Por Ricardo Aronskind

El plural y el singular

“Tenemos alimentos, tenemos energía, tenemos litio, exportamos por 90.000 millones de dólares y podemos llegar a exportar muchísimo más”. Nos hemos acostumbrado a este tipo de expresiones, y creemos entenderlas como una demostración del futuro positivo que nos espera, pero…

¿Quién integra ese plural, ese “tenemos”? En concreto: ¿quién “tiene” los alimentos? ¿Quién “tiene” la energía? ¿Quién los exporta? ¿Somos todos? ¿Somos, o son? ¿Cuántos, quienes, dónde son, o somos?

En definitiva, ¿quién recibe en su cuenta bancaria los pagos por los recursos vendidos en el exterior? ¿Quién se apropia de los réditos de esas actividades? ¿Y a quién le ingresarán en el futuro las magnitudes incrementadas de dólares producto de las mayores partidas que “llegaremos a exportar”?

A diferencia de una serie de países (Chile, México, Noruega, Malasia) cuyo principal recurso de exportación está en manos gubernamentales —cosa que garantiza orgánicamente que no vayan a parar automáticamente al bolsillo de una reducida minoría social—, en la Argentina buena parte de los recursos exportables está en manos privadas.

Las sociedades capitalistas modernas –especialmente después de la Segunda Guerra Mundial— establecieron los mecanismos para que a pesar de la existencia de la propiedad privada de los recursos productivos, casi toda la sociedad recibiera parte de los frutos de esas producciones.

El mecanismo para que la riqueza producida no sea embolsada por un reducido sector social no es secreto, ni difícil de entender: son los impuestos que recauda el Estado los que brindan los recursos para mejorar el nivel de vida general de la población.

A través de los mismos el Estado capta una parte de esas ganancias vinculadas a los recursos naturales que están en manos de una minoría y las transforma en infraestructura, vivienda, crédito e ingresos para amplios sectores poblacionales. Si bien esta era una convicción bastante establecida en el capitalismo de posguerra, desde el reaganismo para aquí, esa función reequilibradora del Estado ha sido cuestionada y socavada, precisamente por el capital concentrado.

En el capitalismo de posguerra, en intensa pelea contra el desafío comunista, la forma de “compartir”, la forma de crear un “nosotros” social era a través del pago de impuestos por parte de los sectores pudientes para que hasta el último desamparado pudiera incluirse en el conjunto.

Pero el conservadorismo reaganiano, padre ideológico de las actuales derechas argentinas, es completamente hostil a esta idea impositiva, que rechaza de plano. Con eso no hace sino reflejar los verdaderos intereses del gran capital, pero al mismo tiempo dinamita la idea de un “nosotros”.

En la periferia capitalista latinoamericana, deteriorada y estancada después de la aplicación de las medidas promovidas por el “Consenso de Washington”, se extendió en la burguesía más concentrada un tipo de pensamiento económico-social a tono con el reaganismo-thatcherismo más antisocial.

Sin haber aprendido absolutamente nada de las experiencias catastróficas que promovió y protagonizó, este sector parece haber entrado en la etapa de la rebelión fiscal permanente en la Argentina, rechazando con intransigencia ideológica todos y cada uno de los impuestos, además de haber logrado –de facto— eludir o reducir significativamente su pago en numerosas circunstancias concretas. Detrás de la elite económica, una vasta capa de sectores medios altos y medios comparte esa misma filosofía del salvajismo social.

En nuestro caso, donde las exportaciones están básicamente concentradas en el sector privado, las perspectivas exportadoras podrían ser una muy buena noticia para el conjunto del país, si parte de esas ganancias incrementadas ayudaran a levantar el nivel de vida del conjunto de la sociedad.

Lo notable es que el comportamiento cada vez menos civilizado del capital local –no es casual la aparición de personajes extremistas y antisociales como Milei, o Macri desembozado—, nos lleva a presumir que ese venturoso horizonte exportador podría no tener nada que ver con el futuro de la mayoría de los argentinos.

No sólo porque los privados no quieren contribuir al sostenimiento de la sociedad, negando la realidad de que forman parte de un conjunto que los hace viables. Lo más grave es que han presionado y condicionado desde lo fáctico e ideológico para que el Estado argentino abdique de esa función.

La abdicación

El Estado Nacional está abdicando de su función distributiva y equilibradora por dos vías:

1. por el lado de la incompetencia institucional, es decir, por la incapacidad administrativa de controlar, cobrar los impuestos y castigar a los evasores, y
2. por la vía política: o gobiernan los representantes directos de los intereses privados, que quieren minimizar impuestos y eliminar transferencias hacia las mayorías, o gobiernan partidos de origen popular, que sin embargo renuncian a sostener cualquier enfrentamiento con fracciones privadas en función de reconstituir un “nosotros”.

Cuando decimos sostener algún enfrentamiento no estamos pensando en una situación impulsada por una ideologización radicalizada, sino en la mera voluntad de aplicar la Ley en función de poner límite a las arbitrariedades y abusos económicos y a las transgresiones de la Ley que socavan el sentido mismo de sociedad.

No poder aplicar la Ley también en cuestiones económicas por temor a la reacción de los poderes fácticos vacía completamente el significado de la expresión “Estado de Derecho”.

De hecho, vivimos en un Estado de Facto, debido a que la Ley se cumple o no, según convenga al capital más concentrado. Es lo que ha pasado bajo el gobierno del Frente de Todos, que somete a un baño de resignación a quienes lo hemos votado para que refleje otro espíritu de equilibrio social.

Esa defección política en el manejo de la cosa pública es la que garantiza, precisamente, que no haya un “nosotros” presente, y que todo dato promisorio productivo-exportador a futuro sea risible para una parte importante de la sociedad. Que además, vota.

Cuando se habla del estado de la economía, casi todos tendemos a pensar en números, en datos de producción, inflación, exportaciones, tasa de interés, recaudación, déficit, etc. Pero no se incluye en el concepto de “cómo está la economía” el bienestar de la población. El estado de la población está completamente escindido del uso habitual de la palabra economía.

¿Por qué es esto? Porque es la economía vista desde el capital. En el centro del concepto de economía no están los seres humanos, sino un conjunto de magnitudes que definen básicamente la marcha del proceso de acumulación del capital. Si no se mira la economía desde otro lugar, se terminan subordinando todos los instrumentos a las necesidades del capital, por más antisociales que sean.

Lecciones de Brasil

La enorme hazaña personal de Lula, al derrotar electoralmente a uno de los peores y más peligrosos gobiernos de la historia de Brasil, muestra las severas dificultades que atraviesa Latinoamérica para sacarse de encima al neoliberalismo, que no sólo nos subdesarrolla económicamente, sino que hunde el nivel cultural y civilizatorio de la sociedad a tal grado que se hacen posibles y viables los Bolsonaros. La ignorancia política, la mentira sistemática y la incitación al odio son los materiales con los que se construyen los Frankenstein del fascismo semicolonial.

En torno al PT se tuvo que armar una enorme coalición desde el centro-derecha hasta la izquierda, para tratar de desplazar la barbarie hecha gobierno. Nuevas dificultades se presentarán sin duda en el horizonte, pero la destrucción de la Amazonia, la negación anti vacunas, el desprecio a la integración latinoamericana y el odio hacia las minorías y la izquierda tendrá un corte desde el Estado.

En el terreno socio-económico, Lula ha manifestado que quiere poner un piso al descenso del nivel de vida popular. No se habla ya de redistribución del ingreso, sino de cuestiones básicas, elementales. En su mensaje luego de la victoria, señaló que “es inconcebible que un país como Brasil, que es una de las mayores potencias agropecuarias del mundo, el tercer mayor productor de alimentos y el primero de proteínas animales, no pueda garantizar que todos los brasileños tengan diariamente un desayuno, un almuerzo y una cena”. Y agregó: «No podemos aceptar como normal que millones de personas no tengan qué comer o que consuman menos de las calorías que necesitan».

Es exactamente esto lo que pasa también en nuestro país. Lo “inconcebible” es lo que está ocurriendo. Y la esperanza es que desde el campo popular se alce esa misma y contundente voz y se establezca decididamente un límite al avance del capital sobre los derechos elementales de la población.

Congelamiento

Parece posible que el gobierno establezca un congelamiento de precios durante cuatro meses. Ya hemos señalado en El Cohete que producto del caos promovido por la última corrida cambiaria, las grandes empresas remarcaron como si ya se hubiera producido una gran devaluación en nuestra moneda. Los precios se elevaron hacia niveles desproporcionados en relación a la estructura de costos, lo que llevó al ortodoxo viceministro de Economía a admitir que estábamos frente de niveles de rentabilidad “anormales”.

¿Qué pasaría si se avanzara hacia el congelamiento en el actual estado de precios relativos?

Los precios, que han sido fijados arbitrariamente en función de expectativas desmesuradas, quedarían en ese lugar, cristalizando ganancias desorbitadas. Los salarios, en general bajos, quedarían en ese lugar, salvo que se permitieran reacomodamientos puntuales. ¿Habría alguna ventaja de esa situación? Sí. Frenaría la inercia inflacionaria, lo que es muy importante para operar sobre otros factores. Para los sectores populares, soportar una inflación del 2% mensual sería mejor que una del 7 u 8%. Habría también alivio en sectores medios, pero la inflación reducida no borraría el proceso redistributivo regresivo que se produjo en los últimos meses. Una inflación menor permitirá también reducir la tasa de interés demandada por los prestamistas del Estado, y la que se aplica al sector productivo y al crédito personal. Quizás también sea un primer paso para empezar a desmontar la gigantesca deuda pública en pesos.

Es decir, se congela una situación distributiva mala, pero se generan condiciones más favorables de gobernabilidad económica. Reduce la polvareda inflacionaria y permite pensar mejor cómo están las cosas y detectar con mayor claridad los enormes bolsones de renta monopólica –productiva y financiera— que tiene que soportar la mayoría del país.

¿Por qué no habrían de aceptar el congelamiento las mayores corporaciones? Porque no aceptan ningún tipo de condicionamiento por parte del gobierno, sería su única razón. La postura ideológica liberal extremista que vienen sosteniendo los lleva a rechazar cualquier límite regulatorio, incluso si este implica una consolidación y naturalización de su poder en el mercado.

Hay que aclarar que esta es una tendencia universal del capital, no aceptar ningún límite. Pero no en todos lados esta tendencia se puede expresar tan burdamente, porque encuentra trabas sociales, políticas, culturales o institucionales. En la Argentina pareciera que todas esas limitaciones se están evaporando, o van camino de hacerlo.

Para que el congelamiento tenga resultado —a pesar del excelente punto del que se partiría para el capital concentrado—, el gobierno deberá estar dispuesto a ejercer el Poder de Policía. Pero este gobierno se ha distinguido precisamente por su renuncia a hacerlo. Declaraciones del ministro Massa y del Secretario de Comercio Tombolini aluden a la disposición de las autoridades económicas a aplicar severas sanciones a los que violen las normas que se establezcan.

Puede parecer “astuto” amenazar con aplicar la Ley para obtener determinado resultado político, sin proponerse aplicarla en realidad. Dados los resultados logrados mediante el “diálogo” sin ningún tipo de amenaza creíble, lo más recomendable es formular amenazas creíbles y cumplibles.

De lo contrario, los formadores de precios se matarán de risa, como frente a cada una de las políticas que en ese sentido implementó este gobierno. Massa tiene en su contra la falta de credibilidad de la amenaza gubernamental a la que los acostumbró el estilo albertista de eludir la confrontación.

Aquí se juega un tema clave para la gobernabilidad económica en los próximos meses: ¿es el gobierno capaz de sancionar a algún actor económico poderoso?

Y si lo hace… ¿las corporaciones se unirán contra el gobierno bajo la consigna “si tocan a uno nos tocan a todos”?

Si el gobierno es capaz de sancionar a algún sector empresarial abusivo se acercaría algunos centímetros a la idea del Estado como un “capitalista ideal” que busca preservar la buena salud del sistema en el largo plazo, para lo cual tiene que chocar puntualmente con sectores o fracciones particularmente depredadores o hostiles a la necesaria paz social.

Lamentablemente la conducción de Alberto Fernández fue una pedagogía política de la falta de voluntad disciplinadora estatal. No se usaron siquiera los recursos legales de los que se dispone, para no perturbar a los abusadores y a sus medios de prensa. En la práctica se termina sacrificando a las propias bases sociales del gobierno, confiando en que “están en el bolsillo” del Frente de Todos. Y no lo están.

La abdicación desde el Estado de aplicar la Ley sólo consolida las posiciones de fuerza que se ejercen en la sociedad, y va configurando un verdadero Estado de Facto, con un Poder Judicial que convalida y apaña al poder económico, con consecuencias muy perversas para la mayoría del país. Se aceptan como naturales las formas características del capitalismo de rapiña, que la burguesía periférica llama “el verdadero capitalismo”. No es la rapiña ni la depredación a su propia población, y mucho menos la subordinación a otros capitalismos, la razón central del desarrollo del capitalismo norteamericano.

El error político que no se debe cometer es suponer que este estado de cosas puede seguir eternamente de esta forma. Está demostrado que seguir los caprichos sectoriales de los hombres de negocios desordena la macroeconomía y agrede a la sociedad.

El caos creciente que provoca la ausencia de un Estado que organice y dirija la sociedad hacia un rumbo previsible, genera un vacío social creciente que promoverá un fuerte reclamo de orden. Dado el nivel de despolitización debemos aclarar: de cualquier orden.

Al orden habrá que llegar.

Podrá ser por la vía de la represión y el autoritarismo, encarnado en la derecha local y sus lamentables candidatos. O podrá ser por la vía de una opción política capaz de  introducir racionalidad y humanidad en el desarrollo argentino. Una opción dispuesta a ejercer el poder y a hacer cumplir la Ley.

Orden con salvajismo. U orden con progreso.

Fuente:www.elcohetealaluna.com