19 de septiembre de 2014
Punto extra: fracasó la política, la Justicia deberá expedirse y el PJ se dice victorioso
Los representantes del Gobierno y de las cinco comunas peronistas no lograron ponerse de acuerdo en la disputa judicial por la coparticipación. El PJ exigió que el STJ se expida cuanto antes. Aseguran que la ley que se debate en el Senado no es retroactiva. La Provincia pidió que la Corte no intervenga.
Los representantes de las cinco comunas peronistas salieron ayer de la última audiencia de conciliación con un halo victorioso. No hubo acuerdo con el Gobierno provincial por el punto extra de coparticipación. Ahora será la Justicia la que decida sobre la supuesta ilegalidad del decreto que impuso que se destine a obras 1% de recursos coparticipables.
Según el justicialismo, pese al cambio de estrategia del Gobierno, que busca convertir en ley el decreto judicializado, hay un “vacío” que la iniciativa no cubre y es entonces cuándo se torna necesaria la intervención de la Justicia.
“Ninguna ley es retroactiva y de aprobarse el proyecto del Gobierno sólo se resolverá la problemática a futuro. Por eso la Justicia debe resolver qué pasa con los fondos girados desde el 1 de agosto y los que se retuvo. Es aquí donde estamos seguros de que ganaremos la disputa. Por eso no estábamos dispuestos a acordar”, dijo a El Litoral Justo Pío Sierra, representante legal de las cinco comunas peronistas, tras la última audiencia realizada ayer por la tarde en Casa Lagraña. También se reunieron por la mañana.
Una vez acabada la etapa de mediación, los peronistas presentaron inmediatamente un escrito al Superior Tribunal de Justicia en el que pidieron se expida sobre el amparo que solicitaron Capital, San Luis del Palmar, Tabay, Ramada Paso y Saladas. La medida exige que se gire el punto extra de coparticipación con libre disponibilidad.
“El Superior Tribunal tiene la obligación de expedirse en no más de 4 días”, dijo Sierra.
Rápido de reflejos, los abogados peronistas incorporaron en su escrito al STJ el proyecto de ley del radicalismo. “Incluimos el proyecto como prueba. En él queda claro que el Gobierno revierte su error y reconoce que un decreto no puede modificar una ley”, explicó.
La Provincia exigía que se levante la medida judicial para girar a las cinco comunas los recursos que se mantienen en reserva desde el 1 de septiembre y hasta que concluya la disputa judicial.
En tanto, el Fiscal de Estado, Carlos Pila, dijo que “no hubo acuerdo y que el Gobierno solicitó al STJ la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Badaró”.
Ese es el plan b, pedir que la Justicia no intervenga debido a que la Legislatura trata un proyecto de ley relacionado con la discusión. Habrá que esperar para conocer la respuesta judicial.
Lo cierto es que pese a los intentos por hallar una solución que evite el laudo judicial, la política fracasó y todo parece indicar que serán los jueces quienes definan la cuestión.
En paralelo, en el Senado radicales y peronistas acercaron posiciones para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley (ver página 4). Se jactaron de acercar posiciones para que “triunfe la política”, pero el discurso duró poco, ya que a sólo unos metros de distancia de la Legislatura, fracasaba la política y se exigía que la Justicia tome cartas.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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