Los okupas que viven en el asentamiento del barrio Pirayuí desde las masivas tomas del 2012 manifestaron que tienen la intención de dialogar con los frentistas de las 500 Viviendas y con la empresa inmobiliaria propietaria de los terrenos con el fin de llegar a un acuerdo para la compra de los lugares donde viven. Asimismo, señalaron que buscarán volver a dialogar con el intendente Fabián Ríos para buscar apoyo o una eventual solución al conflicto de irregularidad en el que viven desde hace tres años.
Vale recordar que los vecinos de las 500 Viviendas se encuentran gestionando encuentros con la Municipalidad y la empresa Urbano para que se limpien, cerquen, iluminen y aseguren los predios baldíos con el fin de evitar nuevas usurpaciones en la zona. Los frentistas denunciaron que periódicamente se registran intentos de nuevas usurpaciones y deben dar aviso a la Policía para frustrar los ingresos ilegales.
“Con los delegados de otras zonas donde estamos las familias que vivimos asentadas desde el 2012, estamos intentando organizarnos para retomar las gestiones y el diálogo para encontrar una salida a la situación irregular en la que estamos. Queremos dialogar con los vecinos de las viviendas, con la empresa propietaria y con la Municipalidad porque nuestra intención es negociar la compra de los terrenos donde vivimos”, manifestó en diálogo con El Litoral, Eli Escato, una de las delegadas okupa del Pirayuí que fue una de las primeras en ingresar durante las tomas del 2012.
“Siempre hay rumores de que se van a realizar nuevas usurpaciones en los terrenos baldíos, pero nosotros también tuvimos problemas con las personas nuevas que ingresaron a los terrenos y que ocasionaron muchos problemas a las familias más antiguas”, añadió la delegada.
Los referentes okupas señalaron que en los últimos años se enfriaron las negociaciones y charlas con referentes sociales y políticos en la búsqueda de una solución. Inclusive vale recordar que las negociaciones encaradas por la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat no llegaron a buen puerto y fueron dejadas de lado desde hace varios años, por lo que las familias que actualmente habitan las 43 hectáreas quedaron sin gestores para la compra de los terrenos.