8 de septiembre de 2016
Lijo allanó Suma, la fundación de Michetti
Con sugestiva benevolencia, el juez federal Ariel Lijo decidió esperar a que este miércoles, 24 horas después de un fallido procedimiento en la fundación que preside la vicepresidenta el contador de la misma entregue los libros que los funcionarios enviados por el propio magistrado no pudieron conseguir.
El motivo de ese fracaso fue que, según les dijo el personal de la fundación, la documentación buscada no estaba allí sino en poder del contador.
La importancia de esos libros radica en que el juez Ariel Lijo cree que allí deben estar registradas las donaciones que recibió la entidad, y que según Gabriela Michetti serían el origen de parte del dinero sustraído en noviembre pasado de su casa.
Por el robo fue procesado un custodio de la vicepresidenta de la Nación, el oficial mayor de la Policía Metropolitana David Cruzado, de 33 años. En segunda instancia, la Justicia le concedió a Cruzado la excarcelación con el pago de 20.000 pesos como fianza, tras evaluar que su libertad no entraña "riesgos procesales".
Pero lo que no está claro aún es de dónde salieron los 245.000 pesos y 50.000 dólares sustraídos. Si bien Michetti, en una red social, explicó que parte de esas sumas provenían de donaciones recibidas por la mencionada fundación, el abogado Leonardo Martínez Herrero promovió una investigación penal por "averiguación de delito".
Al frente de la causa impulsada por Martínez Herrero, ayer Lijo dispuso un procedimiento para secuestrar los libros contables de Suma y rastrear información que no consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia. Lo extraño es que se haya resignado a salir de allí con las manos vacías. Al juez le bastó la promesa de que el contador de la institución hoy le entregaría los papeles que busca.
Según las declaraciones juradas que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al juez, la Fundación Suma recibió 4.100.000 pesos en donaciones. Ahora el magistrado debe determinar si esos fondos estaban bancarizados o no. En la causa se encuentran bajo la lupa varias fundaciones vinculadas a Michetti y otros altos dirigentes del PRO, entre ellas Fundar Seguridad y Justicia; Crecer y Crecer y Formar, además de Suma.
El robo se mantuvo en secreto hasta que recién en julio último tomó estado público. El martes, Michetti cambió de abogado: ahora, su defensor es el dirigente radical y ex diputado Ricardo Gil Lavedra.