Por Carlos Heller 

“La libertad de precios, la eliminación de los controles de precios; la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio; la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne; la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones; la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias, y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un período de cinco años; la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa", y seguía.

"La liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa; la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos; la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía, que distorsionaban la misma; la libertad de contratación de los salarios, sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado; la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional, como para los inversores; la libertad para la transferencia de tecnología, en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía, de acuerdo a los más altos intereses nacionales”.

Posteriormente, en una entrevista realizada en 1995 por Felipe Pigna, Martínez de Hoz declaraba que “el programa económico anunciado el 2 de abril de 1976 estaba basado en tres pilares fundamentales: uno era la reforma del Estado (…) que a la sombra de un estatismo muy fuerte desde hacía más de treinta años había crecido sobremanera” y había prácticamente invadido todas las funciones propias y ajenas. De manera que “había que reducir el Estado para que cumpliera las funciones específicas, como administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores (…)”. Se refería al “principio de la subsidiariedad”, según el cual el Estado no debe hacer lo que está en condiciones de hacer el sector privado.

El funcionario agregaba que “el segundo pilar del programa, la liberalización, modernización, apertura de la economía cerrada, se basaba en el principio de la autarquía”. Planteaba que no podíamos “creernos” que conseguiríamos desarrollarnos con independencia del resto del mundo y con las actividades económicas, sobre todo las industriales, con un sobre proteccionismo, “un exceso de subsidios y una falta de libre competencia, que ahogaba la iniciativa privada”.

“El tercer principio era el de un programa de estabilidad”. O sea, “terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible” en el tiempo disponible, precisaba Martínez de Hoz.

Con respecto a los salarios, decía: “Debe, pues, suspenderse toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos. Será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios”.

Este programa neoliberal se retomaría en los noventa con Carlos Menem y Domingo Cavallo, en el marco de un gobierno elegido por el voto popular, aun cuando el presidente electo, según se terminó instalando, declaraba: “si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Como se recordará, ese gobierno llevó adelante la privatización de una gran cantidad de empresas públicas. Una vez que se acabaron los recursos que ingresaron por esas ventas, endeudaron en dólares aún más al país. En ese tiempo se implementó la Convertibilidad, que no es muy distinta a la dolarización total de la economía que hoy vuelve a ser propuesta como alternativa.

La última gestión neoliberal fue la de Mauricio Macri, la del Estado “canchero” similar al Estado subsidiario de Martínez de Hoz, que terminó con endeudamiento externo sideral, la pérdida del 20% en el poder de compra de los salarios, el cierre de una 25.000 PyMEs, y una situación social desesperante. Los ingresos de trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas y otros beneficiarios y beneficiarias de asignaciones se redujeron significativamente y las inversiones necesarias a realizar bajo un criterio social y de promoción de la actividad económica también sufrieron fuertes recortes, entre otras calamidades.

En mi libro “Diez promesas falsas. Por qué fracasó la economía de Cambiemos” recordaba que Martínez de Hoz, en la entrevista mencionada, señalaba que “una pregunta muy frecuente es si es necesario un gobierno de facto” para aplicar un programa como el de la dictadura. “Mi contestación es siempre la misma –sostenía el exministro–: lo único que hace falta es la decisión política (…), y en este sentido, tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene mucha más autoridad política”. 

A continuación, yo agregaba en el libro que Martínez de Hoz “pone dos ejemplos, Thatcher en Inglaterra y Menem en la Argentina. El paralelismo entre las visiones que guiaron las políticas de Martínez de Hoz y Menem con las de Macri es realmente escalofriante, si tenemos en cuenta el brutal fracaso que protagonizaron cuando fueron aplicadas, sobre todo para las aspiraciones de construir un país desarrollado, independiente y socialmente viable”.

Es una historia sobre la cual es imprescindible reflexionar. Los 40 años ininterrumpidos de democracia se iniciaron tras dejar atrás la más cruenta dictadura cívico-militar y su proyecto neoliberal. Luego, le continuaron otras experiencias políticas que nuevamente llevaron a la práctica un ideario muy similar.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario

Fuente: www.pagina12.com.ar