Con la firma del presidente, doctor Guillermo Horacio Semhan y de los ministros Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri, ayer a mediodía la Corte provincial fijó audiencia para el viernes 21 a las 8.30 en la sede del Alto cuerpo. La misma está prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades y se realizará con la presencia del Fiscal General.
Esta convocatoria se realizó sobre el telón de fondo de un clima de alto voltaje social, con incidentes de cortes de ruta en torno a la localidad de Santa Rosa.
Las partes podrán concurrir a la audiencia con las pruebas que no hayan sido oportunamente ofrecidas. Si además el Superior Tribunal lo considerara conducente para la solución de la causa, podrá disponer de la producción de más pruebas, sin interrumpir el plazo para dictar sentencia. La resolución declara también la competencia originaria y exclusiva de la Corte provincial para entender en la causa.
El expediente se inició con la presentación del intendente de Santa Rosa, Marcelo Eduardo Otazo, quien solicitó la declaración de nulidad de la Resolución N° 59 dictada por el Concejo Deliberante Municipal, que el pasado 11 de este mes dispuso someterlo a juicio político, suspendiéndolo en sus funciones durante ese trámite.
La Fiscalía General dictaminó que el planteo configuraba un conflicto de poderes. Ahora, la Corte provincial entendió que las pruebas del caso denotaban gravedad institucional, y manifestó que la cuestión tenía la suficiente relevancia para habilitar la competencia originaria y exclusiva del Tribunal (ver más en Contratapa).

La idea sería la de acelerar la solución
No hay que confundirse: la audiencia de mañana no es de conciliación ni de mediación. Así se lo aclaró ayer una alta fuente judicial a EL LIBERTADOR que le pidió precisiones sobre la convocatoria realizada por el Superior Tribunal de Justicia a las partes en conflicto en el Municipio de Santa Rosa (ver aparte). Es que muchos recordaban en estas horas el caso de la polémica sobre el punto de coparticipación entre el Gobierno provincial y el municipio capitalino, circunstancia en la que el Superior Tribunal sí desempeñó un rol mediador.
Aquí se trata de un acto en que el máximo tribunal de la Provincia va a "oír" a las partes, lo que luego será incorporado al expediente. Esto quiere decir que en modo alguno se va a acordar una solución. Sólo el Tribunal es el que va a resolver en definitiva. Tampoco habrá discusiones ni debates: ambos actores (el intendente suspendido y los concejales que lo suspendieron) harán sus exposiciones a su turno, sin contradicción. El propio presidente del cuerpo, Guillermo Semhan, dirigirá la audiencia, dando la palabra a uno y a otro.
Sobre el supuesto "derecho" que se atribuyó Marcelo Otazo de continuar en funciones por el sólo hecho de haber tomado estado judicial su reclamo, recordaron desde el STJ no hay ninguna disposición judicial al respecto. Esto quiere decir que, intertanto el Tribunal resuelva algo, sigue vigente lo institucionalmente resuelto por el Concejo Deliberante de Santa Rosa, esto es, que el intendente provisorio sigue siendo su presidente, Pedro Maidana.
Los intérpretes de las decisiones que adopta el Superior Tribunal en materia de crisis institucionales creen ver en esta audiencia convocada para mañana una intención de resolver prestamente esta cuestión, considerando el clima de gravedad institucional que hoy tiene su epicentro en la comunidad santarroseña. Algo así como sofocar el incendio antes de que se propague. Si fuera así, no sería extraño que el cuerpo judicial se pronuncie no sólo sobre la medida cautelar solicitada por los defensores de Otazo, sino también sobre la cuestión de fondo que está en juego en esta crisis institucional.
En ese tren, es probable que se recurra al mecanismo de producir la prueba para precisamente imprimirle celeridad al proceso. No es para menos: la situación generada amenaza con generar desórdenes como los que se advirtieron ayer, con cortes de ruta por parte de vecinos malhumorados (ver Contratapa).
De eso habría tomado debida nota el Superior Tribunal de Justicia.