Una semana difícil pasó para el Gobierno en la que debió atender el escenario legislativo en sus dos frentes, sumado al irresuelto conflicto en la Dpec.
Para quien escribe esta columna muchas veces no resulta fácil el equilibrio entre la necesidad de mantener la objetividad, lo cual lleva a reflejar la realidad como es, no como quisiéramos que fuera o haya sido. El respeto y la vigencia de este análisis dominical nos lleva, más allá de los compromisos partidarios o los lógicos intereses en que se mueve la realidad del día a día, al relato de los hechos como han sucedido en función a que la credibilidad es la principal herramienta de la que dispone un periodista.
Las interpretaciones quedan a cargo del público lector, a quien nos debemos, y a quien respetamos.

COLOMBI TOMA EL BASTÓN DE MARISCAL

El propio Colombi bajó al ruedo y se involucró -de lleno- en la definición de lo ocurrido en ambas alas del Palacio Legislativo.
Habitualmente no lo hace, salvo cuando en situaciones extremas ve rozada su autoridad o interpreta que las decisiones que de ahí pueden surgir tendrán una lectura contraria a sus propios intereses políticos.
Entendió que -en esta jugada de ajedrez- había mucho  más que la disputa por un cargo de menor entidad como es la Secretaría de Comisiones, o el texto de un Código a reformar que -aunque importante- no ameritaba, en situaciones normales, la atención del mandatario provincial cuyas urgencias pasan fundamentalmente por el equilibrio de las cuentas públicas, su relación siempre difícil con la Nación y, en la coyuntura, la situación energética, particularmente el conflicto que no puede zanjar con los empleados de la Dpec.
Por la forma cómo se instalaron los temas en la opinión pública pareció prioritario para Colombi no dar la imagen de una derrota que -aunque inevitable en Diputados- a la luz de los números y la geografía legislativa debía plantearse como una victoria. Aunque sea a lo Pirro, sin cuidar las formas y con el único objetivo de impedir -a cualquier costo- que el candidato promovido por el bloque justicialista, con el acompañamiento de otros once diputados, termine siendo coronado en un cargo que -aun secundario- podría transmitir la idea de una derrota de ECO que en los hechos así fue, en la medida en que debió sacrificar al propio candidato radical para terminar votando a un K de la primera hora.
De ahí la operatoria puesta en marcha. En este juego de ajedrez, Colombi no dudó en sacrificar a la Dama -en términos ajedrecísticos- para impulsar una rara alquimia en la que, consolidando las posiciones de ECO en la sumatoria de radicales y diputados de ELI, el Partido Popular y Proyecto Corrientes, se buscó los cinco que faltaban para el peso. En el caso, el concurso de dos diputados que llegaron por el PJ, pero que no vienen jugando dentro de la orgánica partidaria; estos son Hugo Vallejos y "Cuto" Badaracco, empeñados ambos en sostener la nominación del referente K, Tamandaré Ramírez, aun cuando ese sostenimiento estuviera en línea con el acompañamiento del oficialismo provincial en desmedro del propio justicialismo.
Prueba irrefutable de que a ECO no le cerraban los números fue el aceptar el nombre del candidato acercado por los dos diputados que le faltaban, con cuyo concurso -si bien aseguraban mayoría por el doble voto del presidente- no garantizaban el quórum necesario de 16 voluntades presentes para sesionar.
Lo cierto es que, a la hora de resolver, la urgencia de Colombi pareció ser otra. Ya no importaba que ECO se quede sin la Secretaría, sino que lo que sobresalía era la necesidad de no aparecer derrotado, más allá de que la lectura en este aspecto resulta confusa a la hora del análisis de quién gano y quién perdió, algo que queda reservado a la interpretación del público lector.
En los hechos, se dio la paradoja de que hubo dos candidatos peronistas. Ambos alineados con el partido y su conducción más allá de que uno juegue por dentro y otro haya terminado siendo instrumento de la necesidad de ECO para no perder y mostrar que era capaz de imponer un nombre como ganador.
Para muchos, la jugada no parecía como lógica. ECO sacrificaba a candidatos propios, y al apelar a un peronista no lo hacía con alguno de los muchos que ya juegan cerca de ECO, sino que terminaba apoyando a uno de los referentes K que es parte de la conducción.
Una jugada casi desesperada podría leerse que no deja precisamente la idea de un triunfo, sino la necesidad de sortear una encerrona de la que -en alguna medida- salió airoso al impedir el triunfo del postulante del PJ, aunque no pueda arrogarse una victoria plena.
Aquel principio de Alem, de que "se rompa, pero que no se doble" quedó para la UCR en el canasto de los olvidos. Lo rescató el PJ, que prefirió ir a fondo con posiciones principistas que apuntan a ganar en el discurso.

LA POSICIÓN PERONISTA

En las horas previas a la votación hubo gestiones tendientes a lograr el acompañamiento del Frente para la Victoria a la nominación de Tamandaré Ramírez en función a la inevitabilidad del resultado en orden a la prevista ausencia de varios legisladores.
En este punto hubo una actitud irreductible de parte del PJ que debe destacarse. Fue la decisión de mantener su candidato, más allá de que pierda. Primó la necesidad de diferenciarse. Tal como quedaron planteadas las cosas y más allá de que la persona de Ramírez Forte mal podía aceptarse que se termine convalidando lo que fue una movida gestada desde el Gobierno un candidato que venía con el sello del oficialismo en el ovillo.
Lo cierto fue que -aun perdiendo- el PJ ganó en el discurso y en la coherencia en el derrotero que está, de poder encolumnar sus bloques legislativos en una acción coordinada con la estrategia del partido.
 
LA CUESTIÓN NO ES LLEGAR, SINO CÓMO LLEGAR

En la pelea de fondo quedaron dos candidatos, ambos del PJ. La diferencia estuvo en que uno fue promovido desde el partido y del Frente para la Victoria, y el otro vino patrocinado por la alianza que conduce Colombi; una diferencia que no es menor y que pone sobre el tapete la cuestión ética que -en términos de imagen- no es poca cosa para un partido que pretende legítimamente gobernar la Provincia.
Hace muchos años, allá por 1931, hubo un elector que -por tres meses- mantuvo en vilo a los correntinos. Entonces, los gobernadores llegaban merced a la votación en los colegios electorales. Las fuerzas políticas estaban empatadas. Uno y otro sector ofrecían la Gobernación al elector en cuestión a cambio de que el otro partido no se la lleve. Luego de intensas jornadas, el elector de referencia definió a favor Pedro Numa Soto. No aceptó él mismo la Gobernación, tampoco la Senaduría nacional en la que impuso el nombre de Juan José Lubary ni la Diputación nacional, que dejó para su tío Benjamín Solari. Acordó con Juan Ramón Vidal el voto a Soto a  cambio de que el flamante gobierno acoja una serie de reivindicaciones sociales.
El elector era Delio J Martínez, el único diputado socialista que tuvo Corrientes y que supo presidir la Cámara de Diputados.
En esa elección, la del año ‘31 fue candidato a primer elector y Gobernador en la fórmula con Víctor Navajas Centeno por la alianza socialista-Demócrata Progresista.
Delio J Martínez no sólo fue un político de los de antes, un activista de barricada que supo estar nueve veces preso por cuestiones políticas, sino además uno de los abogados más brillantes del foro local, quizás el que más pleitos ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo recordado porque, para cumplir uno de ellos, después de 20 años de pleito y cuatro intervenciones de la Corte tuvo que poner un revolver en la cabeza del entonces presidente del Superior Tribunal, Castor Flores Leyes, que se allanó ordenando al entonces juez, aun vivo y que puede dar testimonio del hecho, el doctor Abraham Riccer a la firma del mandamiento que dio cumplimiento al fallo de la Corte.
Muchos años después, ya en el ’99, su hijo, también Presidente de la Cámara de Diputados, pudo llegar a la Gobernación en el marco del proceso que sobrevino a la destitución del PaNu. La lógica indicaba la renuncia de Hugo Perié a la Vicepresidencia 1ª del Senado para que el cargo quede consolidado, por la línea sucesoria en el titular de la Cámara de Diputados.
Rodolfo Martínez Llano prefirió cumplir con su palabra de renunciar a la Presidencia de la Cámara para honrar los compromisos asumidos. Perdió sí quedarse con la Gobernación; de hecho, también la titularidad de Diputados. Pero ganó en el respeto y la confianza de quienes -más allá de sus diferencias- siempre valoraron su palabra. Dos semanas después, Javier Aratto, un hombre del radicalismo lo sucedía en Diputados y Perié asumía la Gobernación.
Casos, estos dos de la historia de Corrientes que muestran de que la cuestión no es llegar, sino llegar por derecha, con la frente alta, por el partido al que se pertenece y de cara a los correntinos.

LA DISPUTA EN EL SENADO

El radicalismo, aun no convencido del texto de la reforma al Código Procesal Penal apuntó a quemar las naves en el Senado para lograr su aprobación. Lo hizo en el contexto político en que aparecía, luego del mal trago que pasó la semana anterior.
El PJ no logró, en este ámbito, acordar una posición común con contradicciones que se trasladarán sin duda al tratamiento en Diputados, donde tiene final abierto frente a la irreductible posición que -en este punto- tiene el hombre fuerte de la Cámara baja, "Perucho" Cassani que ya el año pasado hizo naufragar el proyecto.
Para el Gobierno, lo del jueves era lo que políticamente necesitaba. Esto fue, hacer una demostración de fuerza que finalmente logró, consiguiendo Colombi mostrar que aún maneja el Senado.
Las dos abstenciones que se registraron estuvieron dadas por el planteo de que respecto al proyecto subsistían opiniones divergentes, muchas con consistencia, que aconsejaban a un mayor estudio.
En los hechos, pareció primar el interés político de cerrar una discusión que había puesto dudas respecto a la primacía del radicalismo en un ámbito en el cual siempre supo imponer su criterio.

EL CASO AGUAD

Notable repercusión tuvo -en el ámbito de la Provincia- la confirmación de un anticipo realizado -desde esta misma columna- hace más de seis meses, y repetido en otras dos oportunidades en las que se afirmaba que la decisión del más alto Tribunal de la Nación saldría sin disidencias.
Pocos parecieron tomar en cuenta este anticipo a la luz de la sorpresa que ahora mostraron.
No es la primera vez que EL LIBERTADOR anticipa fallos de la Corte. No hace mucho lo hizo con la reforma judicial, cuando señaló que el alto Tribunal se aprestaba a invalidar algunos aspectos de la iniciativa del Poder Ejecutivo plasmadas en la Ley, haciendo lugar a la inconstitucionalidad.
También este medio anticipó el fallo -en torno a la Ley de Medios-, cuál sería el criterio del alto Tribunal.
Se trataron de decisiones tomadas en la cúspide del Poder Judicial de la Nación, no en el ámbito de un poder local como es el Superior Tribunal, siendo aún recordado el escándalo que pretendió armar el entonces Presidente saliente de la Corte provincial, cuando justificó su nunca aclarada salida por la difusión del fallo que hizo EL LIBERTADOR en el caso de la re-re de los intendentes. Carlos Rubín se sorprendió de que este medio anticipara un fallo aun no firmado de un tribunal de cabotaje como es el Superior Tribunal de Corrientes, en una Provincia en la que todo se sabe, más cuanto una decisión de este tipo pasa por varias manos antes de plasmarse en un fallo.
¿Qué queda entonces cuando lo que se anticipa son fallos del más alto Tribunal de la Nación? Algo que no sólo lo hace EL LIBERTADOR. Muchas veces medios de alcance nacional filtran lo que será la decisión de tribunales nacionales, incluida la propia Corte. En el Caso Aguad, EL LIBERTADOR lo hizo con mucha antelación, arriesgando lo que terminó por confirmarse; esto fue que el fallo no tendría la disidencia de ninguno de los supremos jueces de la Nación, como que hasta el más identificado con el Gobierno, como el propio Eugenio Zaffaroni votó en el mismo sentido que los otros tres.

PANORAMA NACIONAL

La elección de la nueva conducción del Partido Justicialista constituyó una muestra de equilibrio político. Tanto la Casa Rosada como la mayoría de los dirigentes territoriales del peronismo se encuentran contenidos en un nuevo esquema de poder orientado a ordenar la competencia interna para elegir la fórmula presidencial para 2015.
La presidencia del jujeño, Eduardo Fellner representa una acabada síntesis de esa fórmula de compromiso. Se trata de un gobernador con peso propio, pero sin ambiciones de proyectarse a escala nacional, y con un pormenorizado conocimiento de la problemática particular de las provincias, producto de su paso como titular de la Cámara de Diputados, que le permitió enhebrar vínculos con legisladores de todo el país.
El encumbramiento de Fellner estuvo acompañado de dos señales políticas contundentes. La primera fue la ubicación de dirigentes de La Cámpora en cargos expectables de la conducción partidaria. Dicha decisión tiene un doble significado. Por un lado, marca un avance del sector juvenil más identificado con Cristina Kirchner. Por el otro, indica que esa franja juvenil acepta acatar las reglas de juego partidarias y deja atrás las diatribas contra el pejotismo, para reconocer el rol hegemónico del Partido Justicialista dentro del Frente para la Victoria.
La otra señal importante fue el reparto de vicepresidencias entre eventuales precandidatos presidenciales. Está claro que Cristina Kirchner sólo bendecirá al candidato que surja de las elecciones Primarias del Frente para la Victoria. El gobernador, Daniel Scioli puede estar tranquilo: hasta entonces no contará con el apoyo presidencial, pero tampoco encontrará allí ningún obstáculo para su nominación. Eso sí: en cualquier circunstancia tendrá que demostrar su alineamiento con el Gobierno nacional.
Estos movimientos no implican que Cristina Kirchner haya cedido ni por un momento su iniciativa política dentro del peronismo. La primera mandataria sabe que un candidato del kirchnerismo puro no estaría hoy en condiciones de ganar en una segunda vuelta electoral.
La fantasía de que frente a semejante situación Cristina Kirchner preferiría la victoria de un candidato no peronista (preferiblemente Macri), con la idea de un retorno triunfal en 2019, desconoce el ADN del peronismo, que nunca se resigna mansamente a entregar el poder. Y, como la única opción viable de continuidad para el oficialismo es Scioli, el objetivo presidencial es acotar el margen de maniobra del Gobernador bonaerense.
La estrategia presidencial supone que Scioli escoja a un vicepresidente afín al kirchnerismo, que las estructuras partidarias del justicialismo acepten las sugerencias de la Casa Rosada en la confección de las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales y que la crucial Gobernación de la Provincia de Buenos Aires quede en manos políticamente confiables.

LA INSEGURIDAD METE LA COLA

La controversia suscitada a partir del documento del Episcopado Argentino sobre la cuestión de la inseguridad ciudadana generó una inocultable preocupación, tanto en las esferas gubernamentales como en ciertos círculos eclesiásticos, que rápidamente se pusieron a trabajar coordinadamente a fin de reducir las dimensiones del entredicho.
A pesar del cerrado hermetismo que suele rodear a las deliberaciones de los obispos, esta vez se filtraron algunas informaciones. La frase, "la Argentina está enferma de violencia", que fue el punto central de la polémica, estaba pensada en principio como el título del documento. La opinión de un grupo de obispos, que la consideró excesivamente agresiva, provocó que dicho encabezamiento fuera reemplazado por otro más positivo: "Felices los que trabajan por la paz". Así y todo, el documento fue sometido a votación y se dice que hubo diecisiete obispos que se habrían pronunciado negativamente sobre el texto finalmente aprobado.
Lo cierto es que ni el Gobierno, ni el Episcopado tienen el menor interés en atizar la discordia. El Papa Francisco se habría interesado en que sus cordiales relaciones con Cristina Kirchner no quedaran resentidas por el episodio. En la resolución del entuerto está involucrado el padre Carlos Accaputo, titular del Equipo de Pastoral Social de la diócesis de Buenos Aires. El próximo domingo 25, después de muchos años de ausencia, la Jefa de Estado concurrirá al Te Deum en la Catedral metropolitana. El cardenal Mario Poli, sucesor de Jorge Bergoglio en el Arzobispado de Buenos Aires, tendrá que esmerarse en la preparación de su homilía.
Es evidente que la cuestión de la seguridad pública constituye un flanco particularmente vulnerable para el Gobierno. Esa percepción alienta actitudes demagógicas. En su modesta movilización a la Plaza de Mayo, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo buscaron resucitar políticamente al ingeniero, Juan Carlos Blumberg. Pero dicho esfuerzo no fue coronado por el éxito.

ENTRE MASSA Y MACRI

La excusa de la seguridad urbana permitió también el encuentro público entre Sergio Massa y el titular de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, que desencadenó una ácida polémica en las filas del PRO. El diálogo, cuya excusa fue proporcionada por una iniciativa del ex legislador, Diego Kravetz, uno de los escasos referentes de Massa en la ciudad de Buenos Aires y autor de un "plan de pacificación" en las villas de emergencia, abrió más interrogantes que certezas en el macrismo y también en el massismo.
Massa y Macri tienen un problema similar, que desafía la imaginación de sus operadores. A diferencia de lo que ocurre en el Frente para la Victoria y el Frente Amplio Unen (FAU), no tienen ninguna competencia interna a la vista en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de sus respectivas formaciones políticas.
Esa limitación resulta aún más patente si se tiene en cuenta que sus rivales están en condiciones de armar para esas elecciones un espectáculo atractivo: tanto Scioli contra el gobernador entrerriano, Sergio Uribarri, o el ministro del Interior, Florencio Randazzo, como Hermes Binner pujando con Julio Cobos y, eventualmente, Ernesto Sanz o Elisa Carrió, pueden concitar mucho más interés de los votantes que una elección dentro del Frente Renovador o del PRO con candidato único.
En el macrismo, este escollo lleva a una discusión política más profunda. El objetivo de competir obliga a escoger a la vez rivales y socios. Una variante es un acuerdo con el FAU, para que Macri compita con Binner y Cobos. Otra es una negociación similar con Massa. La ventaja que tiene la primera opción es que, según todas las encuestas, Macri tiene mayores posibilidades de ganarle a Binner y a Cobos que a Massa.
El principal problema reside en la resistencia que una convergencia tan heterogénea genera en el electorado macrista y también en los socialistas y demás sectores de centroizquierda del FAU. Surge allí una alternativa "de mínima": un acuerdo electoral limitado a la UCR o al menos a un sector del radicalismo.
Todas estas opciones colocan en una situación especialmente difícil a los dirigentes peronistas que apoyan a Macri. De allí que lo de Ritondo pueda ser la punta de un iceberg. En Entre Ríos, un grupo de dirigentes del peronismo disidente que se había integrado al PRO acaba de emigrar hacia el Frente Renovador.
Sin embargo, nada es políticamente lineal: Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas retomó el diálogo con sus amigo del PRO porque ve que sus aspiraciones a la Gobernación bonaerense se encuentran taponadas dentro del Frente renovador por las precandidaturas de sus pares de Almirante Brown, Darío Giustozzi, y de San Isidro, Gustavo Posse; eso sin contar con el rumor de un "pase de campanillas": Martín Insaurralde.
La extremada volatilidad de todos estos acuerdos tácticos certifica que el Frente para la Victoria y el FAU conservan sobre el Frente Renovador y el PRO la indiscutible ventaja que les otorga la solidez de sus respectivas estructuras partidarias.
La permeabilidad que ofreció la dirigencia sindical más afín, para enrolarse sin sobresaltos con la estrategia de la Casa Rosada de asegurar que los aumentos salariales acordados en paritarias no se disparen más allá del 30 por ciento, pareció convencer al Gobierno de que había logrado asegurarse cierto respiro y un marco de paz con los gremios más poderosos, algo clave en el contexto de un año complejo en el terreno económico.
Esa certeza, sin embargo, duró menos que un suspiro y el arranque de mayo devolvió nuevamente la preocupación al volver a instalarse el clima de conflictividad social en el centro de la escena.
La escalada en la táctica de confrontación alentada por las principales espadas del sindicalismo opositor, con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo a la cabeza, se inscribe como una motivación evidente del cambio de clima que emerge incluso desde el discurso público de aquellos dirigentes más condescendientes con la administración de Cristina Fernández.
Pero también los crecientes efectos de la recesión económica sobre la estabilidad del empleo en actividades cruciales como la industria automotriz y autopartista, dominio de representación de los actores sindicales más cercanos al poder K, como Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, ha sido un caldo de cultivo propicio para estimular posturas críticas, aún entre aquellos gremialistas más consustanciados con la defensa a ultranza de las supuestas bondades del modelo  kirchnerista.
Las señales de un -hasta ahora- tenue, pero persistente cambio de actitud se multiplican y ya pusieron en guardia a la primera línea de colaboradores de la Presidenta, convertidos los últimos días en una especie de usina de ideas destinada al aporte de planes, medidas y estrategias para intentar calmar la intranquilidad demandante del gremialismo amigo.
La necesidad de un respaldo a la gestión oficial por parte de los gremios alineados con la CGT de Caló representa la mayor preocupación para la Casa Rosada. Y algunos gestos de las últimas semanas parecen justificarlo. Por una parte, el kirchnerismo contabiliza el extraño encuentro que, bajo el formato de una especie de retiro espiritual, compartieron la semana pasada referentes de todos los sindicatos de la central en un predio del gremio de taxistas de Omar Viviani.
Allí, pese a la ratificación de la estrategia de diálogo con el Ejecutivo, la conclusión general fue la decisión de asumir una posición de mayor autonomía del poder. Es evidente que la amplitud de esa apuesta emancipadora supone una relación directa con la premura y determinación con la que el Gobierno ofrezca respuestas a la amplia agenda de reclamos sindicales, que contemplan la rebaja de la carga del denominado Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, el incremento de las asignaciones familiares y el reclamo de mayores fondos para las obras sociales sindicales.
La ofensiva lanzada por el propio gremio de Caló esta semana reforzó el sentido del mensaje. A contramano de su permanente defensa de la instancia de diálogo y negociación, la UOM paró durante 24 horas la producción de la poderosa industria siderúrgica en el marco de un conflicto por salarios.
La demorada reacción del Ministerio de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria activó en sectores empresarios sospechas de alguna intencionalidad política detrás del conflicto. Pero dentro de la CGT la interpretación de la medida se ubicó en línea con la estrategia de ofrecer algunos gestos de autonomía.
Y en el Gobierno sobresalieron las voces que reaccionaron con sorpresa e inquietud ante el desafío planteado por el gremio metalúrgico apenas un día antes de la movilización dispuesta por Moyano y Barrionuevo a Plaza de Mayo, en reclamo de medidas contra la inflación y la inseguridad.
Una sensación bastante similar sobrevoló los despachos de importantes funcionarios tras la difusión, por parte de la CTA aliada de Hugo Yasky, de un informe que estima que el nivel de pobreza es cuatro veces mayor de lo que marca el Indec, con casi 8 millones de argentinos en esa condición.
El crítico relevamiento machacó sobre el avance de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En la Casa Rosada conocían de antemano los resultados del informe y buscaron por todos los medios minimizar su difusión. Yasky se enojó y llamó a conferencia de prensa para anunciar los datos. Otro gesto de autonomía y del aliado sindical menos pensado.
Cerca de la Presidenta se preguntan si los gestos de emancipación de los gremios afines podrían dar lugar a la emergencia de un proceso de reunificación del movimiento sindical que incluya a Moyano y Barrionuevo. Al menos desde los discursos públicos esa alternativa no parece factible en el corto plazo. Caló sigue demasiado enroscado con la categoría de "alcahuete" a la que lo confinó Moyano, y exige un renunciamiento del camionero como prenda de cambio para avanzar en cualquier acercamiento entre las dos CGT. Nada más lejos de los planes de Moyano.
Sin embargo, con estratégico silencio de radio, algunos referentes de peso de la conducción de la central oficialista encararon desde hace semanas una ronda de charlas reservadas con dirigentes cercanos al camionero. No plantean una unidad inmediata, pero sostienen la necesidad de articular de a poco espacios de diálogo destinados a limar viejas asperezas y a definir líneas de acción en común para encarar los tiempos que vienen.
Hay detrás de esos planes una relación estrecha con la pulseada abierta por la sucesión presidencial. Suponen que el tiempo de la definición de las candidaturas será también el momento ideal para poner en marcha el "operativo unidad", bajo el liderazgo de una nueva conducción que sintetice una superación del proceso de fragmentación que encarnan Moyano y Caló.