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OPINIÓN

19 de diciembre de 2021

Fuga, impunidad y justicia infame: 20 años igual

La impunidad precedió el primer asesinato del 20 de diciembre, acunó el saqueo financiero que derivó en el corralito y protegió los negociados palaciegos que disparó el "que se vayan todos". Los rasgos de aquella Argentina injusta que aún perduran.

Por ADRIÁN MURANO

La mañana del 20 de diciembre de 2001, Gustavo Benedetto transitó las pocas cuadras entre su casa y el trabajo con un nudo en la garganta. En su mente repicaban las imágenes que la tele emitía desde la noche anterior: millares de argentinos avanzando sobre la Plaza de Mayo para gritar su bronca y exigir la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hacía una semana que Gustavo trabajaba como repositor de verduras en el Día de su barrio, en Tablada. Una alegría después de un tiempo bravo: el cáncer le había arrebatado a su papá y lo dejó como único sostén económico de su hermana y su mamá. A poco de iniciar la rutina diaria sobrevino una escena de terror: enardecidos por años de carencias y bronca atragantadas, un grupo de vecinos saqueó el local. Gustavo se retiró convencido de que había sido su último día en un trabajo que le había llevado meses conseguir.

La angustia de Gustavo mutó en indignación. De vuelta en su casa se reencontró con su mamá, su hermana y la tele sintonizada en otra marcha hacia la plaza. Gustavo llamó a sus amigos para que lo acompañaran a la protesta. No los localizó. Pero aún así decidió partir a Plaza de Mayo en un colectivo de la línea 126. 

La reconstrucción que sigue consta en un expediente judicial:
-Apenas pasadas las 16:00, Gustavo baja del colectivo en 9 de julio y camina en dirección a Plaza de Mayo haciendo zig zag por las calles de Monserrat. 
-A las 16:27 llega a la intersección de Avenida de Mayo y Maipú. Se escuchan las primeras detonaciones. Son disparos que provienen desde la sede del Banco HSBC. Una cámara externa capta un grito lejano: “¡Tiren, carajo, no sean cagones!”. De inmediato se escucha otra voz, con mayor nitidez: “¡Están tirando desde adentro!”.
-A las 16:28, una ráfaga con más de 60 disparos surge de la entraña del banco. Son 27 segundos de estruendo y horror. Un proyectil perfora el cráneo de un muchacho flaco y alto que cae fulminado en la acera. En ese instante, Gustavo Benedetto, de 23 años, se convierte en la primera víctima fatal de una jornada que marcaría a sangre y fuego a la Argentina.

La historia que antecede y sucede al homicidio de Benedetto tiene rasgos reconocibles con lo que pasa hoy. Su muerte, por caso, sigue impune. Las pruebas fílmicas y los testigos apuntaron desde el inicio al Teniente Coronel (R) Jorge Varando, entonces jefe de seguridad de la sede y el edificio HSBC, como el autor material del asesinato. Los videos lo muestran empuñando su 9 mm en dirección a Benedetto, y testigos reconocen su voz en la arenga que invita a sus secuaces -otros empleados de seguridad privada y efectivos policiales- a abrir fuego contra los manifestantes. Pero pese a las evidencias, y luego de una largo proceso plagado de irregularidades, en 2004 la bochornosa Corte Suprema de la “mayoría automática” determinó que primaba el beneficio de la duda por no haberse hallado el casquillo servido de la bala que asesinó a Gustavo. Para que quede más claro: Julio Nazareno y su banda exculpó al militar porque no se encontró un pequeño fragmento de metal en medio de un aquelarre de represión y revuelta popular. 

No fue la única vez que Varando resultó beneficiado por la infamia judicial. Graduado en la escuela de las Américas -donde Estados Unidos entrenó a los genocidas de América Latina en los ´70-, su nombre apareció entre los militares denunciados por organismos de derechos humanos por su desempeño en el destacamento 103 de inteligencia del Ejército durante la dictadura cívico-militar. Pero quedó al amparo de las leyes de obediencia debida y punto final dictadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, que lo mantuvo en actividad. 

En enero de 1989, ya con el rango de mayor, Varando participó en la recuperación del cuartel de La Tablada, tomado por la fuerza por integrantes del Movimiento Todos Por la Patria. Miembro de las fuerzas regulares a cargo de recuperar el regimiento, Varando participó de la detención de los militantes Iván Ruiz y José Díaz, capturados vivos pero informados como desaparecidos tras la recuperación del cuartel.  La verdad demoró 30 años en ver la luz. Durante ese tiempo, las fuerzas armadas impusieron su versión de que Ruiz y Díaz habían huido del regimiento durante la batalla. Testimonios y evidencias sugerían otra historia: que ambos habían sido capturados, fusilados y quemados por personal militar a cargo del mayor Varando y del general Alfredo Arrillaga. Ambos fueron imputados y sobreseídos por prescripción en un expediente que no investigó nada. Recién en 2019, a tres décadas del hecho, el reportero gráfico Eduardo Longoni hizo pública una fotografía que puso la historia en su lugar: en la imagen se aprecia el momento exacto de la rendición y detención de Ruiz y Díaz.

La foto sirvió para reabrir el caso, pero a esa altura Varando ya había fallecido.  Y el daño ya estaba hecho: el ex militar debió haber estado cumpliendo condena por el fusilamiento de Ruiz y Díaz -o antes, por los crímenes de la dictadura- cuando un disparo mató a Benedetto. ¿La bala partió del arma de Varando? Todo indica que así fue, pero nunca habrá certeza judicial, ni mucho menos justicia.

Banco de sangre

A pesar de las pruebas abrumadoras contra Varando -o quizá precisamente por eso-, el HSBC sostuvo al militar como Jefe de Seguridad hasta el día de su jubilación. Todo un gesto. El HSBC es uno de los bancos más poderosos del planeta. La entidad, de origen inglés y presencia global, atiende a Estados, clientes corporativos y al público en general. Desde sus comienzos -fue fundado en 1865 para enjuagar dinero sucio proveniente de la Guerra del Opio-, las siglas del Hong Kong Shangai Bank aparecieron asociadas a distintas actividades criminales, como el lavado de dinero, el fraude fiscal, el encubrimiento de activos y los negociados de deuda. 

En 2014, por caso, el ex empleado del HSBC Private Geneva, Hervé Falciani, hizo pública información referida a operaciones sospechosas de 130 mil clientes, cometidas entre 2006 y 2008 en la sucursal helvética. Los datos terminaron en poder de las autoridades tributarias francesas, que de ese modo pudieron reclamar impuestos evadidos y recuperar 1200 millones de euros. Al detectar la presencia de contribuyentes de otros países, Francia decidió compartir la información con sus pares en Italia, España y la Argentina.

La AFIP obtuvo entonces datos referidos a empresarios, banqueros, políticos, jueces y futbolistas argentinos con operaciones sospechosas, cuanto menos, de evasión fiscal. A primera vista saltaba el escándalo: la lista contenía nombres de 4040 clientes, pero hasta el año 2013, apenas 125 contribuyentes habían decarado tener cuentas abiertas en la entidad helvética ante la AFIP. 
Domicilios en Argentina, números de contacto, actividades desarrolladas, profesión, tipo de vínculo con el banco, mails, visitas al paraíso europeo, comunicaciones personales, saldos y movimientos de las cuentas y las relaciones con los intermediarios, apoderados así como los beneficiarios efectivos (familiares), son algunos de los detalles que figuran en las “fichas” ventiladas por Falciani. La información ofrecía apenas una foto de las cuentas activas al 2006, pero aún así la agencia pudo mensurar el daño fiscal por impuestos impagos: unos 62 mil millones de pesos, entre tributos evadidos, multas e intereses. 

La lista aportada por las autoridades francesas incluía nombres rutilantes del mundo empresario, como los de Amalia Lacroze de Fortabat, ex dueña de Loma Negra; su nieta, Amalia Amoedo; Raúl Moneta, ex dueño del Banco República; el banquero Sebastián Eskenazi; el “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel; el productor agropecuario Adolfo Grobocopatel; Natalio Garber, ex dueño de Musimundo; Alfredo Román, empresario de logística y construcciones; Ricardo Chiantore, titular de la empresa de grúas de la ciudad de Buenos Aires SEC, y su padre, José Ricardo Chiantore; y el empresario farmacéutico Alfredo Roemmers, entres otros.

En la lista también aparecen directivos del banco HSBC, como el entonces CEO de la entidad, Gabriel Martino. El banquero, junto a una veintena de directivos, fue acusado además por la AFIP de haber facilitado la evasión de los 4040 clientes sospechosos mediante mecanismos de lavado de dinero y encubrimiento patrimonial. Luego de siete años de “investigación”, el pasado 14 de diciembre la jueza María Verónica Straccia sobreseyó a los directivos del HSBC. “No se han probado conductas activas de ‘administración’ y ‘aplicación’ (de bienes provenientes de un delito) por parte de los directivos y funcionarios de HSBC BANK ARGENTINA SA, ni por parte de los representantes legales y apoderados locales de las casas de representación”, dice el fallo de 621 páginas firmado por Straccia. Un detalle político: la causa tomó impulso en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner -con quien Martino profesaba una pública y manifiesta antipatía- y languideció durante el gobierno de Mauricio Macri, íntimo de Martino y múltiple benefactor del HSBC.

Era natural que semejante nivel de promiscuidad exhibiera secuelas. Tras la salida del macrismo, las nuevas autoridades de la UIF detectaron que el organismo había evitado sancionar por lavado al HSBC, luego de que el banco hiciera la vista gorda con una maniobra sospechosa del narco colombiano Jesún Londoño, alias “Mi Sangre”.

El hallazgo en la UIF provocó una denuncia contra las autoridades macristas que tramita en el fuero federal, aunque no conviene albergar esperanzas: el Poder Judicial argentino suele ser sensible a los intereses de los dueños del dinero.

Esa sensibilidad se aceitó durante años de relaciones incestuosas entre el poder económico y el poder judicial, que en los últimos tiempos hizo cumbre con la incorporación de Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema. Abogado de corporaciones económicas, Rosenkrantz aceptó ser insertado por decreto en el máximo tribunal. El escándalo alteró la estrategia, pero no el resultado: el profesional se transformó en magistrado con el acuerdo del bloque peronista del Senado, presidido entonces por Miguel Ángel Pichetto. Curiosidades de la historia: en abril de 2019, el HSBC de Martino organizó un viaje de Pichetto a Nueva York para que el senador -todavía en el PJ- defendiera la gestión de Macri ante inversores y otros estamentos del poder real. En ese viaje nació la fórmula Macri-Pichetto, que perdería la elección presidencial unos meses después. A último momento, Rosenkrantz desistió de viajar a la Gran Manzana junto al senador Pichetto y al asesor de Macri, José Torello, por “cuestiones de agenda”.

Fuga libre

“No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera” dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 10 de diciembre. Aludía al persistente proceso de fuga de divisas y saqueo financiero que explica la “crisis de restricción externa” que periódicamente obtura el crecimiento que precisa la Argentina para salir del pozo en el que está. Macri, por supuesto, colaboró a apretar el corset con un endeudamiento récord e impagable, pero el problema es de vieja data: desde que la dictadura impuso a sangre y fuego el modelo neoliberal, la sangría de divisas es la canaleta por la que se escurren los intentos de transformar una economía extractivista y altamente concentrada en un modelo de desarrollo productivo, equidad distributiva e  inclusión social.

Pocas veces se apreció el impacto social de la fuga de divisas como en la crisis de 2001. Por efecto de la “convertibilidad”, la canilla libre de divisas vació el sistema financiero y derivó en el “corralito” que propició el estallido. Pero no todos los argentinos perdieron con aquella implosión. Quienes fugaron su dinero a tiempo, lograron preservar -y hasta incrementar- su patrimonio en medio de la tormenta. 

Según el informe de la Comisión de Fuga que el parlamento creó sobre las esquirlas del 2001, en el año previo al estallido unas 7.015 empresas realizaron 53.474 operaciones de transferencia al exterior por un total de 26.128 millones de dólares. El monto promedio por operación fue de 488.620 dólares.

Aproximadamente el 18 por ciento de esas empresas transfirieron un millón de dólares o más. Diez bancos concentraron casi el 70 por ciento de las operaciones que involucraron a empresas, y el 84,51 por ciento de los montos transferidos al exterior. 

Por cierto, los bancos no sólo colaboraron con la fuga de capitales ajenos. También sacaron del país fondos propios, a través de dos mecanismos: la remisión de utilidades y la cancelación de líneas de crédito del exterior. Entre enero y septiembre remitieron a sus casas centrales utilidades por 284 millones de dólares, un 61,3 por ciento más que en igual período de 2000. Más aún: hasta septiembre las ganancias enviadas a las matrices representaban un 36,5 por ciento más que las utilidades y dividendos sacados del país durante todo 2000.  

Semejante incremento en el giro de utilidades al exterior, entre otras maniobras de fuga, fue permitido por autoridades monetarias y políticas que luego, con el tanque casi vacío, aplicaron el “corralito” como torniquete, transfiriendo el peso y el costo de la crisis a la población general. 

Todos los protagonistas de aquella historia de saqueo siguen impunes. Al igual que el crimen de Gustavo Benedetto, que murió sin saber el origen profundo del desastre que lo llevó a esa esquina mortal.

Si la historia de saqueo e injusticia no cambia, su muerte, como la de los 39 mártires de diciembre de 2001, habrá sido en vano.

Fuente:www.eldestapeweb.com

 

 

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