El año anterior fue el turno del Jury. Durante todo el año no se logró que el suplente designado por el Superior Tribunal asuma el cargo como lo hicieron los demás representantes de los otros sectores.
Este año, el que está rengo es el Consejo de la Magistratura. En reiteradas oportunidades este medio ha puesto de manifiesto la negligencia del Superior Tribunal que omite hasta ahora designar al ministro suplente en el Consejo, dándose la paradoja de que han caído algunas reuniones por la ausencia de Rubín, quien aun así se mantiene en sus trece firmemente dispuesto a no transigir con que el Superior complete su representación en el Consejo, y sin que los demás miembros asuman la responsabilidad de salvar tan notable irregularidad.
Todo ello acontece mientras el sistema judicial correntino está en la mira del poder nacional, con la posibilidad de que desde el Gobierno federal se avance en el remedio que permita resguardar el servicio de justicia en la Provincia. El caso de la Secretaria sigue sin solucionarse. Hay una funcionaria que está alcanzada por la incompatibilidad que prevé de manera expresa el reglamento, y cuya continuidad desdibuja el rol del Consejo como que esa funcionaria judicial tiene el privilegio de poder identificar a quiénes concurren a rendir examen, desvirtuando el sistema que apunta a garantizar el anonimato a la hora de corregir los exámenes.
En este marco, los concursos han perdido legitimidad hace tiempo. Son muchos los que, viniendo de afuera, no quieren someterse a lo que consideran un manoseo. Y son muchos a la vez quienes, formando ya parte del Poder Judicial, no consideran apropiado competir para cargos de mayor jerarquía por la falta de garantías que otorga un Consejo manipulado desde la cúpula tribunalicia. Esta manipulación que está a ojos vista no se limita al proceso de corrección de los exámenes. Luego, en la etapa del coloquio se acomodan los tantos de forma discrecional, sin cuidar las formas más elementales que hacen a la prolijidad que se debe exigir a un cuerpo de esta naturaleza.
En este aspecto debe señalarse la forma clandestina cómo desarrolla su accionar el Consejo en la etapa del coloquio, de manera diametralmente opuesta a cómo lo hace el Consejo a escala nacional. Las entrevistas son secretas. No hay registros ni grabaciones, y no a todos se les hace las mismas preguntas. No hay forma de que, a posteriori, los interesados puedan ver lo actuado en el coloquio ni en el propio, ni en el de los demás postulantes, y a su término es habitual que sin pautas lógicas se produzca una reconformación de las listas de candidatos, con el agravante de que muchas veces no se cumple con la obligación de elevar ternas por cada cargo, limitando al propio Poder Ejecutivo en el proceso de selección.
Otros aspectos en los que el Consejo no logra despegar, jerarquizando su rol constitucional, es que a cinco años de la reforma no ha podido alquilar una propiedad para cumplir su cometido en un ámbito distinto al del Superior.
La promiscuidad es tal que desde la cúpula tribunalicia se mezcla personal y medios propios del Superior con los del Consejo, quitándole todo viso de transparencia a un organismo que debiera priorizar las señales que se da a la sociedad.
La elevación a juicio del caso Saladas actualizó una polémica en torno a quién define los casos que se tratan y los que permanecen cajoneados, acaso como si se buscara mantener la espada de Damocles sobre algunos jueces. Lo lógico sería que se respete un estricto orden de tratamiento que disipe las sospechas ya instaladas de un manejo discrecional del Consejo, sin que el Colegio de Magistrados ejerza una defensa activa de los mecanismos que hacen a la transparencia.

Fuente: www.diarioellibertador.com.ar