El nuevo programa de "Precios Justos" que quiere llevar adelante Sergio Massa para empezar a bajar la inflación encontró fuertes resistencias en las empresas. La respuesta del sector privado fue contundente: aseguraron que es "totalmente inviable" avanzar con un etiquetado de envases con el precio del producto y mucho menos mantenerlo invariable por 90 días.

Las compañías alimenticias se enteraron el domingo sobre la existencia del programa con el nombre de "Precios Justos". Ya venían hablando desde la semana pasada con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, sobre la necesidad de implementar con las grandes fabricantes de alimentos y bebidas algún esquema que permitiese bajar la inflación en los próximos meses. Sin embargo, recién el fin de semana se conocieron las intenciones del equipo económico en relación a un virtual congelamiento "acordado" de precios al menos por tres meses. Según el planteo de los funcionarios, la intención sería implementarlo desde el 1 de diciembre al 28 de febrero.

La iniciativa cayó como un balde de agua fría en la Copal, la entidad que agrupa a las compañías alimenticias, donde confluyen las multinacionales y las pymes.

En reuniones que ya se mantuvieron ayer con Tombolini, las empresas manifestaron que no resulta posible ponerle precios al envase, incluso desde el punto de vista de la planificación industrial. En primer lugar porque existen todo tipo de productos y envases, desde cartón hasta hojalata o plástico. Pero además a partir de febrero las empresas tienen la obligación de agregar etiquetas para cumplir con la ley de alimentación saludable. "A duras penas las alimenticias están llegando para el año que viene con esta exigencia. Agregar etiquetado de precios es directamente imposible", le señalaron los empresarios al funcionario.

En las empresas recordaban ayer la experiencia de la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que también en su momento propuso el precio en el envase: "La idea era hacer una experiencia en solo 60 productos. A los 4 meses solo el 70% de ese pequeño listado tenía el etiquetado. Esto dejó en claro que resulta imposible de implementar, mucho menos en tan poco tiempo y en el contexto de inflación actual".

Por otra parte, los aumentos salariales están a la orden del día, impulsados incluso desde el propio Estado. Esto complica todavía más cualquier intento por congelar precios por un periodo de tiempo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por ejemplo, acordó un 90% de aumento para los estatales de la provincias. Es una forma de avalar las exigencias cada vez más fuertes de los sindicatos.

El peligro es generar una olla a presión que históricamente terminó muy mal. Si los precios de los alimentos se congelan (más allá de colocar o no los valores en los envases) y los costos siguen aumentado a una velocidad crucero de 6 ó 7% mensual, al momento del descongelamiento puede producirse una estampida de precios que dejaría a la inflación uno o dos escalones arriba de los niveles actuales.

 Otro de los aspectos que mencionan las alimenticias es que no son culpables de la inflación persistente: "En realidad, en el rubro alimentos lo que más suben son los productos frescos. Tendrían que ponerle una etiqueta a los huevos, los tomates o la cebolla, que este año vienen subiendo mucho más que el promedio. En cambio, los alimentos industrializados venimos por debajo en lo que va del año".

Por el momento, y más allá de las promesas sobre un acuerdo de precios consensuado, no hubo reunión alguna con el sector sindical para pedirle que modere sus reclamos salariales. En el sector de la alimentación, por ejemplo, en la reapertura de paritarias del año otorgaron un incremento con una pauta del 71% anual, que igual ya se estaría quedando corto.

Uno de los aspectos que más sorpresa generó en el mundo empresario es que el propio Massa había manifestado desde Washington su postura contraria a los congelamientos de precios. Incluso el FMI tampoco ve con buenos ojos estas prácticas, ya que exige que se aborde la problemática sobre todo con políticas fiscales y monetarias.

En Economía insisten en la necesidad de atacar las expectativas inflacionarias, es decir reducir la proyección de inflación de cara al 2023 que hacen tanto las empresas, los sindicatos y los consumidores. El peligro es que estos intentos de congelamiento podrían generar un efecto adverso, es decir que se aceleren las remarcaciones ante la posibilidad de no poder tocar los precios por una determinada cantidad de meses.

Fuente: www.infobae.com