18 de septiembre de 2014
Punto extra: el Gobierno se aferra a la ley y empuja al PJ a una definición
El Gobierno y cinco comunas volverán a reunirse hoy en el Superior Tribunal. En paralelo, el Senado tratará la ley que podría poner fin a la disputa. La Provincia espera que los peronistas desistan de las acciones judiciales. Los intendentes quieren garantías, pero están acorralados.
La disputa judicial entre el Gobierno y cinco comunas peronistas por el punto extra de coparticipación podría llegar hoy a su final. Con un proyecto de ley en mano, que corrige el decreto que fijó para obras el punto extra de recursos, el Gobierno espera que los intendentes renuncien a los planteamientos judiciales y acepten las nuevas condiciones impuestas para acceder a los millones que les son retenidos desde principios de mes. En parelelo, la iniciativa será tratada en el Senado.
Los abogados del Gobierno provincial y de los municipios peronistas se volverán a reunir hoy en el marco de la audiencia conciliatoria dictada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El presidente de la Corte, Guillermo Semhan, hará de mediador.
La cuestión podría llegar a su fin si los intendentes aceptan dejar de lado el ámbito judicial y adherirse al mismo decreto que judicializaron, para poder cobrar los millones que se les retienen desde principios de mes.
De lo contrario, la Provincia tiene un plan B: exigir al STJ que no intervenga debido a que la Legislatura trata un proyecto de ley relacionado con la discusión. Por eso los representantes legales de la Provincia pidieron la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Badaró, que sentó precedentes.
La situación acorrala al peronismo, que deberá decidir qué hacer. Los intendentes podrían estirar la discusión un poco más, pero sólo sería cuestión de tiempo para que una estrategia judicial choque contra la posible sanción de una ley que corrige los errores del oficialismo. Además, los radicales tienen los números necesarios para aprobar la iniciativa sin necesidad de debatir con la oposición.
No obstante, los peronistas se mantienen férreos en sus exigencias de garantías al Gobierno. Reclaman un compromiso de girar los millones retenidos, pero la Provincia se muestra firme en ese aspecto. Los fondos sólo se destrabarán cuando no exista queja judicial alguna.
Los intendentes temen que una vez puesta la firma, el gobernador Ricardo Colombi no gire esos millones que se mantienen en reserva a la espera de una resolución del conflicto.
Claro que ante esa situación se impondría una nueva acción judicial contra el Gobierno.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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