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13 de marzo de 2026

Emergencia Alimentaria en el NEA: 7 de cada 10 trabajadores se privan de comer por falta de ingresos

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha puesto de manifiesto una realidad alarmante: el empleo formal ya no es garantía de seguridad alimentaria. En el Nordeste Argentino (NEA), el 62% de los trabajadores enfrenta serias privaciones, salteándose comidas o bajando drásticamente la calidad de su nutrición por motivos económicos.

El costo prohibitivo de alimentarse

El estudio señala que el gasto diario para comer durante la jornada laboral puede alcanzar los $10.000. Esta cifra expone la inviabilidad del sistema actual para miles de correntinos. En localidades como La Cruz, donde los salarios municipales oscilan entre los $170.000 y $210.000, el costo de alimentarse en el trabajo representaría —en teoría— la totalidad del ingreso mensual, dejando al trabajador en una situación de indigencia técnica.

Desigualdad de género y juventud

La crisis golpea con más fuerza a las mujeres (60% de privación) y a los jóvenes de entre 18 y 29 años. Según la investigación de la UCA, las mujeres suelen ser las primeras en recortar su propia alimentación para priorizar a los menores del hogar, un fenómeno que refleja la profundidad de la crisis social en el norte del país.

La desconexión política en La Cruz

Este diagnóstico de la UCA se conoce en la misma semana en que la Municipalidad de La Cruz oficializa un organigrama con 11 cargos jerárquicos, incluyendo secretarías y direcciones que priorizan el marketing y la estructura política por sobre la asistencia básica. La ausencia de una Secretaría de Salud en este contexto no es solo un error administrativo, es un mensaje político de desatención hacia la emergencia que viven los vecinos.

Mientras la dirigencia provincial "orejea la taba" de las alianzas nacionales y los legisladores de Vamos Corrientes apoyan un ajuste que pulveriza el poder adquisitivo en el Congreso, los trabajadores del NEA enfrentan una "doble privación": trabajar jornadas completas para seguir teniendo hambre.

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