El Gobierno nacional resolvió pausar la baja de pensiones mientras dure la auditoría en el área de discapacidad. La medida, que aplicará el ministro de Salud, Mario Lugones, se mantendrá mientras avan­za la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), inter­venida tras el escándalo de los audios filtrados de su ex director Diego Spagnuolo, informó Infobae.

Hasta el momento la au­ditoría había dado de baja a 128.667 pensiones, de las cuales 110.522 fueron cata­logadas como mal otorga­das, 8.107 correspondían a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que renuncia­ron al beneficio. Ahora to­das esas bajas quedarán en revisión.

UNA AGENCIA BAJO LA LUPA

La Andis quedó en el cen­tro de la polémica luego de que se conocieran grabacio­nes en las que Diego Spag­nuolo admitía sobrecostos en la compra de medica­mentos. Desde entonces el organismo fue intervenido y el Ministerio de Salud ana­liza no solo el sistema de pensiones, sino también las compras y la estructura ad­ministrativa.

Por ahora, tampoco avan­zará el plan para transfor­mar a la Andis en un área in­terna de la cartera sanitaria, una posibilidad que chocó contra la falta de facultades delegadas y que, en caso de retomarse, debería pasar por el Congreso

En paralelo, el Senado re­chazó el veto presidencial e insistió con la Ley de Emer­gencia en Discapacidad, que declara la situación hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año más). La norma reformula las pensiones no contribu­tivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas para el sector. Fue aprobada con 63 votos a favor de bloques opositores y algunos aliados, y solo 7 en contra.

SE DUPLICARÁN 

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación explicó a través de un docu­mento cuál será el impacto económico de la reciente aprobada Ley de Emergen­cia en Discapacidad. En uno de estos puntos señalaron que las pensiones por disca­pacidad se duplicarán.

Este artículo quiere decir que el beneficio llegará a más personas en el territo­rio argentino, por lo que las altas de titulares aumenta­rían de 493.000 personas a 946.000 beneficiarios aproximadamente.

En el plano presupuesta­rio, esta decisión significará un incremento de $2 billo­nes (0,25% del Producto Bruto Interno) a $4 billones (0,48% del PBI) que costa­rán estas pensiones.

Entre otros puntos impor­tantes de la Ley de Emergen­cia en Discapacidad, además de que se duplicarán los titu­lares con acceso a la Pensión por Discapacidad, la ley tam­bién contempla otros puntos claves como la regulariza­ción de pagos para pres­tadores, actualización del Certificado Único de Disca­pacidad (CUD) e incentivar la contratación, entre otras medidas: Compensación de emergencia a prestadores: se calcula que se destinará por única vez una suma de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, 

Actualización del Certifi­cado Único de Discapacidad (CUD): la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) considerará en el otorga­miento del trámite las con­diciones mentales, físicas, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona. 

Incentivo a la contrata­ción: se eximirá el 50% de las contribuciones patro­nales por contratar a tra­bajadores con discapaci­dad, lo cual representará un costo de $12.600 mi­llones (0,0015% del PBI) debido a la menor recau­dación,

Suba de asignaciones a Talleres Protegidos: se ac­tualizará el incentivo eco­nómico a estos talleres con un presupuesto de $7.160 millones (0,0009% del PBI).

El presidente Javier Mi­lei considera que la medida compromete el equilibrio fiscal y analiza judicializar la decisión para evitar aplicar los aumentos previstos.

Fuente: www.nortecorrientes.com