En el punto más álgido de una pulseada feroz, a la que se subió la corporación judicial abiertamente, el Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de desinvertir y de adecuarse a los límites que fijó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El beneficio vencía hoy, 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último. Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios. El Gobierno planea presentarse ante el máximo tribunal y pedirle una intervención expeditiva, que no espere los tiempos de la burocracia judicial, y que –por “avocación” o per saltum– anule la decisión de los camaristas, ya que consideran que contradice el límite temporal para la cautelar señalado por los propios jueces supremos.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. Al día de hoy, señaló, una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas. Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

La decisión de la Autoridad Federal (Afsca) de recusar anteayer a la Cámara en lo Civil y Comercial en pleno recalentó el ambiente, que ya venía por demás caldeado. Ayer fue un día de nerviosismo, en tribunales y en el Gobierno. La Cámara se reunió a la mañana y lo primero que decidió fue desechar las recusaciones sin vueltas. También rechazó in limine el planteo de “revocatoria” de la Jefatura de Gabinete que cuestionaba la confirmación del camarista de Francisco de las Carreras para intervenir en el caso Clarín a pesar de que se lo investiga penalmente por presuntas dádivas. La denuncia del Poder Ejecutivo decía que había viajado a Miami, en pleno trámite de la causa, invitado a una cumbre organizada por una entidad (Certal) que nuclea a miembros del grupo empresario y tenía a Cablevisión entre sus auspiciantes.

La difusión, ayer al mediodía, de un comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que encabezan las juezas de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay– junto con una lista de entidades representativas de jueces de todo el país que reivindicaba su “independencia”, fue el preámbulo o más bien el anuncio con respaldo incluido, de la resolución que se conocería un rato después y que extendió la medida cautelar a pedido de Clarín. El texto, que se anticipaba a las críticas negando un “interés corporativo”, pedía entre otras cosas al Poder Ejecutivo que evite el uso de “mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”, exhortaba a los medios a “promover el debate democrático de ideas” y –quizá con cierta ironía– pedía espacios para el Poder Judicial en la televisión. Pero no habla de las presiones del poder económico o las corporaciones empresarias.

El fallo de ayer, que apunta a dejar a Clarín al margen de un aspecto esencial de la ley de medios, que es el que apunta a evitar las prácticas antimonopólicas, fue firmado por el cuestionado De las Carreras y por la jueza María Susana Najurieta. En un parrafito a modo de introducción, De las Carreras aclaró que conserva “la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia bien y legalmente”. Ambos magistrados ya habían confirmado en dos ocasiones la medida cautelar a favor de Clarín, con alusiones a la preservación del “derecho de propiedad”. En mayo último, la Corte Suprema acortó el plazo para la medida que habían puesto los camaristas (y que llegaba hasta diciembre de 2013) y fijó el 7D, destacando la importancia de que haya una definición del debate de fondo. La sentencia decía que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertado de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

El juez de primera instancia de entonces, Raúl Tettamanti, siguió la bajada de línea suprema y rechazó el pedido de Clarín, que no sólo pedía extender la cautelar, sino que planteaba hacerlo por doce meses. La Cámara no sólo discrepó sino que sus fundamentos transitan un aspecto que no venía planteado, ni hace a la discusión sobre la continuidad de una medida provisoria, pero que sí estuvo presente en el debate público: los jueces afirman repentinamente que aún no empezó a correr para el Grupo Clarín el plazo de un año para desinvertir fijado la ley, y que surge de uno de los artículos de la norma cuestionados, el 161. “La parte actora (el multimedios) no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable, y que no está expuesta por ende a sus consecuencias”, aclaran. Frente a esas afirmaciones queda la duda: ¿acaso no es una forma de adelantar opinión sobre una cuestión que aún no les ha tocado abordar?

La Cámara da aval a la teoría de Clarín de que, al borde del 7D, y ante su negativa a presentar un plan de desinversión, “se encuentra en riesgo inminente de ver afectados sus derechos de manera grave”. A la vez alega que “no cometió abusos” para dilatar la causa que, sin embargo, está hace tres años bajo los efectos de una cautelar. Según el tribunal, como hay un sentencia de fondo próxima y a su criterio “ha desa-parecido el riesgo” de que Clarín se beneficie con la cautelar, entonces “prorrogan” su vigencia “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia” del futuro fallo. De esta manera, una vez que el juez Alfonso dicte sentencia, la cautelar caerá. Sin embargo, cualquier apelación diferirá su aplicación hasta que quede firme en otras instancias, lo que puede incluir la Corte.

El Gobierno anunció, a través del ministro de Justicia Julio Alak, que no permanecerá pasivo. Hoy mismo la Afsca y Jefatura de Gabinete se presentarán para que la Corte revise la decisión de la Cámara. Es factible que la presentación tenga formato de pedido de avocación a los jueces supremos, o de un per saltum que saltee instancias procesales, para que no haya que pasar por un recurso extraordinario o un recurso de queja ante el máximo tribunal, que pueden tener un trámite kafkiano, cercano al mes. Habrá que ver si el máximo tribunal se juega por evaluar una situación de gravedad institucional que habilite un análisis sobre lo que decidió la Cámara o si rechaza el pedido con algún tecnicismo. La apuesta de la Casa Rosada es mostrar que la Cámara desa-fió y contradijo las instrucciones de la Corte, que había pedido poner fin a las cautelares eternas que, a menudo, se convierten en herramientas para complicar desde los tribunales las decisiones de Gobierno.

Fuente: www.pagina12.com.ar