No hubo tregua ni voluntad de diálogo. Horas antes de que se inicie la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional utilizó el Boletín Oficial para enviar un mensaje de rigor: un recorte de $78.700 millones en la Secretaría de Educación y una poda de $5.000 millones en obras de infraestructura para las universidades nacionales. Entre las instituciones afectadas por la suspensión de transferencias se encuentra la UNNE, que verá frenados sus proyectos de inversión edilicia.

El ajuste no se detuvo en las aulas. El Conicet sufrió una quita de 3.000 millones de pesos, afectando becas y equipamiento, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica y la CONAE (actividades espaciales) perdieron, en conjunto, 24.000 millones de pesos.

La estrategia del desangre

Desde una mirada analítica, la publicación de este recorte en la previa de la movilización no es una coincidencia administrativa, es una provocación política. El Gobierno parece haber abandonado la gestión técnica para pasar a una fase de hostigamiento simbólico: recortar fondos para satélites y energía nuclear mientras se pondera el "futuro tecnológico" es una contradicción que solo se explica desde la voluntad de desmantelar el Estado.

Con salarios docentes que ya perdieron un 33,7% de poder adquisitivo, la apuesta de la Casa Rosada es al desgaste y la renuncia por goteo de los profesionales. Ante este escenario, la marcha de hoy en Corrientes y Resistencia deja de ser solo por presupuesto para convertirse en un acto de resistencia institucional. La Universidad de Río Negro ya llevó el reclamo a la ONU; la internacionalización del conflicto demuestra que lo que está en juego es la vigencia misma del derecho a la educación superior en Argentina.