14 de abril de 2013
Camau y Ricardo hacen su juego
UN FINAL DE BANDERA VERDE. El encuestador oficial del Gobierno de Corrientes confirmó que esta elección será algo más que reñida. Según Zuleta, si las elecciones fueran hoy, Colombi estaría cinco puntos arriba. En los hechos, un empate técnico que muestra una acentuada polarización con final abierto y muy poco margen de error para los dos actores excluyentes de la pelea de fondo.
A menos de seis meses de la elección, los dos principales actores de la disputa electoral queman las naves en medio de vientos huracanados propios de una pelea a todo o nada. El poder central sigue dando algo más que señales de que viene por todo, en tanto que Colombi redobla la apuesta con un discurso fuertemente crítico para con el Gobierno nacional. Todos los sondeos marcan una acentuada polarización imposible ya de revertir. La irrupción de un tercer espacio pierde fuerza. El propio Mauricio Macri dejó en claro que en Corrientes no hará bailar su trompo; en tanto que Nito Artaza baja progresivamente su perfil a la espera de tiempos mejores. Eduardo Tassano salió al ruedo creando expectativas, mientras que los liberales se dirigen a repartir los tantos en las elecciones del 29-S.
En Corrientes, los tiempos se han anticipado varios meses a partir del llamado a elecciones internas en el peronismo, que finalmente concluyó con una fumata inesperada que terminó por abroquelar a las expresiones mayoritarias del partido en el apoyo al delfín presidencial.
La unificación del justicialismo modificó el escenario electoral al punto que a partir de ahí todas las miradas se volvieron sobre los nuevistas y los liberales, dos expresiones políticas que con intendencias incluidas son socios importantes para cualquiera de los dos frentes mayores. El liberalismo, como era de esperar, sufrió las contradicciones que trae aparejada la política de alianzas, con algunos que pretenden llevar a la fuerza celeste hacia el cristinismo, y otros que pugnan por mantenerla en la alianza gobernante. La mayoría de los intendentes y los legisladores parece encolumnada en la segunda opción; aunque la fuerza, por momentos arrolladora, de la ofensiva nacional parece apuntar al voto liberal más que a las segundas y terceras líneas habitualmente acostumbradas a respetar la orgánica partidaria. Josefina Meabe finalmente jugó sus fichas en un pleno que sólo el tiempo dirá si los costos están en correspondencia con la posición asumida y sus beneficios, aunque algunos apegados a los principios de la centenaria agrupación no dejan pasar lo que consideran actitudes oportunistas que desandan una tradición históricamente mantenida por el liberalismo. No faltan quienes aseguran que el entuerto no es más que fuego de artificios que esconde el deliberado propósito de ampliar las bases de sustentación de una agrupación que sin tantos votos se las ha ingeniado en los últimos años para mantener una preponderancia en el escenario electoral de la Provincia, mientras otra fuerza aliada, integrante en su momento del otrora poderoso Pacto aparece languideciendo con tres expresiones coloradas en la vidriera. El sector de Marcelo Chaín, el de Manuel Sussini, y el sector romeroferista en el que ahora asoma Juan Alberto como expresión de un recambio generacional que apunta aggiornar al Partido de Vidal en su expresión orgánica. En el PaNu, la decisión de impulsar una candidatura propia pareció zanjar las diferencias internas y puntos de vista variados respecto a los encolumnamientos. La figura de Nora Nazar cobró una fuerza casi inesperada, alentando la idea de fortalecer la identidad partidaria y canalizar el voto del conservadorismo en un tercer espacio cuya consolidación parece a esta altura difícil en términos de la masividad electoral. En este punto se abre una de las cuestiones trascedentes de la política, que pasa por saber diferenciar lo que implica acuerdos de superestructura de lo que es la capacidad para perforar la indiferencia electoral de poco más de 720.000 correntinos en condiciones de votar. En una elección en la que un tercer espacio necesita no menos de quince millones de pesos para hacer un digno papel, no puede obviarse el relevamiento previo de un sondeo electoral con alcance provincial que sale no más de sesenta mil pesos y que permite con claridad medir las reales posibilidades electorales, ponderando las debilidades y fortalezas, y la banda de crecimiento de los posibles candidatos. A esta altura pareciera claro que la disyuntiva está planteada en un escenario de acentuada polarización electoral, que a la vez tiende a acentuarse dejando a cualquier tercera opción como el jamón del sándwich entre dos poderosas estructuras que representan al Gobierno nacional y provincial como actores excluyentes de la pelea de fondo. EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA MIRA PUESTA EN LA JUSTICIA DE CORRIENTES Nada menos que el Presidente de la bancada de senadores admitió en las últimas horas que la Justicia de la Provincia está bajo observación, y anticipó que en días más se producirían citaciones por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Reveló que una cuestión de formas fue la razón de la ausencia, anticipada por este medio, de los camaristas libreños, y terminó dando la pauta cierta de que la decisión final está en manos del poder presidencial. Desde el Gobierno provincial se admitió como posible que desde la Nación se avance sobre la Justicia provincial. Colombi habló de extorsión y dijo que el Poder Judicial de Corrientes está amordazado y bajo amenaza. En este marco debe interpretarse el cambio de actitud de un juez del Norte de la Provincia, que en la noche del jueves firmó una resolución, cautelar incluida, ordenando que la interna liberal se haga. Horas después, el mismo magistrado volvió sobre sus pasos. La decisión, aunque firmada, nunca se notificó y no tuvo por tanto virtualidad ni eficacia jurídica. A la hora de la verdad, los jueces miran de reojo la balanza del poder. “Nadie corta la rama donde está parado”, graficó una fuente ligada al juez en cuestión que se las vio en figurillas para dar explicaciones. En este marco se inscribe además la cautelar firmada por la juez de Instrucción Betty Agrasso, que ahora el Gobierno espera revertir con un fallo revocatorio de la flamante Cámara del Crimen. Se asegura en los mentideros políticos que el Tribunal de Apelaciones, aunque en voto dividido, dejaría sin efecto la cautelar de la magistrada que ordenó la reposición del servicio eléctrico en la Comuna capitalina. EL PANU, EN SUS TRECE En las últimas horas, el ex gobernador, Tato Romero Feris confirmó que los nuevistas trabajan sobre la posibilidad de impulsar a Nora como candidata a la Gobernación. También lo hizo el diputado Omar Yung, que admitió una apertura tanto hacia el kirchnerismo como hacia el Gobierno. Tato, por su parte, por primera vez reconoció que hay diálogo abierto con la UCR gobernante, luego de que semanas atrás desmintiera el cónclave que en su domicilio lo reunió con el mandatario provincial, asado de por medio. Aun así, en el nuevismo hay una decisión que se mantiene firme. En su momento determinó la negativa a avanzar con los créditos. Esa decisión pasa porque cualquier acuerdo con el Gobierno debe suponer que previamente haya una decisión política de hacer una purga en la cúpula tribunalicia, algo que la alianza gobernante ha asumido como una condición sine qua non puesta por Romero Feris, quien en este aspecto es considerado un hueso duro de roer, haciendo honor al apodo de “Mula” que le pusieron sus propios correligionarios del pacto dos décadas atrás. En este contexto, Ricardo parece consciente de que una sostenida acción de pinzas, por un lado, del Gobierno federal; y por otra, de sus propios aliados en ECO lo terminaría obligando a sacrificar algunas piezas para tratar de salvar la institucionalidad para lo que se ha entrado en tiempo de descuento, de decisiones que no admiten cavilaciones cuando lo que se quiere es evitar males mayores. “Ojala no debamos llegar a la Intervención”, arriesgó días atrás el diputado nacional, Fabián Ríos. El senador Pichetto admitió que el Gobierno tiene en observación a la Justicia de Corrientes dando crédito a la información publicada por EL LIBERTADOR nueve meses atrás, cuando reveló que la Justicia estaba en la mira. En el ínterin, nada se hizo desde la Provincia para disipar la posibilidad de que finalmente sea el Gobierno federal quien deba corregir las graves anomalías que muestra el servicio de justicia en Corrientes. Una decisión que está en manos de la Presidenta, que es quien manejará los tiempos en los que habrá, o no, respuestas. El tratamiento de los proyectos de democratización a escala nacional muestra la fortaleza en los números parlamentarios. No caben dudas de que la cuenta regresiva se ha abierto para las soluciones que puedan darse en el marco provincial. Por aquello de que no hay dos sin tres, no pocos son los que vaticinan que una vez más serán los propios correntinos los que creen las condiciones para una tercera intervención al Poder Judicial de la Provincia. La del ‘92 y la del ‘99 son antecedentes aún frescos en el recuerdo. LA VUELTA DE CODELLO El 18 de marzo, al cumplirse un año de ausencia el Ministro libreño se reintegró al Superior aventando las recurrentes versiones sobre una inminente salida. Días después volvió a hacer uso de licencia médica, por una neumonía que sorteó con éxito produciéndose en las últimas horas su reincorporación. LA AFIP PONE EN JAQUE A LA CÚPULA TRIBUNALICIA En un acuerdo extraordinario, el martes el Superior consideró un pedido de informes de la Afip relacionado con la plantilla salarial, y las retenciones realizadas a agentes del Poder Judicial conforme a la normativa de la DGI. La Corte provincial reaccionó de manera inesperada al rehusar al pedido de colaboración, motivando que las actuaciones queden en manos del Jefe de la Región Resistencia, que podría pedir a la Justicia Federal el allanamiento de la sede tribunalicia para acceder a la información solicitada. MÁS ALLÁ DE LA INUNDACIÓN El desastre trágico y meteorológico en La Plata dificulta análisis desapasionados y es escenario de especulaciones y miserias humanas alrededor de ciertos escenarios políticos. La Plata no es ajena a las inclemencias climáticas; el tema del desborde de arroyos es un lamentable “clásico”. En 2003 hubo un aviso importante que generó tantos evacuados como el temporal del martes 2. Y en 2008 los daños materiales, en el Norte del distrito (City Bell y Villa Elisa) parecían instalar la agenda para un plan maestro hidrológico. De hecho, la gestión de Pablo Bruera analizó esta cuestión, tras lo sucedido en 2008. Pero el plan maestro, dijeron, costaba mucho dinero en consultorías y en ejecución. Se pidió ayuda a la Provincia, que no se cristalizó. La clave histórica parece estar en el proyecto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, a cargo de los profesores Osvaldo Romanazzi y Arturo Urbiztondo. El proyecto, incluido en los Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Ambientales de la Cuenca del Arroyo del Gato tuvo el objetivo principal de proporcionar una herramienta de evaluación y seguimiento del sistema de evacuación pluvial de la cuenca del citado arroyo, cuando la misma se ve sometida a precipitaciones pluviales de mediana y gran intensidad. El informe justificó la ejecución del plan, “dada la trascendencia de los problemas generados por las precipitaciones intensas en esta zona, la cual comprende a la mayor parte de la superficie del casco urbano y, por ende, la que alberga a la mayoría de la población platense”. “En el área de influencia descripta, -indica el documento académico- ante la ocurrencia de eventos extremos de precipitación, los vecinos y todas las actividades que allí se desarrollan padecen las consecuencias de inundaciones frecuentes de calles y edificaciones en zonas bajas aledañas a los cursos o sus entubamientos. Se estima que en esta cuenca habitan en la actualidad unas 400.000 personas, con un porcentaje de urbanización de alrededor del 50 por ciento”. Y, en este resumen, se resalta la conclusión: “Las intensas precipitaciones ocurridas en enero del año 2002, pusieron en situación de grave colapso el sistema de desagües, generando la consiguiente preocupación de la comunidad y del Municipio ante la probable repetición de un evento similar o mayor. Aun más, sin llegar a considerar esa situación extrema, se comprobó, en varias oportunidades, que el sistema actual presenta deficiencias en la evacuación aún con lluvias de menor intensidad, por lo que se hizo necesario encarar un estudio exhaustivo que detectara las principales causas de tales deficiencias”. El año de producción del informe fue 2003. Ante tal diagnóstico, el entonces intendente municipal y actual ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, hizo un canal aliviador y algunas obras menores. Todo parece insuficiente a la luz de lo ocurrido. Asimismo, el actual jefe comunal, Pablo Bruera también recibió en 2007 un informe hidrológico actualizado, meses antes de la inundación de 2008. Pero sólo se atinó a comentar la impresionante erogación presupuestaria y la necesidad de ayuda de la Provincia. Ahora, cuando las aguas pluviales se llevaron 51 vidas y un desaparecido -según el saldo oficialmente informado por estas horas- hay importantes pases de factura, ya no políticos, sino de vecinos, dirigentes institucionales y vecinales, por la falta de explicaciones. También se reclamó contra el estado ausente del martes, cuando la inundación iniciaba su obra trágica. No hubo rescates, no hubo bomberos ni policías en los lugares donde más se los necesitaba. Un párrafo aparte merece la gestión municipal y provincial. Mientras la primera no daba muchas señales de presencia territorial -según el testimonio vecinal, Scioli intentó reemplazar esa falencia. La condición de La Plata como sede del Gobierno provincial presionó para que, ante la ausencia municipal, Scioli debiera asumir un rol protagónico. En La Plata se sufre el temporal y no se habla de otra cosa. Toda preocupación pasa por consultar la situación de parientes, amigos y allegados. Hay conciencia, en quien salvó sus pertenencias y su vida, de acudir solidariamente a un centro de donaciones o a un vecino cercano. Mientras tanto, hay sectores políticos locales que piensan en presionar al intendente platense, Pablo Bruera para que apure su renuncia, atribuyéndole desidia y especulación. En el centro de la escena política parece estar la discusión acerca de la cantidad real de víctimas. Circularon, mediante muchas usinas de rumor, versiones sobre la existencia de más de un centenar de muertos o de igual cantidad de cuerpos sin identificar. Pero a la hora de pedir que alguien dé la cara para dar la información, las fuentes no aparezcan. La única discusión mediática y con mucho ruido fue del ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, con un Defensor Oficial que aseguraba que había, al menos ocho víctimas más que las reconocidas a nivel oficial. Por el momento, en medio de la crisis, hay un claro silencio en una gran parte de la dirigencia política platense y provincial. Almacenan energías para plantear el debate cuando efectivamente pase la desesperación de la urgencia. EN EL PJ PORTEÑO LAS MUJERES VAN POR MÁS… Tal vez sea por el influjo del liderazgo partidario de Cristina Fernández o por esa moda del discurso de género que se ha instalado en el universo político. Pero más allá de la búsqueda de explicaciones, la realidad muestra que, al menos en el peronismo porteño, la pulseada por las principales candidaturas de cara a octubre aparece concentrada en una disputa casi exclusiva entre mujeres. Todas figuras femeninas apadrinadas por hombres fuertes del Ejecutivo nacional, que a su vez libran sus propias batallas por el reparto de poder dentro de las filas kirchneristas. La danza de nombres es amplia y abarca desde funcionarias con escasa trayectoria en el terreno político hasta dirigentes con años de militancia, pasando por referentes de partidos aliados y hasta representantes del mundo del espectáculo y la farándula. Todas pugnan por obtener la bendición de Cristina, un objetivo que -consienten- dependerá en buena medida de sus respectivos padrinos y también de su propia performance en los sondeos de opinión que ya encargó la Casa Rosada. A principios de marzo, los sectores del PJ capitalino que responden al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, lanzaron al ruedo el nombre de la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, para encabezar la lista partidaria de candidatos al Senado nacional. La aspiración de Zannini y su grupo apuntaba inicialmente a la idea de contraponer una figura femenina a la por entonces principal candidata del PRO para la Cámara alta, Gabriela Michetti. Sin embargo, el avance de las negociaciones de Mauricio Macri con Roberto Lavagna, para ubicar al ex Ministro como cabeza de esa lista, terminó abriendo grietas en la estrategia del poderoso secretario kirchnerista de jugar la postulación de Marcó del Pont. A esas dudas se sumaron las complicaciones derivadas de los vaivenes en la cotización del dólar blue, un campo de competencia primaria de la funcionaria, situación que determinó a algunos zanninistas a plantear candidaturas alternativas, como la del titular del Afsca y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, de histórica militancia política en la provincia de Buenos Aires. Pese a ello, Zannini mantiene por ahora su apuesta por la titular del Central y se mostró conforme las últimas semanas con el desempeño público de la funcionaria para contrarrestar la presión mediática por una eventual devaluación o desdoblamiento cambiario. También la idea de jugar una candidatura femenina ganó fuerza cerca de otro de los hombres fuertes de la Casa Rosada, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Mientras avanza con su apuesta mayor (alzarse con la Presidencia del peronismo capitalino en los comicios internos de diciembre próximo) Moreno comenzó a alentar la posibilidad de una postulación de su actual colaboradora estrella, la titular de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Lucila “Pimpi” Colombo, de larga militancia dentro de las filas del peronismo y alineada con el matrimonio K desde el inicio de la gestión en 2003. Un poco con ese fin, el Secretario ubicó a Colombo al frente de la estrategia oficial de defensa de los acuerdos de congelamiento de precios y del lanzamiento de la tarjeta Supercard. Su desempeño ante los medios dejó conforme a Moreno, aunque no faltaron algunas voces de su entorno que le recomendaron al funcionario no profundizar la exposición mediática de la funcionaria. “A Pimpi en cualquier momento se le sale la cadena”, ironizaron cerca del súper secretario. Otra alternativa que también evalúan algunos sectores del oficialismo, en especial aquellos más ligados al ministro de Planificación, Julio de Vido, apunta a la posibilidad de alentar una figura ajena al ámbito político como principal referencia electoral en el territorio porteño. En esa búsqueda, el nombre más recurrente es el de la actriz Andrea del Boca, de reconocido compromiso político con el kirchnerismo. No se trata de una propuesta del todo novedosa: la actriz ya fue tentada en otras oportunidades para integrar las listas K y siempre rechazó el convite, aunque en la Casa Rosada confían en que esta vez podrían convencerla. Claro que también subsisten dudas en torno a la apuesta de impulsar a Del Boca, en especial entre aquellos dirigentes que recuerdan que nunca le ha ido muy bien al kirchnerismo cuando recurrió a figuras del mundo del espectáculo para integrar sus listas. Todavía persisten pases de factura internos por la inclusión de Nacha Guevara en la nómina de candidatos a diputados por el kirchnerismo bonaerense en los comicios de 2009, una opción que fue definida por el propio ex presidente Néstor Kirchner con el voto de confianza de Cristina. Desde las fuerzas políticas aliadas al Gobierno, pero ajenas a la estructura del PJ porteño, también se menciona a la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, como otra de las posibilidades para integrar las listas del oficialismo para octubre. Ella aspira desde hace tiempo a escalar al ámbito nacional y logró aceitar sus contactos con Unidos y Organizados, la agrupación que nuclea a las distintas facciones del kirchnerismo duro, en la apuesta de obtener su auspicio para posicionarse en la disputa por la definición de las principales candidaturas. LA JUSTICIA Los seis proyectos de ley sobre la “democratización de la justicia” le permiten al Gobierno recuperar la iniciativa política, tras los vaivenes derivados de la elección del Papa Francisco y de las trágicas inundaciones en La Plata. La firme decisión presidencial anticipa un tratamiento favorable en ambas cámaras del Congreso. Esto implica que las leyes propuestas entrarán en vigencia de inmediato. En términos políticos, supone que simultáneamente con las próximas elecciones legislativas, que se dirimen distrito por distrito, habría una única elección de carácter nacional para nominar a aquellos miembros del Consejo de la Magistratura que, según la iniciativa del Poder Ejecutivo, tienen que surgir del voto popular. Esta posibilidad disparó rápidamente una infinidad de especulaciones políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el campo gubernamental, existe la convicción de que una elección nacional, en la que las listas del Frente para la Victoria lograrían el primer puesto, podría tener un cuádruple efecto. En primer lugar, garantizarían una preponderancia en la composición del Consejo de la Magistratura. En segundo término, licuaría el efecto negativo de las probables derrotas en algunos distritos importantes, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Tercero, ratificaría para el kirchnerismo su condición de principal fuerza política de la Argentina. Por último, habilitaría a un fuerte protagonismo presidencial en la campaña proselitista, alternativa que, victoria mediante, la convertiría en la gran vencedora de la contienda. El espectro opositor se siente amenazado por esta nueva ofensiva del Gobierno. Sabe que no tiene chance de frenar el trámite legislativo y está en la obligación de buscar una respuesta política para el eventual desafío electoral. De allí que haya surgido la variante de armar una única lista opositora para la elección del Consejo de la Magistratura. Esta opción tiene dos ventajas. La primera es que la discusión sobre los nombres sería menos áspera que en cualquier otra compulsa electoral. La segunda es que la suma de los votos que cosecharían por separado el radicalismo, el Frente Amplio Progresista, el PRO y el peronismo disidente podría comprometer la victoria del oficialismo, lo que convertiría en un “boomerang” a la estrategia gubernamental. Pero en esta cuestión está profundamente involucrado un tercer y decisivo actor, que es la corporación judicial, mayoritariamente opuesta a esta iniciativa oficial, cuya aprobación lesiona sus tradicionales prerrogativas. Por ese motivo, no habría que descartar en absoluto una paradójica “judicialización” de la controversia, lo que reproduciría una situación semejante a la generada en torno a la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. El propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en sus cautelosas declaraciones periodísticas, dejó entrever que las normas sancionadas por el Parlamento podrían ser objeto de revisión judicial. El hecho de que, al día siguiente del acto en que la Primera Mandataria anunció el envío al Congreso de estos proyectos, Lorenzetti se haya encargado de difundir el texto de la nota que le había enviado varios días atrás el Papa Francisco fue interpretado en algunos medios judiciales como una maniobra defensiva. Lo cierto es que resulta casi obvio que algunas de las leyes aprobadas por el Congreso, en especial las referidas a la reforma del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de las medidas cautelares, serán recurridas judicialmente y no sería motivo de extrañeza entonces que hubiese alguna medida cautelar que postergaría una resolución sobre el tema de fondo e impediría la elección de los nuevos consejeros en los comicios de octubre. Aunque esta eventualidad no sólo es posible, sino que roza el campo de lo muy probable, también es cierto que ese trámite dilatorio, que frustraría el propósito oficial, se convertiría, políticamente, ante la opinión pública, en un argumento de peso a favor de la razonabilidad de la postura del Gobierno, ya que quedaría claramente acreditado que la corporación judicial habría utilizado todo su poder de fuego para preservar sus propios intereses. Lo que está claro es que, a partir de ahora, habrá que leer algunas decisiones judiciales en función de esta controversia. En este punto, se considera inminente un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial que daría la razón al grupo Clarín en su planteo de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de Comunicación, sentencia que, por vía de apelación, colocaría la cuestión en la competencia de la Corte Suprema, que en principio demoraría cualquier pronunciamiento hasta pasadas las elecciones de octubre. Según fuentes oficiales, el máximo Tribunal, tradicionalmente propenso a la aplicación de la “Ley de Compensaciones”, estaría a punto de dejar sin efecto una medida cautelar que desde hace nada menos que una década permite al diario La Nación eludir el pago de una cuantiosa deuda provisional con la Afip, que algunas estimaciones estiman de alrededor de 280 millones de pesos. Semejante monto colocaría al diario al borde de la quiebra. CUANDO BAJAN LAS AGUAS Sería ingenuo negar que el impacto de las inundaciones afecte en simultáneo a todos los niveles de la administración del Estado. Por eso que ni Cristina Kirchner, ni Daniel Scioli, ni Mauricio Macri, ni, por supuesto, Pablo Bruera resultaron indemnes. De allí que en el oficialismo se haya puesto entre paréntesis la candidatura de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y se barajen otras hipótesis, entre ellas el lanzamiento del viceministro de Seguridad, Sergio Berni. En el equipo del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cunde la expectativa de que este nuevo escenario político afloje las tensiones con la Casa Rosada. Scioli está muy contento con su conversación telefónica con el Papa Francisco. Más aún, espera ansioso la confirmación de una audiencia privada con el Sumo Pontífice. En la Gobernación han subido las acciones de Aldo Carreras, erigido en intermediario de la relación entre Scioli y la Santa Sede. Mientras esto ocurre, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consolida su entente con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien mantuvo una prolongada reunión con el titular nacional del PRO, Humberto Schiavone, y el ministro de Gobierno, Enrique Monzó, los dos principales encargados del armado “macrismo” a escala nacional. Este conciliábulo, en el que Lavagna estuvo acompañado por el embajador Rodolfo Gil, despertó celos en el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en su condición de titular del PRO en la ciudad de Buenos Aires intentaba monopolizar el vínculo con el ex Ministro. No obstante, Schiavone y Monzó aclararon que habían solicitado esa reunión por expresas directivas de Macri y no por motivos que tuvieran que ver con la elección porteña, sino para analizar la posibilidad de aprovechar la influencia de Lavagna para extender la cooperación entre el PRO y el peronismo disidente en otros distritos. Lavagna quedó comprometido a favorecer las negociaciones entre el PRO y Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires; José Manuel De la Sota, en Córdoba; Jorge Busti, en Entre Ríos, y a comprometer el apoyo de un sector del peronismo a la candidatura de Miguel Del Sel en Santa Fe. Más allá de estas maniobras electorales, el macrismo y todo el espectro político opositor encienden una vela al éxito de la convocatoria al cacerolazo convocado para el próximo jueves 18. Fuente:www.diarioellibertador.com.ar
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