¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe.

Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico.

Las leyes son vigentes cuando emanan de autoridad legítima, pero para ser derecho requieren un mínimo de eficacia, es decir, que en alguna medida se cumplan en la realidad social. Pero cuando las instituciones que deben hacer cumplir esas leyes son las que las violan, desaparece el derecho: no sabemos qué es lícito y qué ilícito, como en el pequeño planeta no sabríamos si una pluma es más liviana o pesada que un elefante.

Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico.

Lo que nos está sucediendo a los argentinos no es un supuesto en que lo antijurídico venció a lo jurídico, como sucedería en un abierto golpe de estado, sino porque, a causa de la creciente ineficacia legal, se fue abriendo un enorme hueco jurídico que se agranda y profundiza. No sabemos qué es lo lícito y lo ilícito, lo único que vemos en que un selecto grupo de quienes debían garantizar el derecho, pasaron a usar ese poder para hacer desaparecer el derecho.  

Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico.

¿Por qué la Corte Suprema declara inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura después de dieciséis años y de paso devuelve vigencia a una ley derogada que, casualmente, le da la presidencia del Consejo? ¿Por qué se entromete en la forma en que se configuran los bloques del Senado Federal? ¿Por qué permanece indiferente cuando se constata que hay jueces que reciben un viaje pago por un magnate y programan cómo lo disimularán en descaradas conversaciones registradas? ¿Por qué viajaron junto con los dirigentes de Clarín? ¿Por qué la Corte Suprema ignora que una sentencia fue pronunciada por una familia de jueces sometidos a un gobernador? ¿Por qué para confirmarla dicen que no tiene importancia que no se reciba la declaración de un testigo sin que el recurrente diga lo que supone que el testigo habría de declarar? ¿Por qué la Corte Suprema decide cuestiones sanitarias y epidemiológicas, como las clases presenciales, sin pedir la opinión de ningún perito? ¿Por qué la Corte Suprema dice que no le interesa abrir la instancia, cuando por instrumento público se prueba que al principal testigo se le pagó con un hotel?

Pero, además, la Corte permanece indiferente ante hechos jurídicamente aberrantes. ¿Por qué no dice nada cuando, en lugar de citar a un procesado, se lo detiene de madrugada y se lo muestra en pijama y descalzo por televisión? ¿Por qué un juez puede citar a nueve indagatorias en un mismo día? ¿Por qué hay jueces que concentran todas las causas que quieren en su tribunal violando la regla elemental del juez natural? ¿Por qué hay jueces que desconocen la cosa juzgada? ¿Por qué hay jueces que van a jugar tenis o paddle o al fútbol con el principal interesado en que emitan una sentencia condenatoria y no se excusan? ¿Por qué hay jueces que inventan los vínculos residuales como impedimento para la excarcelación? ¿Por qué hay jueces que procesan por traición a la patria cuando nunca hubo guerra? ¿Por qué no avanzan las causas que involucran a funcionarios que endeudaron astronómicamente al país? ¿Por qué no se cita a los que financiaron el grupo del que surgió el border que intentó matar a la vicepresidenta? ¿Y por qué permite que uno de sus propios jueces no se excuse en causas en que son parte sus ex–clientes?

Los ¿por qué? son estos y muchos más, y la respuesta es única: porque se le da la gana a la Corte y a los jueces que encubre. 

Y ahora, en una causa de carácter pura y gravemente institucional, en que se discute casi un nuevo Cepeda, la Corte no la resuelve, la mantiene en un cajón durante años, pero resuelve disponer una medida cautelar contra el Estado del que ella es parte, obviamente. Una medida cautelar, igual que cuando en un juicio comercial se embarga a un posible deudor o en uno penal se detiene a un posible prófugo. ¿Acaso la Corte considera al Estado un posible insolvente? ¿Lo considera un potencial prófugo?

No, no lo hace por eso, prefiere no decidir la causa de fondo, que tiene cajoneada desde hace años, se supone porque la están estudiando, durante años, aunque, por cierto, en los últimos tiempos el nivel jurídico de sus sentencias no parece reflejar semejante profunda meditación.

En lugar de sentenciar, en una cuestión institucional como es nada menos que la coparticipación federal, la Corte decide proceder como si fuese un juicio comercial, dándole provisoriamente la mitad a cada uno. Y al hacerlo sabe que miente, que no lo hace en forma provisoria, porque sabe que no tiene términos para resolver y que ese reparto mercantilista durará hasta que, cuando se le ocurra, quiera resolver la cuestión de fondo y firmar y agregar pulcras fojas de papel blanco a un expediente empolvado de fojas amarillas, oxidadas por el tiempo.  

Como la Corte no tiene términos, eso sucederá el día que quieran sacarla del cajón de las sorpresas, donde guardan sin resolver las causas más increíbles, para plumerearlas cuando lo consideran oportuno. Si, como dice el tango, veinte años no es nada, menos son diez o quince.  

Y ahora se amenaza al ejecutivo acusándolo de incumplimiento de una decisión judicial. Mientras interpone recursos no incumple nada. ¿Pero después, cuando se rechacen los recursos? ¿A qué quiere obligar al ejecutivo? ¿A violar la ley de presupuesto? Si lo hiciese incurriría en un delito de malversación. ¿La Corte no leyó el código penal? No me imagino en posición de defensor de un presidente, debiendo alegar ante un tribunal penal, que es inculpable de malversación, por coacción de la Corte Suprema. 

¿Y por qué la Corte Suprema coaccionaría a un ejecutivo?

Pues, porque se le da la gana.

¿Las decisiones de la Corte y del grupo de jueces protagonistas de estos hechos son antijurídicas? Podríamos perdernos en consideraciones sobre esa calificación conforme a la Constitución. ¿Pero para qué serviría hacer eso, si habría que alegarlo en última instancia ante la propia Corte? Se trataría de un juego en el que alucinaríamos las posibles respuestas de un derecho inexistente por ineficaz, porque no hay nadie ante quien reclamar su observancia. Clamaríamos en el vacío y, por cierto, el vacío no da respuestas; como máximo nos ilusiona con el eco de nuestras propias voces: somos nosotros mismos que nos escuchamos. ¿No será mejor dedicarnos a la jardinería, a la cocina o al origami?

No estamos ante lo antijurídico, sino ante lo ajurídico, ante un vacío de derecho, un hueco jurídico, como si estuviésemos en el pequeño planeta sin gravedad y no podríamos saber si una pluma pesa menos que un elefante; aquí ya no hay nadie que marque lo jurídico y lo antijurídico, estamos en lo ajurídico, o sea, en el caos.

Pero también sabemos que el caos se organiza y la teoría del caos lo ratifica: el caos es inestable y al final se organiza. A veces lo hace en forma impredecible, pero en este caso se trata de lo que la teoría del caos considera un modelo caótico con atractor de punto fijo, así como el péndulo. En este caso, el atractor tiene su punto fijo donde siempre, en el pueblo.

Un vacío de derecho, el no derecho, no lo puede resolver el propio derecho, que perdió eficacia. Lo ajurídico no puede resolverlo lo jurídico, porque precisamente es su ausencia, en un espacio en que, quienes debían dar eficacia al derecho, optaron por hacer lo que les da la gana y vaciaron de derecho el espacio social. El caos debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo.

Lo hará el día que caiga en la cuenta de que este caos que los endeudadores de nuestra patria provocan, con los volcadores de letras, palabras e imágenes llamados periodistas de los medios hegemónicos, la Corte, sus pocos jueces adictos, sus ministerios públicos procesados y amparados en sus fueros, los jueces que guardaron silencio ante la posibilidad de ser nombrados sin acuerdo del Senado y por sugerencia de un prófugo en Uruguay, los diputados que no dan quorum y otros, en realidad los privan de jubilaciones a quienes fueron estafados por sus empleadores, de obras en sus provincias, de gas y electricidad, de comunicaciones, de caminos y universidades, de viviendas, de planes sociales, de mejor salud y educación, de su legislación laboral y de todo lo que un día significó una ampliación de sus derechos, obtenida por obra de sus propias luchas populares. 

El pueblo lo hará el día que caiga en la cuenta de que esta no es una cuestión de discusión de elites políticas, sino de que lo han privado del derecho, de que le han hecho caer en un vacío jurídico, en el que no podrá reclamar nada a nadie, porque no hay nadie a quien reclamarle la observancia del derecho. Se desfondó lo jurídico para privar al pueblo de todo lo que consiguió en doscientos años de luchas populares, de federales, yrigoyenistas y peronistas, de todo eso que significó ampliación de ciudadanía real y que hoy está en peligro de gravísimo retroceso, y que sus principales agresores son todos los que hacen lo que se les viene en gana en el caos del hueco de derecho, de la ajuridicidad por ellos mismos creada.    

En la lucha de los pueblos siempre hay avances, detenciones y retrocesos, pero no por eso debemos perder la confianza en el derecho, pues los pueblos, indefectiblemente, aunque muchas veces sin la celeridad deseada, devuelven el derecho, que es su único amparo ante las elites regresivas.

*Profesor Emérito de la UBA.   

Fuente:lateclaenerevista.com