La investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, a cargo del fiscal Aníbal Martínez, y que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, logró identificar una importante cantidad de operaciones que permitirían comprobar presuntas maniobras de lavado de activos de origen ilícito por parte de la organización delictiva investigada.
Se trata de una derivación de la causa en la que se investiga al ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, y a otros funcionarios, por brindar protección a una organización criminal destinada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Puntualmente, luego de analizadas las constancias de la causa Nº 35310/2016 “Av. posible delito de acción pública - infracciones leyes 19.359 y 24.769 y art. 303 y el perfil fiscal de cada uno de los investigados, la Procelac presentó un informe de colaboración donde se identifican operatorias de adquisición de más de 50 vehículos y 13 inmuebles, en los que habrían intervenido un total de 16 personas físicas, circunstancias que darían cuenta de la canalización en el mercado formal de bienes de origen espurio.
Al mismo tiempo, se sugirió la adopción de forma inmediata de medidas de naturaleza cautelar tendientes a asegurar la masa de activos involucrada que compongan el patrimonio de los sujetos investigados y, en consecuencia, se minimice el riesgo de que una eventual sentencia de condena se torne de imposible cumplimiento.
La causa se inició cuando la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó conocimiento de la existencia de un grupo de personas conformado por Héctor Sebastián Garavone, Pablo Martín y Héctor Rodrigo Marsilli, Jorge “Coco” Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre, que se habrían asociado para poner en circulación activos ilícitos, provenientes de la trata de personas.
Los sospechosos habían creado las firmas Gabac SRL –de recauchutado y renovación de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada –de transporte de cargas-, Marga SRL –dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL –de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales -según la hipótesis investigada- introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.
Así, los imputados, junto a un grupo de personas, integrarían una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para finalmente llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas.
Esas maniobras se realizaban para encubrir el origen ilícito de los activos, a través de inversiones, aportes de capital en la constitución de sociedades, desarrollos inmobiliarios, compraventa de bienes muebles e inmuebles registrables y el uso de cuentas bancarias para administrar bienes.