8 de agosto de 2016
DPEC y distribuidoras eléctricas rechazan fallo que congela tarifas
Representantes de la ADEERA, entidad que nuclea a las empresas que proveen energía a los domicilios, cuestionaron las “inconsistencias” del fallo de la juez federal Martina Forns por el que se suspenden los aumentos en el servicio.
Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) se hizo propia la declaración de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en la que se afirma que “los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia”.
Advirtieron que “además de inconsistente el fallo de la juez federal Martina Forns, que suspende la actualización tarifaria, representa grandes riesgos en el corto plazo a la prestación y calidad del servicio de abastecimiento en todo el país”.
Destacaron que “estos cuadros tarifarios se establecieron luego de haber cumplido con el proceso de audiencias públicas u otros procedimientos participativos equivalentes, en el caso de ser exigidos por la legislación aplicable”.
Agregaron desde la ADEERA que “el sector eléctrico nacional conforma un sistema federal en el que cada jurisdicción (Nacional, Provincial y/o Municipal) define de forma independiente la tarifa que debe aplicar la distribuidora de su ámbito de injerencia”.
Cabe consignar que la entidad en cuestión representa a 47 empresas de distribución de energía eléctrica, de origen público, privado y cooperativo, que prestan servicio a 13 millones de clientes en todo el país. En su conjunto operan 400.000 kilómetros de redes y proveen más de 113.000 GigaWatt al año, que representa el 97 por ciento del total de la energía eléctrica que se consume en todo el territorio argentino.
Riesgo de quiebre
Advirtieron que “la medida judicial genera el quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el sector eléctrico en su conjunto” y afirmaron que si no se revierte “esta situación se verán comprometidas, en el corto plazo, la prestación del servicio público y su calidad en todo el país, perjudicando directamente a quienes se pretende proteger”.
“Ante esta situación, la ADEERA se siente en la necesidad de informar al público usuario del servicio eléctrico de todo el país sobre las inconsistencias y potenciales riesgos de la medida dictada por la juez federal”, afirmaron.
Cómo se factura
Asimismo aclararon sobre “la supuesta necesidad de realizar audiencias para el traslado a tarifas del precio mayorista de la energía” e informaron que “la factura que pagan los usuarios del servicio es el resultado de tres ítems: el precio de la energía; el Valor Agregado de Distribución (VAD), y los impuestos aplicados sobre los dos primeros”. Destacaron desde la entidad que “el precio de la energía es el valor representativo de los costos de generación y transporte a los centros de consumo y es el valor que las distribuidoras pagan por la energía que adquieren de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) y que trasladan al usuario final”.
Asimismo y con la intención de informar señalaron “de acuerdo a la legislación vigente, este valor es definido por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, se actualiza cada tres meses y se incluye en la factura sin necesidad de audiencias públicas que lo validen. Y así ha aplicado desde la sanción de la Ley 24.065 en innumerable cantidad de oportunidades”.
“Por otra parte el VAD representa la remuneración que perciben las distribuidoras para hacer frente a los costos de operación, mantenimiento e inversiones en las instalaciones”, indicaron los representantes de la entidad.
Enfatizaron en el hecho de que “esta decisión judicial afecta directamente al VAD que perciben las distribuidoras EDENOR y EDESUR, desconociendo ajustes aprobados oportunamente por Ley. También es necesario resaltar que existen numerosas sentencias judiciales en todo el país que sustentan la opinión contraria a lo sostenido por la decisión que cuestionamos, por poner en peligro el normal abastecimiento energético”.
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Inversión salarial
El gobernador de la Provincia Ricardo Colombi en algunas oportunidades y el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres cuantas veces le tocó hablar del tema destacaron que en la administración kirchnerista se mantuvieron planchadas las tarifas del servicio domiciliario desde 2008 a 2015, pero en ese mismo periodo la masa salarial se multiplicó casi exponencialmente. Al hacer una defensa de los aumentos concretados en los últimos meses, Ricardo Colombi, declaró que en 2008 la empresa provincial abonaba por mes tres millones y medio de pesos de masa salarial y que actualmente se abonan hasta 35 millones de pesos en ese concepto.
Por su parte el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, también apuntó como parte de los problemas que afronta la DPEC la inflación que aumenta los costos de los insumos, la mayor parte en dólares. El funcionario suele insistir que esos incrementos y devaluaciones se daban “en el marco políticas de congelamiento de tarifas y severos incumplimientos de los acuerdos de convergencia tarifaria”.
Fuente:diarioepoca.com