticipó, el régimen laboral será "modernizado" –léase "ferozmente flexibilizado"–, lo que, es de esperar, incluya cambios al régimen de indemnizaciones, su reducción y la eliminación de multas a empresarios que contraten en negro.

Se liberará el mercado de Internet satelital, dijo sin pudor, para que pueda entrar al mercado la empresa Starlink de su amigo ultraderechista Elon Musk.

El Código Aduanero no morirá, sino que será reformado, al revés de la Ley de Tierras, que sí fenecerá.

El paquete incluye asimismo la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, la derogación –otra vez– de las obligaciones que los ingenios azucareros y la liberación del régimen jurídico de sector vitivinícola.

Atrevido, el presidente decretador modificará a sola firma el Código Civil y Comercial "para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada".

La clase media es el pato de la boda del modelo del ultraderechista. Se eliminarán "las restricciones de precios a la industria prepaga" y esas empresas pasarán a competir con las obras sociales.

Milei y Mauricio Macri habrán perdido en Boca Juniors, pero la posibilidad de que los clubes se transformes en sociedades anónimas queda consagrada por el DNU.

Y más, mucho más.

Cuestión de formas

El Congreso debería rever la fallida ley 26.122, que regula los DNU desde 2006, por iniciativa de Néstor Kirchner, de un modo abusivo en favor del Poder Ejecutivo. Esto es así porque condiciona al Congreso al obligarlo a votar negativamente en las dos cámaras para derogarlos, al revés de lo que ocurriría con cualquier proyecto de ley común. El problema es que ya es tarde para evitar este Decretazo.

Más allá de esa consideración, los DNU no pueden avanzar en materias electorales, de partidos políticos, penales ni tributarias y, para ser legítimos, deben estar plenamente justificados desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia. Si el Congreso está disponible –como es hoy el caso– y no existe motivo que impida aguardar el período razonable para el tratamiento de una ley, sencillamente el DNU no debería ser considerado legítimo.

El jurista Andrés Gil Dominguez recordó en la red X que "el artículo 99 inciso 3 de la Constitución establece como regla que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable, y que los DNU son una excepción reglada".

Asimismo, la respetada Vilma Ibarra sumó un argumento que pasó por debajo de demasiados radares. "Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados (…). Alarma (…) grave: ¿quién elaboró este DNU? Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse", dijo.

"¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la trasparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas", completó.

La democracia cruje

No casualmente, el anuncio fue el epílogo de una jornada en la que –en virtud de un protocolo antipiquetes que fracasó en el debut– las fuerzas de seguridad federales pasaron por arriba la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, amenazaron a miles de personas que se disponían a participar en una protesta legítima, requisaron medios de transporte, violaron el derecho de numerosos ciudadanos a desplazase, los siguieron y filmaron sin causa ni explicación y hasta golpearon a periodistas. Lo de Patricia Bullrich fue completito.

La inquietud, expresada en la campaña, sobre las ideas y los comportamientos autoritarios del ahora presidente no era gratuita, y da la impresión de que este comenzó a mostrar su verdadero rostro en el décimo día de su flamante administración.

Urge que el jefe de Estado reflexione y se serene, que la oposición saque la cabeza del pozo en el que la ha metido, que el Congreso defienda sus atribuciones constitucionales, que las 24 jurisdicciones del país alambren sus autonomías, que la Corte Suprema se ponga a la altura de los acontecimientos y que los movimientos sociales encuentren los cauces para ejercer el derecho a la protesta dentro de la ley. No hay espacio para chambonadas.

Fuente: www.letrap.com.ar