¿Hay mucha actividad en el fuero penal?
-La sociedad demanda mucho. Hay situaciones y conflictos que antes no se planteaban. En otras instancias donde no encuentra respuestas, la gente las encuentra en el fuero penal de modo más inmediato.
-¿Qué problemáticas, por ejemplo?
-Problemáticas en materia familiar, de orden social, querellas criminales.
-¿Pero algunas de esas cuestiones no son del fuero civil?
-Pero encuentran más rápido el Penal.
-¿La Justicia está dando respuestas a las demandas?
-Estamos en eso. Desde 2004, en todo el país, se viene bregando para que se cumpla la Constitución y los pactos internacionales, que se dé operatividad a las garantías de un proceso penal. Esto es: que haya un fiscal que investiga y que se garantice la imparcialidad del juez. Todo ello en aplicación del pacto de San José de Costa Rica.
-¿Por qué surge ese Pacto?
-Ante la oleada de gobiernos militares en la mayoría de los países de América Latina, con sistemas que afectaban los derechos y las garantías de los ciudadanos, surgió este acuerdo de derechos básicos en un país que fue uno de los pocos que no padeció estos regímenes militares.
-¿En qué año se aprobó ese acuerdo?
-Fue exactamente el 22 de noviembre de 1969, aunque varios países lo suscribieron más tarde. La Argentina, por ejemplo, lo hizo recién en 1984. Establece varios principios interesantes del derecho, como el control de constitucionalidad, el procedimiento adversarial, la garantía de la participación a la víctima, entre otros.

LA GÉNESIS
DEL CÓDIGO

-¿El proyecto de nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes contempla esas pautas?
-Claro que sí. Ese proyecto fue presentado oficialmente a la Legislatura el 9 de agosto de 2011.
-¿Quién lo elaboró?
-Esta es la historia: el diputado Carlos Rubín tuvo la iniciativa, pero antes pidió opiniones de todos los operadores del sistema judicial: del Superior Tribunal de Justicia, de los jueces y funcionarios, de los abogados, de la Facultad de Derecho…
-¿Y con todas esas opiniones elaboró un proyecto?
-No, nuestro Colegio de Magistrados y Funcionarios elaboró uno y se lo entregó a Rubín. Lo mismo hizo un área de investigaciones de la Facultad de Derecho. Finalmente se constituyó una comisión redactora de cinco miembros para unificar ambos anteproyectos y lograr un solo proyecto de consenso.
-¿Cómo se integró esa comisión?
-Con dos representantes de la Facultad de Derecho (Jorge Buompadre y Gabriela Aromí); dos representantes del Poder Judicial, Ramón Alegre y Alejandro Chaín; y un representante del Colegio de Magistrados y Funcionarios y del Ministerio Público (Buenaventura Duarte). Se dio un plazo de 15 días a un mes para que se lo elabore, se unifiquen criterios de ambos y surja uno definitivo.
-¿Y cumplieron esos plazos?
-Concluimos el trabajo el 3 de agosto de 2011, a las 21.30. La Comisión estuvo presidida por el vicedecano de Derecho, Jorge Buompadre, y yo actué como secretario.
-¿Trabajaron con mucha intensidad?
-Empezamos el 16 de junio de 2011. Discutimos mucho, sí; pero en un marco de mutuo respeto. Trabajamos en cuanto a las pautas de sistematización. Nos reunimos en el Vicedecanato de la Facultad de Derecho y actuó como escribiente la alumna de Derecho Luciana Sommer Aromí.
-Si le pidiera una apretada síntesis de este trabajo, ¿qué destacaría?
-Destaco seis puntos principales: primero, la oralidad como principio; segundo, el fortalecimiento del Ministerio Público; tercero, la utilización de la Policía Judicial (denominada con ese término); cuarto, la participación de la víctima; quinto, la desformalización y sexto, el diseño de estructuras judiciales flexibles.
-¿Por qué la desformalización? ¿El sistema penal es muy formal?
-Sí, todo se hace por escrito. Eso lentifica el proceso, hay poca oralidad.
-¿Qué otras características sobresalen?
-Se establecen nuevos institutos, hay más celeridad en la resolución de conflictos penales, con el delito de flagrancia, el juicio a prueba, el juicio abreviado y el juicio directo.
-¿Por qué en el proyecto se opone el sistema denominado inquisitivo al sistema acusatorio?
-En el inquisitivo (que es el que se propone superar), el juez investigaba, en contra de lo que indica la Constitución. Es juez y parte. En cambio, en el procedimiento acusatorio el que investiga es el fiscal; el juez, como su nombre lo indica, juzga. Es un juez de garantía.
ALGUNAS
MODIFICACIONES

-Bien, presentaron el proyecto en la Legislatura. ¿Y después?
-Sí, lo presentamos el 9 de agosto de 2011 ante el presidente de la Cámara de Diputados. Esa Cámara le dio un trámite rápido, aprobaron el proyecto por unanimidad. En cambio, los senadores le hicieron algunas modificaciones.
-¿En qué aspectos?
-En el capítulo de la Policía Judicial, en la duración del proceso y en las disposiciones transitorias. Luego lo remitió nuevamente a la Cámara de Diputados, donde hace dos meses está en estudio. Las modificaciones fueron consensuadas por los tres poderes del Estado.
-¿El nuevo Código se aplicaría inmediatamente o habría como un período de transición?
-Con buen criterio, los senadores indicaron que debíamos poner inmediatamente en funcionamiento las instituciones del Código en marzo de 2013, pero sólo en la tercera circunscripción judicial. Es decir que se iría aplicando en forma escalonada.

Dentro de la
Constitución Provincial
-¿Qué impresión le da el proyecto de intervención federal al Poder Judicial que presentó el senador José María Roldán?
-Estoy convencido que deben usarse los mecanismos que la propia Constitución Provincial prevé. Por ejemplo: el funcionamiento de la Cámara acusadora, que es la de Diputados y la que dicta sentencia, que es la de Senadores.
-El Senador alude que hay varios juicios políticos estancados…
-Pero eso no es responsabilidad del Poder Judicial. En definitiva, no veo que se den los elementos de extrema gravedad necesarios para pedir la intervención. Debemos acostumbrarnos a usar los mecanismos constitucionales, republicanos y democráticos.
-¿Los mecanismos judiciales funcionan bien en Corrientes?
-El funcionamiento de todas las instancias judiciales está plenamente vigente.

RELACIONES JUEZ-FISCAL

-¿La relación juez-fiscal es armónica o suele ser problemática?
-Es una relación que debe sustentarse en el respeto y en el cumplimiento de sus respectivos roles como operadores del sistema penal. Se está produciendo un gran cambio cultural acompañando el recambio generacional de los operadores del sistema.
-Porque hay un juez suspendido de Saladas, que decía que su fiscal lo denunciaba constantemente…
-Debemos entender que juramos respeto a la Constitución y que integramos el Ministerio Público Fiscal, un órgano acusador imparcial que garantizará el adecuado proceso.
-¿La conducta pública adecuada de los jueces, es similar también para los fiscales?
-La conducta es la misma tanto para magistrados como para funcionarios del Poder Judicial. Además, contamos con los códigos de ética de nuestra función.
-La inseguridad es un tema que preocupa a la sociedad. ¿Cómo se resuelve?
-Desde el plano judicial, cumpliendo todos los preceptos legales. Pero hay que decir que la seguridad en democracia es más que la seguridad policial.

Desde los 12 años
-¿Es cierto que, además de estudiar, empezó a trabajar a los 12 años?
-Así es. Limpiaba las mesas en el comedor "La Rueda", que estaba enfrente de nuestra casa.
-¿Y siguió trabajando?
-Sí. A los 13 años empecé a trabajar de ordenanza en la ganadera de Alberto Díaz Colodrero. Lo hacía por la mañana mientras estudiaba por la tarde. Más adelante también trabajé en otra ganadera, "Los Vaqueros".
-Trabajaba y estudiaba, entonces.
-Grandes amigos, mayores que yo, me supieron guiar y darme buenos consejos. Ellos me decían que no dejara de estudiar. Me gustaría nombrarlos: Raúl González, Omar Núñez (gerente de la ganadera), Oscar Héctor Talia, Luis Taglioretti, Ángel Manuel Duarte (quien luego fuera senador liberal), Hugo Gamboa.
-La verdad es que empezó a trabajar muy temprano…
-A los 15 años ya sabía comprar hacienda.
-¿Y en la escuela, cómo anduvo?
-Me dieron la medalla al esfuerzo y la constancia. Era la primera vez que alguien del turno tarde la obtenía. Me la entregó don Amílcar Pascasio Araujo.
-¿Guarda buenos recuerdos de ese tiempo?
-Claro que sí. Y quiero nombrar amigos imborrables de la infancia: Carlos, Luis, Catalo, "Carlitos" Sinkiewicz, "Carlitos" Canoletto, "Chino" Penzo, José Yapur…
-¿Qué queda hoy de aquel Buenaventura "Cacho" Duarte?
-Todo. Por más alto que sea el cargo que uno pudiera ocupar eventualmente, nunca voy a olvidar la humildad que absorbí en mi familia y entre aquellos amigos.

Quién es
    Nació el 29 de septiembre en Goya, en un humilde hogar de padre jubilado de comercio y de madre modista y con cinco hermanos, tres varones y dos mujeres.
    Realizó en la segunda ciudad de Corrientes sus estudios primarios y secundarios, egresando de la Escuela de Comercio con el título de perito mercantil.
    El 31 de octubre de 1981 se recibió de procurador nacional en la Unne.
    El 24 de julio de 1986 egresó con el título de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste (Unne).            
    Mientras estudiaba, comenzó a trabajar desde los 12 años.
    En 1978 estuvo destinado, como soldado conscripto, en el Sur argentino durante la época del conflicto por el Beagle.
    Ya como abogado, trabajó durante diez años en el estudio de Carlos Tomasella.
    En 1990 volvió a radicarse brevemente en Goya para trabajar en una imprenta que editó un periódico, "El grito del Pueblo", que fue el primer diario hecho en computadora e impreso en el sistema offset.
    Fue secretario del Juzgado Correccional desde el 9 de junio de 1992.
    Trabajó en los otros poderes del Estado: en el Senado y en el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).
    El 7 de febrero de 2003 asumió sus actuales funciones como fiscal de Instrucción.
    Está casado con Emilia Herrera (contadora) y tiene dos hijos: Facundo (también contador) y Nadia (estudiante de Fonoaudiología).

Fuente: www.diarioellibertador.com.ar