La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció un "acuerdo" para tratar este miércoles la reforma laboral definitiva. Bajo el rótulo de la "primera ley laboral de la democracia", el proyecto cuenta con el aval estratégico del senador correntino Eduardo Vischi, cuya presencia en la mesa de negociación no es un dato menor.

El texto consensuado incluye 28 modificaciones que, según el discurso oficial, buscan "adecuar las normas a los cambios del mercado". Sin embargo, el análisis político revela un "toma y daca" evidente: mientras en Buenos Aires se sellan acuerdos de "modernización" legislativa, en Corrientes la gestión provincial aplica una política de dilación sistemática frente al reclamo docente y de los trabajadores estatales.

La participación de Vischi en este pacto nacional refuerza la lectura de un alineamiento total con la agenda de ajuste, operando como el espejo nacional de lo que sucede en la provincia. Mientras la Ministra de Educación, Ana Miño, sostiene un "Ministerio del Entretenimiento" para distraer a los gremios con mesas de diálogo vacías de contenido económico, sus representantes en el Senado nacional garantizan los votos para una reforma que —lejos de blanquear el 60% de los sueldos en negro o eliminar el pago en cuotas por DNI— parece profundizar la precarización bajo un barniz de modernidad.

Este escenario deja al descubierto una contradicción flagrante: se invoca la "responsabilidad" para no aumentar salarios en Corrientes tras 7 meses de congelamiento, pero se actúa con celeridad para entregar conquistas laborales en el Congreso. La "seriedad" que reclama el Ejecutivo provincial para los docentes no parece aplicarse a la hora de firmar acuerdos que comprometen el futuro del trabajador correntino.