28 de abril de 2016
Ríos denuncia que siguen las retenciones y clama por una urgente resolución del STJ
Confirmaron que los descuentos continúan y que ya dejaron a la Comuna sin 27 millones de pesos. La Justicia citó a las partes a una audiencia el 9 de mayo. Ante la continuidad de las retenciones, la Municipalidad volvió a solicitar al Superior Tribunal que cesen los recortes hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El intendente Fabián Ríos analizó con su gabinete el impacto presupuestario y el “daño financiero” que provocarían las retenciones de coparticipación aplicadas por el Gobierno provincial. Ante la situación insistieron ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que cesen los recortes hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Los descuentos están promediando casi el 52%. Ayer se detectó una nueva situación irregular e ilegal: un recorte extra de $4.000.000 asignados al Ioscor”, informaron desde la Comuna.
El intendente Fabián Ríos reunió de urgencia ayer a su Gabinete y a los concejales del bloque Frente para la Victoria (FPV). “Las autoridades del Banco de Corrientes ni las autoridades de la obra social provincial pudieron especificar bajo qué norma legal (provincial y municipal) o en concepto de qué se produjo la retención de estos recursos comunales” se quejaron desde la Municipalidad.
Sólo durante este mes, el Gobierno provincial ya le recortó a la Comuna $27.600.000, lo que representa el 52% de la coparticipación federal y provincial que debió recibir.
“Este porcentaje es más del doble de los descuentos que, habitualmente, la Provincia realizaba a la Comuna en meses anteriores; ya sean por pasivos reestructurados y aportes al IPS e Ioscor. Por ejemplo, en marzo los descuentos sumaron $17.230.509; el 24,9% de la coparticipación que le fue asignada a la Municipalidad”, especificaron.
Por esta razón el Servicio Jurídico Permanente de la Comuna presentó ayer un urgimiento para que el Superior Tribunal de Justicia resuelva cuánto antes la medida cautelar que fue presentada la semana pasada.
El objetivo es ponerle límite a los descuentos irregulares de coparticipación que le están generando graves desequilibrios financieros al Municipio; poniendo en peligro el pago de sueldo, la prestación de servicios esenciales y la ejecución de obras públicas.
La Justicia convocó a una audiencia a ambas partes el 9 de mayo.