Razonando desde el absurdo  

Entre las distintas maneras de razonar e interpretar, una de ellas es la que se denomina “demostración por reducción al absurdo”. De uso frecuente en matemática, aunque también en otros campos y disciplinas.

Es una metodología que sirve para probar la verdad de una proposición ante la imposibilidad de tomar como ciertas las consecuencias que resultan de otra contradictoria, que se propone como hipótesis y que derivaría en algo inaceptable e inconcebible.

De igual forma, es un método que permite detectar falacias, verdades aparentes, porque partiendo de premisas que se presentan como reales, las conclusiones a las que se arriba son disparatadas, absurdas, y en consecuencia imponen su desestimación.

Lo que se advierte hoy en día es una deformación del sentido, porque el absurdo no se explora con el propósito antes aludido, sino que se constituye en una forma de presentar la realidad con el objetivo de configurar el sentido común desde falsas formulaciones, que distorsionan totalmente los hechos y alteran el razonamiento para interpretar lo que acontece.

Se mezclan cuestiones de diversa naturaleza e incomparables, se plantean antagonismos inexistentes o se enuncian conflictos de derechos que no se verifican ni importan compromiso alguno, generando una deliberada confusión que alimenta las lógicas incertidumbres que provoca esta época tan excepcional.

¿Salud vs. Educación?

Proponer una disyuntiva entre estos derechos humanos es claramente falso, tanto como que la necesaria priorización de la salud importe negar el acceso a la educación cuando de lo que se trata es de adaptarla a la protección de bienes superiores y que, indudablemente, condicionan su efectiva vigencia.

Las restricciones a la presencialidad no suponen por sí privar de la escolaridad, existiendo alternativas -ya puestas en práctica- para sostenerla y a las que es preciso acudir por razones sanitarias de primer orden. Experiencias que se han impuesto en todo el mundo ante aumentos crecientes de los contagios, por considerarse la actividad educativa con asistencia a los establecimientos como uno de los principales factores que favorecen la expansión del virus.

La prevención no responde sólo a los contactos que se registran dentro de las escuelas, por mayores que sean los cuidados y protocolos implementados, sino también a los que se dan entre los familiares que acompañan a los alumnos (como se comprueba en el acceso a los colegios) y al tránsito que indefectiblemente implica diariamente.

En el caso del AMBA particularmente, la utilización del transporte público aumenta entre un 25% y un 30% por tal causa, lo que da una clara idea de la multiplicidad de contactos y de la potencial circulación del virus que comprende, que no se restringe obviamente a quienes concurren a las escuelas.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes informó esta semana, que desde el inicio de las clases los contagios en el país se incrementaron un 488,7% en la franja de entre 10 y 18 años de edad.

Otros indicadores completan un cuadro de suma gravedad, como es la saturación de la capacidad de internación en el sector privado de la salud (a su vez prestadores del Subsistema de Obras Sociales), que ha debido recurrir a los hospitales públicos tanto para derivar pacientes críticos como para que lo provean de respiradores, como ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires.

Es en este distrito donde los contagios diarios llegan a 3000, a la vez que tiene el promedio de fallecidos (2346) cada l00.000 habitantes más alto de todo el país y un programa de vacunación seriamente deficitario, con severos problemas en el sistema hospitalario al que ahora deberá recurrir un amplio sector de su población que, mayoritariamente (más de un 70%), no acudía por contar con coberturas de medicina prepaga u obras sociales.

El Gobierno local que nunca demostró, con medidas concretas no con retórica inconsistente, preocupación real por la educación, es el que se alza contra decisiones del Gobierno nacional plasmadas en una ley federal (expresada en un DNU) e instala como tema central el mantenimiento de las clases presenciales, contradiciendo las recomendaciones de los especialistas en epidemiología y colocando en segundo plano a la salud que compromete la vida de los habitantes de la ciudad como de grandes conglomerados del conurbano bonaerense que integran un mismo  territorio (el AMBA).

El germen aristocrático de la República

En el esquema constitucional argentino, forjado en el molde de la Constitución de EEUU, uno de los Poderes de la República (el Judicial) fue diseñado como contrapoder de los otros dos de esencia democrática.

Sus miembros no están sujetos a la voluntad popular, ni expuestos a consecuencias reales frente a su mal desempeño, ya que salvo contadas excepciones ninguno ha perdido su cargo ni afrontado las responsabilidades derivadas de esa clase de comportamientos.

A lo que se agrega, como resabio monárquico “republicano”, el carácter vitalicio de sus designaciones. Que se les reconoce con el argumento de asegurar una independencia que lejos ha estado de garantizarse por ese singular privilegio, en tanto su autonomía y libertad de criterio para juzgar dependen de otras condiciones personales y sistémicas.

Esas particularidades han favorecido la aristocratización de la Justicia, un menoscabo para las funciones específicas que configuran su cometido y un paulatino distanciamiento de la ciudadanía inversamente proporcional a su acercamiento a los poderes fácticos.

Las disfunciones que se han puesto de manifiesto durante el gobierno de Mauricio Macri no tienen precedentes equiparables en democracia, exhibiendo niveles de corrupción y sometimiento inimaginables, que reclaman una reforma sustancial orgánica y estructural.

A pesar de la cobertura mediática que se le ha brindado, es tan ostensible su descomposición que su credibilidad decrece a un ritmo sostenido.

En ese contexto se inscribe la sentencia dictada por un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires (la Cámara de Apelaciones en lo CAyT, Sala IV), invalidando una norma federal para lo cual carece de competencia y, sin contar ni mencionar fundamentos epidemiológicos, ordenando la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la ciudad.

La decisión pretende sustentarse en la defensa del derecho a la educación, con absoluta prescindencia de otros bienes jurídicos tutelados y que cobran mayor trascendencia en esta segunda ola de la pandemia que supera ampliamente a la primera, donde están en juego la salud y la vida de la comunidad educativa y la población toda.

No es sólo el absurdo que representa esa resolución judicial lo que la descalifica, sino la clara injerencia que significa en una cuestión no justiciable y de resorte exclusivo de otros Poderes del Estado nacional (Ejecutivo y Legislativo) a quienes corresponde establecer las medidas que exija la actual emergencia sanitaria.

La democracia como garantía de las libertades

Las libertades de expresión y de prensa requiere de una conducta responsable en su ejercicio porque, al igual que cualquier otra, no cabe entenderlas absolutas y ajenas a la incidencia que puedan poseer en orden a la protección de derechos sociales fundamentales, que también es necesario asegurar.

Esas libertades y en particular la de prensa deben guardar la debida correspondencia con el derecho a la información, que constituye un valor principal en las sociedades democráticas -tanto en el ámbito colectivo como en el individual- para guiar las conductas y acciones que se asuman.

Exigencias básicas que adquieren mayor relevancia en situaciones tan excepcionales como las que hoy afrontamos, que nos colocan ante peligros extremos en materia sanitaria e imponen evitar sumir en la confusión a la ciudadanía.

La propagación de noticias falsas, la apelación permanente a la mentira como táctica opositora, la constante promoción de causas judiciales para dirimir conflictos políticos fuera de su terreno natural, el fomento de reacciones negacionistas agitando consignas absurdas, erosionan la convivencia democrática y dañan seriamente la consolidación de actitudes solidarias indispensables.

El abuso en la judicialización de la política se ha convertido en una práctica extendida, que trastoca la misión específica que corresponde al Poder Judicial y forma parte de una estrategia de la que participan los poderes fácticos junto con los medios concentrados de comunicación en detrimento de la democracia, y que se acentúa frente a gobiernos populares.

Es mediante el pleno desenvolvimiento de la democracia, respetando las competencias de los órganos de gobierno y asegurando una mayor veracidad en la información sin mengua de las opiniones que lealmente se manifiesten en la pluralidad y diversidad que le es inherente, como se garantizarán las libertades y derechos ciudadanos.

El caos es el propósito

A esta altura es evidente que las maniobras pergeñadas por los sectores más reaccionarios, como el modo en que se desarrolla la acción opositora de Juntos por el Cambio, constituyen una clara demostración de una concepción antidemocrática y proclive a alternativas autoritarias para la preservación de privilegios que detenta una minoría que siente amenazada su pretensión elitista.

La pandemia ha puesto a la luz que ni aún frente el grave peligro para la salud y la vida que representa, cuando se exige acentuar acciones mancomunadas postergando intereses políticos subalternos, cesan las operaciones desestabilizadoras. Por el contrario, se multiplican y se proyectan en todo espacio que se considere fértil para generar descontento, confusión y descrédito del sistema democrático.

Para eso se valen de diferentes operadores dispuestos a acompañar esa estrategia, entre los que se cuentan magistrados funcionales y alineados en esa campaña destituyente, dispuestos a ocupar un lugar que no les compete ni se corresponde con el que le asigna la Constitución Nacional.

Alimentar el caos, especulando con los efectos directos e indirectos de la pandemia, es el propósito y una clara acechanza para el mantenimiento de la institucionalidad democrática.

Para contrarrestarlo es determinante el fortalecimiento de la política, la indeclinable asunción plena de las competencias propias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazando toda injerencia judicial en su ejercicio. El gobierno de los jueces no se compadece con la democracia republicana, pero además es el peor de los gobiernos.

Fuente:www.eldestapeweb.com