Las pymes del comercio y la industria continuarán la pulseada por la tarifa de gas en los tribunales, tras confirmar su rechazo al incremento de 500 por ciento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme en su sentencia del jueves.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (GNC) recurrirán a los juzgados solicitando medidas cautelares contra el aumento en la tarifa de gas, para ser incluidos entre los beneficiarios del fallo de la Corte que anuló exclusivamente el incremento para los usuarios residenciales.

Los empresarios advirtieron que el ajuste del 500 por ciento que la Corte autorizó pone en peligro "miles de empresas y puestos de trabajo", debido a que trasladar el impacto de esa suba de costos a precios de bienes y servicios generarían aumentos escandalosos, que sólo provocarían el disgusto de la población y una fuerte merma en las ventas.

El presidente de CAME, Osvaldo Cornide, advirtió que el fallo del Máximo Tribunal "deja a la intemperie a las pymes", anticipando acciones judiciales "donde veamos que sobrepasa la capacidad de pago".

También la Unión Industrial Argentina (UIA) podría reclamar contra el tarifazo en tribunales, aunque su conducción adoptará una determinación, luego de una reunión de su consejo directivo, el próximo martes.

En un comunicado, la mencionada cámara del GNC sostuvo que el fallo ocasionará un "grave perjuicio" a toda la industria, por el aumento del precio establecido del gas, y que por eso "toda la cadena de valor" decidió presentar un amparo colectivo ante la Justicia Federal.

Peligran miles de empleos

También la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), conducida por Eduardo Fernández, alertó que "se perderán miles de empresas y puestos de trabajo".

"En el actual contexto de recesión, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios", remarcó. La institución planteó que "el límite del 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio".

Por su parte, el titular de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, en declaraciones periodísticas manifestó que "nos preocupa el aumento del costo, pero más nos preocupa la falta de energía; del aumento de la tarifa nos podemos quejar, pero mucho peor es no tener gas".

El empresario señaló que "en un 5 por ciento" del sector "hay preocupación, porque en algunos procesos la incidencia es alta y en ese caso podrían presentarse amparos".

Por último, insistió con que "la falta de energía frena la posibilidad de generar nuevas inversiones".