Por Juan Ignacio Provéndola

A un mes de la brutal represión con la que la policía jujeña aplastó los reclamos por la amañada reforma constitucional orquestada por Gerardo Morales, los diputados provinciales que responden al gobernador aprovecharon la mayoría automática que tienen en el parlamento provincial para evitar todo tipo de debate y votar de prepo un polémico aumento en las multas que a partir de ahora deberán pagar en concepto de contravenciones quienes protesten contra su régimen. De ese modo, la unidad de medida que desde el 2014 equivalía al diez por ciento del salario mínimo, vital y móvil ahora se elevará al cincuenta por ciento, lo cual establece una quintuplicación de la pena económica. Dicho de otro modo: protestar contra el gobierno provincial podría “salirle” al manifestante hasta la mitad de su sueldo.

Casi como si fuera un perverso homenaje a esa política de mano de hierro perpetrada en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy el 20 de junio pasado (y a la posterior persecución a los manifestantes de distintos puntos de la provincia) el bloque de legisladores de Juntos por el Cambio agregó al cierre de la última sesión una moción por fuera de la orden del día, que además fue tratada sobre tablas, evitando de este modo el paso por las comisiones pertinentes, tal como indica el proceso parlamentario que debe recorrer todo proyecto. Y, como si eso fuera poco, la aprobación se produjo en la misma Legislatura donde el propio Morales había apurado la jura de aquella reforma constitucional por la que Jujuy todavía sigue convulsionada entre movilizaciones, acampes y cortes de ruta.

El modus operandi del bloque de JxC no dista mucho del doble discurso al que Morales parece haberse aferrado desde que se le abrieron numerosos frentes internos de disidencia y cuestionamiento en el territorio que gobierna: por lo alto se jacta de ser un paladín de la honorabilidad, la búsqueda de paz, el diálogo y la lucha contra la corrupción (todos epítetos repetidos de manera mecánica en cada una de sus apariciones públicas de las últimas semanas, en entrevistas y en actos de campaña con Horacio Rodríguez Larreta), aunque la praxis de su ejercicio y el de los suyos transita los andariveles opuestos a esas aspiraciones.

La última muestra de ello fue, justamente, la nula voluntad que los ediles que responden al mando del precandidato a vicepresidente tuvieron para someter a debate la propuesta de aumentar el valor de las multas económicas por contravenciones, figura que la nueva reforma constitucional extiende también a la protesta social. Esta maniobra de varios tramos pone en evidencia en primer lugar la vocación por criminalizar los reclamos y manifestaciones, pero también la posterior estrategia para omitir la instancia judicial con su respectivo derecho a defensa propia. De este modo, el gobierno provincial se vuelve juez y parte para señalar a tal o cual como contraventor. Y, en consecuencia, de ello someterlo a una multa económica que tras la última votación puede equivaler a la mitad de su ingreso mensual si es que el acusado o la acusada cobra el salario mínimo, vital y móvil (cifrado desde el 1º de julio pasado en 105.500 pesos).

Una comisión para perseguir

La sesión en cuestión ya de por sí estaba caldeada por la aprobación de la denominada “Comisión Especial Investigadora”, un cuerpo creado con el único propósito de perseguir a quienes se habían manifestado frente a la Legislatura y zonas adyacentes de la capital jujeña el martes 20 de junio, ocasión en la que Gerardo Morales convocó a una reunión de último momento con la asamblea constituyente para aprobar la carta magna provincial reformada a su gusto.

Aprovechando ese envión y también la mayoría automáticamente que tiene el bloque de UCR-Juntos por el Cambio en el parlamento (le pertenecen 25 de las 46 bancas, tanto más de la mitad, cifra necesaria tanto para sesionar como también para aprobar proyectos), a último momento forzaron un tratamiento sobre tablas de la modificación en el régimen de multas del Código de Contravenciones de la Provincia. La moción fue tan escandalosa que hasta la propia oposición que estila votar de manera sincronizada con el oficialismo (encabezada por el PJ y sus fragmentaciones) pidió la palabra para abrir un debate. Pero el pedido fue rechazado y la reforma se confirmó con los diputados de Morales.

Los nuevos alcances de esta modificación tienen límites inimaginables. Días atrás, por ejemplo, varios familiares de detenidos por acusaciones tales como sedición o alteración del orden público exigían la liberación de todos ellos en la avenida Forestal de Alto Comedero, frente a la puerta de la unidad penal. La respuesta que recibieron fue, justamente, varias notificaciones por contravenciones. ¿Los motivos? “Obstaculización de la libre circulación vehicular, limitando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. Un día después le sucedió algo similar a un remisero de Perico que no llegó a correr su vehículo de la calle por la que debía transitar la comitiva que trasladaba a Gerardo Morales y a Horacio Rodríguez Larreta para que realizaran sus actos de campaña en la localidad lindera con el aeropuerto jujeño.

Como se aprecia, el parámetro para definir contravenciones es menos claro de lo que parece y alienta suspicacias de todo tipo en un clima de tensión que malhumora al gobernador, imposibilitado de dedicarse a su campaña vicepresidencial como desearía y distraído con conflictos de una provincia que gobierna sin mucho entusiasmo, habida cuenta del tiempo que pasa viajando por rutas alejadas a las jujeñas.

Fuente: www.pagina12.com.ar