La jueza de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra, procesó ayer al intendente Carlos Camau Espínola, a dos de sus funcionarios municipales, a seis empresarios y un obrero de la construcción, al considerar que son responsables del derrumbe del edificio en el barrio Cambá Cuá, donde murieron 8 trabajadores que cayeron desde el séptimo piso. 
Prima facie, es decir, en el principio de la investigación judicial por esta causa, Ferreyra entendió que hubo argumentos suficientes y procesó al intendente, al secretario de Economía, Martín Barrionuevo, y al director de Obras Particulares, Daniel Bedrán.
Para estas tres personas, los delitos imputados son: incumplimiento de los deberes de funcionario público (omisión de deberes de oficio), estrago culposo agravado por el peligro de muerte y por el resultado de muerte, homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales en perjuicio de los ocho fallecidos. 
La jueza también ordenó la prisión preventiva para todos los procesados, pero en el caso de Espínola y Barrionuevo no se hará efectiva porque ambos habían presentado una eximición de prisión cuando fueron denunciados, en 2012. Bedrán, en cambio, era buscado anoche, al cierre de esta edición, por la Policía y tendrá que presentar un pedido de excarcelación para recuperar su libertad, según fuentes de la causa. Otros tres funcionarios municipales quedaron libres de culpa y cargo por falta de mérito: Norma Marta Escalante y Carlos Guillermo Riotorto (ambos dependientes de la Secretaría de Obras Públicas) y Jorge Pedro Saipe (titular de la Dirección de Tránsito).
En tanto, los seis empresarios procesados son: Walter Abelardo Bruquetas, los hermanos William Carlos Mayer, Marcelo Javier Mayer, Elías Cohen, Martín Ignacio Arengo y Jorge Marcelo Romero. La jueza los encontró responsables, prima facie, de los delitos de “estrago culposo agravado por peligro de muerte y por el resultado de muerte, homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales y lesiones culposas”.
Si bien el pedido de detención también es para los empresarios, todos ya lograron el beneficio de la excarcelación cuando estuvieron detenidos una semana, tras la tragedia, y otros lograron la eximición de prisión. 
El obrero procesado por los mismos delitos es Carlos Valenzuela, quien habría actuado como capataz de la obra que se derrumbó, es decir, tenía una responsabilidad delegada por los empresarios dueños de la construcción, según la investigación. 
Todos los procesados también fueron encontrados responsables por el delito de “lesiones culposas agravado por ser más de una de las víctimas”, cometido en perjuicio de los dos obreros que sobrevivieron, Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela, quienes salvaron sus vidas luego de varias semanas de ser asistidos en el hospital Escuela de esta capital. Este procesamiento fue confirmado ayer por el Superior Tribunal de Justicia, que informó que la jueza Ferreyra tomó la decisión con la Resolución N° 805.
Ayer por la tarde, mientras mantenía un diálogo telefónico con el diario La República, el abogado querellante, Ernesto Tito González, recibió en manos la notificación del procesamiento. De esta manera, solo tres funcionarios municipales resultaron libres de culpa y cargo en primera instancia. El resto de los imputados, que habían sido denunciados el año pasado, quedaron procesados y tienen un plazo de diez días para apelar ante la Cámara en lo Criminal esa decisión de la magistrada. 
Las denuncias que llevaron a este procesamiento fueron presentadas por González, abogado que patrocina a la familia del obrero fallecido, Diego Rodríguez, y por su colega Laura Olivera, quien representa a la familia de Enrique Zarabozo, vecino del edificio que sufrió en el techo de su casa el impacto de los obreros que cayeron al vacío con los pedazos de mampostería. 
Los ocho obreros que murieron son: Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa y Paulo Alejandro Medina. Esa decisión judicial, la más contundente que tiene la causa desde que se inició, se confirmó ayer justo un día antes de que la tragedia cumpliera 14 meses. 

El hecho
El 22 de marzo de 2012, un total de doce obreros (dos resultaron con lesiones leves) cayeron al vacío, sobre el techo de chapas de zinc de la casa de al lado, desde el séptimo piso cuando se desmoronó una mampostería mientras construían la cisterna que abastece de agua potable al edificio.
De la investigación se desprende que la obra había sido clausurada por la Municipalidad de Corrientes tres días antes por supuestas irregularidades: según testigos, los constructores tenían permiso para construir solo 5 pisos, pero ya estaban en el séptimo cuando ocurrió la tragedia.
Al día siguiente, el funcionario Martín Barrionuevo se presentó en la comisaría 1ª de la ciudad, donde dejó constancia de la clausura que había puesto la Comuna. Según trascendió, sacaron la faja y continuaron los trabajos.
Pero los denunciantes, acusaron a la Municipalidad de no hacer un seguimiento de la obra clausurada y, por ello, los imputaron por incumplimiento de deberes de funcionario público. 
Al día siguiente de la tragedia, el 23 de marzo, la jueza dispuso la inmediata detención de cuatro de los empresarios implicados: los hermanos Mayer, Bruquetas y Cohen, los que quedaron liberados una semana después por decisión de la entonces jueza sustituta, Josefina González Cabañas.