La jueza federal María Romilda Servini de Cubría, aceptó el caso y está cerca de resolver una cuestión que aflige a muchos de los 43 diputados del Parlasur argentino: el cobro de sus dietas, cosa que no sucede desde que asumieron en diciembre de 2015.
La magistrada tramita la presentación del parlamentario correntino Alejandro Karlen (FPV), pero no es el único planteo. Hay otro del pampeano Nélson Nicoletti, también kirchnerista pero con inclinaciones “federales”, que traducido en lenguaje de la interna peronista es lo mismo que decir que el hombre es permeable a un acercamiento al bloque de Cambiemos, conducido por los partidarios de Mauricio Macri; minar la presidencia del bloque, hoy en manos del ex canciller Jorge Taiana, y otras minucias propias del resquebrajamiento de un grupo político alejado del poder.
Existe además una tercera presentación, en este caso de la diputada del Parlasur por el Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano, quien en marzo presentó un amparo judicial para obligar al gobierno de Macri a que “cumpla la ley”, al denunciar “precariedad” en el manejo de recursos y que legisladores del órgano regional no perciben sueldos. 
La denuncia quedó radicada en el Juzgado 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Lo cierto es que el martes por la noche hubo novedades con el expediente de Karlen que se tramita en lo de la jueza María Romilda. La señora hizo lugar a la presentación, ya corrió traslado al Gobierno que hizo su correspondiente descargo y ahora la cosa quedó en la vereda del parlamentario correntino, que tiene 72 horas para responder el escrito.
Karlen lo iba terminar y presentar entre ayer y hoy, por lo que según cree él mismo, en no más de dos o tres días hábiles más (más tardar la semana que viene) la cuestión de fondo debería estar resuelta.

Las dietas
Con respecto al tema de los sueldos hay multiples visiones, incluso entre los parlamentarios. Y una negativa generalizada de los ciudadanos, que no ve en el Parlasur, como tampoco ve en casi ningún parlamento (hay que decirlo también), una razón de ser más que política. Ve políticos con sueldos abultados que hacen cualquier cosa menos resolver problemas concretos. (En los sitios informativos, por caso el de www.ellitoral.com.ar, se da cuenta de esas opiniones).
Lo cierto es que el sueldo de los diputados del Parlasur, que es responsabilidad del Gobierno nacional (cada país debe pagar el sueldo de sus parlamentarios), está previsto por ley. Una norma que no está reglamentada, y es a través de esa claraboya que el macrismo encontró un punto de fuga para no pagar. Al menos hasta ahora.
Según se establece en ese mismo texto normativo, cada parlamentario del Mercosur debe percibir lo mismo que un diputado de la nación. Se habla de un salario que rondaría los 7 mil dólares mensuales, algo así como 100 mil pesos argentinos, además de los viáticos de entre 200 y 250 dólares diarios, cada vez que sea necesario, como por ejemplo, cada vez que deben moverse para sesionar en Uruguay.
La disputa política y salarial llevó a varios candidatos de Cambiemos, como su cabeza de lista, la multimillonaria Mariana Zuvic, a plantear una renuncia generalizada de fueros y de salarios, cosa que es resistida por dos razones fuertes, entre otras menores.
Primero, porque el pago de las dietas lo establece la ley y cada legislador fue electo por el pueblo para cumplir ese mandato, más allá de la incidencia actual de las resoluciones del parlamento.
Y segundo, porque según plantean los “trabajadores de la política” (que necesitan un sueldo para vivir, más allá de la cantidad de gente en esta situación), detrás del discurso demagógico de renunciar a las dietas, se esconde una razón elitista. “Zuvic plantea una discusión del Siglo XVIII. Que la política la manejen los ricos, las minorías, las elites, no los trabajadores o profesionales preparados para ello”, según argumentó la propia Gil Lozano.
La discusión está lejos de zanjarse, más allá de la resolución de la Justicia, que de darse positivamente a favor de los parlamentarios, aliviaría al Gobierno del costo político de tener que pagar lo que no quiere por estar en contra, cosa que no puede asumir públicamente. 
Si además la jueza Servini de Cubría es la que resuelve primero uno de los tres planteos, el pedido de Karlen será aplicable para los 43 parlamentarios nacionales.

Fuente:www.ellitoral.com.ar