5 de junio de 2013
Avance en la intervención a la Justicia
CON PERFIL BAJO. Josefina Meabe, aunque presente en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, prefirió mantenerse en silencio. La Senadora liberal, más allá de que reconoce la gravedad de la situación de la Justicia correntina y admite la necesidad de urgentes remedios, consideraría que esa responsabilidad debiera ser asumida -sin más demora- por la Legislatura de Corrientes, dentro del juego de las instituciones locales. No compartiría la personalización del caso que hizo la bancada oficialista y, aunque sería de la idea de garantizar el servicio de justicia, apuntaría a que el Senado sea la última instancia si se agotan los plazos perentorios que marca la realidad institucional de la Provincia. En este marco, las miradas de la Cámara alta apuntan no sólo al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también a que el Poder Legislativo provea en tiempo y forma las medidas correctivas impuestas por las circunstancias.
Lo informó ayer en exclusiva a EL LIBERTADOR el presidente de la Comisión, Marcelo Fuentes. Confirmó la citación a Rubín y a Sotelo que anoche deliberaban a puertas cerradas, dentro del mayor hermetismo, en el Superior Tribunal; mientras que en la Legislatura se abre hoy el análisis de qué hacer con el trámite de los juicios políticos retenidos desde hace un año. Fuentes tribunalicias revelaron que el Presidente del Superior le habría comunicado a sus pares que no concurriría, aunque anoche parecía volver sobre sus pasos en medio de marcadas contradicciones respecto a los pasos a seguir. Al titular de la Corte provincial le preocupa más el posible avance de los juicios políticos que, de prosperar, podrían perjudicar el cobro de sus haberes jubilatorios.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación decidió ayer avanzar en la posibilidad de la media sanción al proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia, resolviendo oficialmente la citación a funcionarios y personalidades vinculados a la Justicia de Corrientes.
La directiva de la Casa Rosada llega, hasta el momento hasta ese paso: la media sanción.
La reunión de ayer fue convocada a horas de la tarde y en primer lugar se trató la propuesta de legisladores de la UCR de pasar a archivo el proyecto; pero por mayoría se decidió seguir adelante con la tramitación del expediente.
"No sólo que no fue rechazado el proyecto (de intervención), sino que se va a citar al Presidente del Superior Tribunal de Justicia y al Fiscal General de Corrientes", informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nacional, Marcelo Fuentes, al ser consultado anoche por EL LIBERTADOR.
El legislador se refería a Carlos Rubín y César Sotelo, a quienes hoy les llegaría la invitación formal a concurrir al Congreso de la Nación el próximo miércoles 12 a partir de las 16, para que informen sobre la grave situación de la Justicia correntina.
Por otra parte, "y en forma unánime, los integrantes de la Comisión expresamos que no se van a tolerar actitudes proscriptivas" en la provincia de Corrientes hacia alguno de los candidatos a presentarse en las próximas elecciones que se van a realizar el 15 de septiembre.
"En eso coincidieron aun los senadores del radicalismo (oposición)", subrayó Fuentes. Puntualizó que en la reunión de anoche se aludió a lo establecido "por el Tratado de San José de Costa Rica, que preserva los derechos civiles" de los ciudadanos para participar en las compulsas electorales, lo cual tiene rango constitucional.
En los hechos, la mentada proscripción puesta sobre el tapete por algunos exponentes del bloque oficialista no tiene sustentación en las normas constitucionales y legales en vigencia en orden a que el artículo 224 de la Constitución reformada sólo habla de la posibilidad de suspender a un intendente en sus funciones en el caso de que el procesamiento sea confirmado por el Tribunal de Alzada, una situación que hoy enfrenta el Intendente de San Roque, próximo a ser llevado a juicio oral sin que la previsión constitucional haya sido cumplida.
"Consideramos que la situación es grave y que eso amerita seguir analizando" la posibilidad de un eventual remedio federal, agregó por último el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nacional.
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