El ajuste fiscal del Gobierno nacional entró en una nueva fase de agresividad. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro Luis Caputo estamparon su firma en un recorte que elimina transferencias corrientes por casi 500 mil millones de pesos y suspende obras de infraestructura vitales, como acueductos y plantas de agua potable en Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe.

Lo llamativo de la medida es la arbitrariedad del "reordenamiento": según analistas, el Gobierno aplicó un recorte uniforme de aproximadamente 940 millones de pesos por distrito, sin considerar las necesidades urgentes de cada región ni el tamaño de la población afectada.

El precio de la obediencia

Desde una mirada analítica, este nuevo ajuste expone la fragilidad de los acuerdos políticos de la Casa Rosada. Gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo o el entrerriano Rogelio Frigerio, que han actuado como aliados estratégicos para sostener las iniciativas de Milei, hoy se quedan con las manos vacías. Las fotos de hace apenas un mes, donde celebraban la adjudicación de obras hídricas como un triunfo del "trabajo conjunto", hoy son papel picado.

El mensaje de Milei y Adorni es cristalino: no hay "aliados" que valgan cuando se trata de llegar al superávit a cualquier costo. Mientras se recortan 25.000 millones de pesos en salud provincial y se frenan obras de agua potable, el "Círculo Rojo" observa cómo el Gobierno disciplina a las provincias a través de la asfixia. Para municipios como los nuestros en Corrientes, que ya están declarando la emergencia económica, este nuevo recorte de casi un billón de pesos es el tiro de gracia a la autonomía federal. La pregunta es cuánto más aguantará la "postura colaborativa" de los mandatarios antes de que el reclamo social por la falta de agua, salud y obra pública se vuelva inmanejable en sus propios territorios.