La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.

La decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto.

El Gobierno no forma parte del expediente, por lo que no podrá apelar la decisión del tribunal. Solo pueden hacerlo las partes que forman parte de la causa y no es el caso del Ejecutivo nacional. Es decir, la medida se hará efectiva a partir de mañana y los chicos podrán retomar las clases presenciales.

La votación del tribunal fue unánime. La recusación presentada por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, para que no participe en la decisión, fue rechazada. La hermana del funcionario formó parte de la votación. Según le informaron a Infobae fuentes judiciales.

En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del Gobierno que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.

Estas dos organizaciones interpusieron dos recursos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y, finalmente, decidió resolver a favor de mantener las clases presenciales.

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. El último sábado Rodríguez Larreta visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y le pidió en privado lo que ya le había adelantando públicamente: mantener la presencialidad de las clases. El Presidente le manifestó que el problema no son las aulas, sino la circulación que se genera en la ciudad para que las clases se lleven adelante.

Durante la reunión el Presidente le mostró a Rodríguez Larreta una serie de gráficos que respaldaban su postura de suspender las clases. Luego, en una conferencia de prensa desde la residencia de Olivos, planteó: “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente. Le he mostrado los gráficos que avalan lo que digo al jefe de Gobierno porteño”.

Uno de los cuadros que expuso muestra los casos confirmados en población en edad escolar por semana epidemiológica (SE) de fecha de inicio de síntomas (FIS) en Argentina, en donde se observa que en la semana 7 del año 2021, donde hubo inicio de clases en tres jurisdicciones, había aproximadamente unos 3.500 casos por día, mientras que en las semana 11 los casos llegaban a 7.500. Y en la semana 14 llegaron a 12.500. Le marcó así el aumento de casos en el momento en que retornó la presencialidad.

Pero la discusión sobre la presencialidad no quedó solo en el plano político. Minutos antes de ingresar a la reunión con Fernández, el mandatario porteño interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales. Una medida que busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive.

La presentación sostiene que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.

Fuente:www.infobae.com