27 de noviembre de 2012
Bonistas del canje piden suspender el fallo de Griesa contra la Argentina
Avalaron la postura argentina contra la decisión del juez de Nueva York. El Gobierno apeló anoche la medida.
En una presentación que resultó una ayuda para la apelación que anoche hizo la Argentina, un grupo de tenedores de bonos argentinos que ingresaron en el canje solicitaron a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendael fallo emitido por el juez federal Thomas Griesa, que obliga al Gobierno a pagarles a los fondos buitre 1.300 millones de dólares el 15 de diciembre próximo.
A última hora de ayer, los abogados que representan al país formalizaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York el pedido de“tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden” emitida por Griesa el miércoles último.
Antes, y liderado por el fondo de inversión Gramercy, el llamado Exchange Bondholders Group (EBG), el grupo de tenedores de bonos reestructurados pidió además ser considerado como una parte más del casopara poder oficialmente apelar el fallo de Griesa. Si este pedido no es concedido, solicitaron que el escrito que presentaron ayer a favor de la suspensión del fallo sea considerado como un “amicus curae” es decir como un testimonio de un testigo interesado .
De hecho, Griesa le negó ayer a EBG la posibilidad de ser parte del caso como se lo habían pedido el 16 de noviembre pasado y también les negó la posibilidad de pedir oficialmente la reversión de su fallo. La Cámara de Apelaciones puede, sin embargo, no coincidir con Griesa y fallar a favor de que EBG sea parte de este caso. Esta decisión es importante para Argentina porque, temiendo no poder cobrar lo que se le debe, EBG viene apoyando la posición de nuestro país sistemáticamente . Si logra hacerlo como parte del caso tendrá mas fuerza.
El escrito que presentaron pidiendo que se suspenda la ejecución de la orden de Griesa, explica que la misma “obstaculiza ilegalmente e inconstitucionalmente el derecho de acreedores inocentes, incluyendo EGB, a cobrar pagos que la República les debe”.
EBG se queja porque Griesa no tuvo en cuenta sus argumentos pese a que la Corte de Apelaciones había dejado en claro “que será el último árbitro sobre si la orden es razonable en su aplicación a terceras partes”.
En la presentación, el EGB argumenta que ellos aceptaron cobrar “30 centavos por cada dólar para ayudar a la reestructuración de la deuda Argentina de acuerdo a la política fiscal internacional del Gobierno de Estados Unidos”.
Y que por eso no “deberían padecer nuevas penalidades”.
Toda la argumentación de EBG va en favor de la presentación que finalmente realizó anoche la Argentina . Al igual que EBG, el Gobierno pide que se suspenda la ejecución del fallo de Griesa hasta que termine el proceso de apelaciones . El objetivo de Argentina es no pagar hasta tanto se resuelva el “proceso de apelaciones”.
De hecho en su escrito, Argentina inicia formalmente el proceso de apelaciones pidiéndole a la Cámara de Apelación que revierta la orden judicial de Griesa que la obliga a pagar 1.300 millones de dólares a los fondos buitres el 15 de diciembre invocando el impacto que esto tendrá sobre reestructuraciones futuras .
La presentación de la Argentina trascendió aquí anoche y fue confirmada en Buenos Aires por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El escrito argentino se basa “en la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa” y que “consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras que los bonistas que entraron en el canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”, según se informó.
En la misma línea, se supo que la posición argentina destaca que “la suspensión de la orden judicial hasta que la Cámara resuelva es la única forma con la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”. Para completar, sostiene que el fallo del juez Griesa es un “ataque a la soberanía” argentina.
Fuente: www.clarin.com