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EL TIEMPO EN LA CRUZ

1 de diciembre de 2013

De la galera salió un acuerdo

La Cámara de Senadores esta vez se ubicó en el centro del ring. De allí alumbró un inesperado acuerdo que hizo que, después de mucho tiempo, radicales y peronistas hayan coincidido en nada menos que la aprobación de la ley de leyes, como se la denomina. Oficialismo y oposición dieron una fuerte señal de convivencia política que fue saludada desde el Arzobispado, siempre atento a las realidades políticas y sociales de la Provincia. El 9 de diciembre, la Cámara de Diputados convertirá en ley el proyecto. Desde el Gobierno y desde la oposición se estima que, más allá del tema puntual, hay un clima de diálogo que puede llevar a nuevos acuerdos hasta hace poco impensados. La preocupación por la situación de la Justicia alcanza hoy por igual al oficialismo y a la oposición. Los números aprobados para el Poder Judicial fueron algo más que una señal. Muestra, en su justa dimensión, la decisión de mantener a raya a dicho poder. La relación con la cúpula tribunalicia sigue algo más que tensa. En los últimos días, dos de los máximos exponentes del espectro judicial intentaron -sin suerte- un diálogo directo con Colombi. En Diputados, los juicios políticos no serán tratados este año, y el proyecto de Código Procesal Penal perderá estado parlamentario. En este marco, la pulseada del mismo Colombi, que no atiende a los máximos exponentes del Poder, se reflejará en la decisión de mañana del Superior, cuando el cuerpo se reúna para elegir al sucesor de Rubín. Hasta ahora, en la pulseada, al menos en este primer round, se impondría Guillermo Semhan.
Dos cuestiones acaparan la atención por estas horas en la política correntina.

Por un lado, la decisión consensuada de peronistas y radicales de aprobar el Presupuesto que incluye la autorización para contraer empréstitos.  Por otro, el accionar desde la política con una visión común de la preocupación que genera la situación de la Justicia correntina, cuyo encausamiento se esperaba comience a darse con la salida del renunciante ex presidente, Carlos Rubín. La decisión de oficialismo y oposición, en el sentido de consensuar soluciones económicas con concesiones recíprocas, adquiere en este contexto una importancia que excede en mucho a lo económico, más allá del enorme avance que supone brindar herramientas para cuestiones que son prioritarias para el Estado; entre ellas, la atención del déficit energético que afecta a todos por igual y cuya solución es bueno que haya llegado de la mano de un acuerdo superador entre las principales fuerzas políticas. Aun así, lo que más debe rescatarse es que se dio el primer paso. Se rompió el hielo entre oficialistas y opositores. El Gobierno accedió a una negociación orgánica donde la cuestión no fue llegar al número de cualquier forma, sino buscar compromisos compartidos entre quienes siguen siendo los actores de fondo de la política correntina, contendientes inequívocos en la sucesión de Colombi a cuatro años vista. Los que saben leer el nuevo escenario aventuran desde ya que si se logró esto, no sería descartable que se establezca un marco de diálogo que posibilite el proseguir en la búsqueda de soluciones de fondo a lo que da en llamarse políticas de Estado. A esta altura, nadie debe descartar que así como se logró, en una trabajosa negociación, casi sobre el reloj destrabar el Presupuesto pueda entrarse de lleno a considerar otros temas cuya importancia está fuera de toda discusión. En lo que hace al plano judicial, sobresale la inminencia de una decisión por parte del Superior Tribunal respecto a quién quedará en la Presidencia del alto cuerpo, sucediendo a quien lo ejerce de forma interina a partir de la renuncia de Carlos Rubín. Mañana, a las 8, se reunirán los ministros del Superior para analizar lo que será una decisión de alto impacto, en cuanto supone una respuesta desde el Poder Judicial a ciertos mensajes que han llegado desde la política y que claramente interpretados muestran un disgusto que excede a ser sólo la posición del Gobierno provincial. Es que la decisión de avalar un fuerte recorte presupuestario, de casi 300.000.000, fue una decisión del pleno de los senadores que por unanimidad avaló el proyecto del Poder Ejecutivo, que desconocía la pretensión de recursos solicitada por el Superior Tribunal. Otro aspecto que no puede obviarse es la decisión de mantener la espada de Damocles sobre la cúpula tribunalicia al resolverse dejar reservados en Secretaría, sin ser rechazados, los múltiples pedidos de juicio político que ahí están desde hace meses, con la latente posibilidad de  que un acuerdo relámpago de las principales fuerzas políticas concluya en desempolvar dichos pedidos. Un tercer aspecto, que no es menor, pasa por la decisión de hacer perder estado parlamentario al proyecto de reformas del Código Procesal Penal; una decisión que desde la política apunta a que antes de entrar en el análisis de fondo se modifiquen algunas cuestiones que hacen a la necesidad de preservar la garantía de los justiciables. En este contexto de conflicto latente, cuya importancia no debiera obviarse, se da la pretensión del Ministro que interinamente quedó a cargo de la Presidencia de lograr el respaldo de sus pares para continuar al frente de un Poder en el cual hay -por delante- un largo camino para lograr su re jerarquización y reorganización. En términos políticos, la definición pareciera no limitarse a una cuestión de números en la mesa chica de un Superior que no está integrado totalmente. Hay, sin duda, cuestiones que exceden a la relación de fuerzas dentro del Poder Judicial y hacen a la necesidad perentoria de dar vuelta una página que no ha sido precisamente la mejor en la vida tribunalicia. Cierto es que la salida de Rubín generó expectativas, pero también es cierto que no se trata sólo de nombres, sino de cambios sustanciales que permitan asegurar el servicio de justicia y recrear las garantías para el casi millón de correntinos.   LA ENCERRONA DE RUBÍN   El ex ministro, Carlos Rubín pareció gozar siempre de la confianza del Gobierno provincial, que en más de una oportunidad salió a respaldar su continuidad cuando arreciaban las críticas a su desempeño al frente del Poder Judicial. El propio Colombi se jugó, a cara descubierta, sosteniendo que la intervención no era el mejor remedio, y él mismo bloqueó el tratamiento en Diputados de los varios juicios políticos que acumuló. Fue dispuesto por el mismo Gobernador, consciente que no podía ceder frente a una iniciativa que no era la propia. Algo finalmente se rompió entre ambos. Se habla de compromisos que el curuzucuateño no pudo cumplir. Lo cierto es que a la hora de la verdad, Colombi le largó la mano llevándolo al camino de la renuncia que finalmente terminó concretando al sentirse sin protección ante la posibilidad de que los juicios políticos prosperen. La diferencia no es menor. Un ministro que se va por renuncia puede, como Rubín, cobrar su jubilación en tanto que si la Cámara de Diputados abre la instancia del juzgamiento el Poder Ejecutivo puede, o no, aceptar a esa altura la renuncia. Si no lo hace y finalmente la Legislatura vota la destitución, el afectado queda sin percibir los haberes jubilatorios. Jugar con fuego, cuando es el cuero propio el afectado, no es algo que todos hagan. En este caso, Rubín pareció ir por lo más seguro. Renunció a partir del 1 de septiembre, abandonando el barco en mitad de camino y a fines del mismo mes de septiembre estuvo ya cobrando una jubilación que superaría los cincuenta mil pesos. Éste precisamente era uno de los reclamos de la familia judicial por esos días aciagos en que se debatía la posibilidad de un remedio federal. Existía la conciencia de que su Presidente jugaba sobre el límite, sabiendo que, de última, armaba sus petates y se iba a casa, dejando a los que quedaban la incertidumbre de un cuadro de descomposición por él mismo creado.  La situación cambió. Ahora es el Gobierno quien -aceptando la precariedad del sistema judicial- busca una salida, y en esa búsqueda no debería descartarse que en el marco de la política se alcancen soluciones superadoras acordes a la necesidad de dar estabilidad al sistema institucional de la Provincia. PANORAMA NACIONAL    El acuerdo con Repsol es el disparador de un conjunto de iniciativas gubernamentales orientadas hacia la reinserción internacional de la Argentina y el regreso del país al mercado mundial de capitales, donde la Casa Rosada aspira a lograr los dólares necesarios para capear las dificultades del frente externo y financiar algunos importantes proyectos de infraestructura, sobre todo en el área energética, que ya no podrían sufragarse con un mayor incremento del gasto público. A grandes rasgos, la hoja de ruta para avanzar en esa dirección implica el arreglo de los pleitos entablados contra la Argentina en el Ciadi, la renegociación de la deuda con el Club de París, un acuerdo extrajudicial con los holdouts y la normalización progresiva de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzaría con un entendimiento en torno a la cuestión de las estadísticas oficiales y el cumplimiento de la auditoría prevista en el artículo cuarto del estatuto del organismo multilateral de crédito. El cumplimiento de este ambicioso programa está ahora a cargo del curioso tándem que integran el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Trayectorias aparte, ambas flamantes estrellas del firmamento oficial parecen empeñadas en desilusionar a quienes los imaginan enfrentados.  Lo primero que corresponde destacar es que el acuerdo con Repsol es un acontecimiento de altísimo voltaje político internacional. En su gestación participaron activamente los gobiernos de la Argentina, España y México. Lo de Argentina y España se explica por la importancia estratégica de la cuestión. La intervención de las autoridades mexicanas constituye, en cambio, una novedad de bulto, que puede llegar a tener grandes implicancias en el escenario regional. Pemex, la petrolera estatal mexicana, socia minoritaria de Repsol, fue decisiva para lograr el acuerdo. De ese modo se abre paso para participar en la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, que constituye un objetivo importante para su desarrollo empresario, como es la internacionalización de la actividad de la compañía, hasta ahora circunscripta al mercado azteca. Existe claramente un objetivo político. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto está empeñado en intensificar la presencia de su país en el escenario latinoamericano. La Alianza del Pacífico, una novedosa entente regional integrada también por Colombia, Perú y Chile rivaliza en cierta medida con el aletargado Mercosur. México pretende competir en influencia con el Brasil. En ese juego, le resulta extremadamente útil el fortalecimiento de sus lazos económicos con la Argentina, cuya Cancillería está asimismo interesada en ganar espacio de maniobra en relación a Itamaraty. Esta aproximación tenía ya antecedentes importantes. La presencia en la Argentina del magnate mexicano, Carlos Slim (el hombre más rico del mundo después de Bill Gates) en el terreno de las telecomunicaciones era ya un dato significativo. No está de más recordar que el veterano, Juan Manuel Abal Medina (padre de su homónimo ex Jefe de Gabinete), quien vivió exiliado en México durante muchos años y fue alto funcionario del gobierno azteca, es uno de los asesores de mayor confianza de Slim y actuó en su momento como introductor del empresario mexicano ante Néstor Kirchner, quien habría intentado convertirlo en un aliado de peso en su entonces incipiente puja con el grupo Clarín. Mayor importancia política aún reviste la figura del empresario mexicano, David Martínez, titular del fondo de inversión Fintech, propietario del 40 por ciento de las acciones de Cablevisión y flamante accionista mayoritario de la filial argentina de Telecom, transformado en un personaje clave de las conversaciones extraoficiales entre las autoridades argentinas y los fondos buitres, con quienes estaría diagramando una compleja ingeniería financiera triangular, que involucraría al Gobierno nacional, a los holdouts y también a los bonistas que sí ingresaron en la renegociación de la deuda pública argentina, para resolver satisfactoriamente los pleitos entablados ante la justicia estadounidense. Estos movimientos no constituyen episodios aislados. Con motivaciones distintas en cada caso, Peña Nieto, Pemex, Slim y Martínez comparten el interés por la Argentina.  Peña Nieto busca contrapesar al Brasil en América del Sur; Pemex quiere ingresar en el negocio de Vaca Muerta; Slim pretende expandirse en el mercado argentino de las telecomunicaciones, del que ya forma parte a través de Claro. Martínez es un financista y hombre de negocios todo terreno que dice visualizar en la Argentina una enorme potencialidad para la inversión internacional. En una perspectiva más amplia, tampoco conviene olvidar que México integra el Nafta. La economía azteca está fuertemente integrada con la economía estadounidense. Peña Nieto aspira a asociar a Pemex con las compañías petroleras norteamericanas. Tanto Slim como Martínez tienen cuantiosas inversiones en Estados Unidos.  Esto ayuda a aplicar las sugestivas declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Ernest Moniz, quien advirtió que Washington no podía ver nunca con buenos ojos la confiscación de una empresa petrolera, fue interpretada como un empujón final para las negociaciones en desarrollo, cuya discreción exigió realizar dos reuniones en un país centroamericano. Los dichos de Moniz admiten una segunda interpretación: Estados Unidos está sumamente interesado en que, además de Chevron, otras compañías norteamericanas, empezando por la Exxon, participen en el negocio de Vaca Muerta. En términos de política doméstica, vale computar algunos puntos a favor de ciertos funcionarios. Uno es el embajador argentino en España, Carlos Bettini (un viejo amigo de Cristina Fernández de Kirchner de los tiempos estudiantiles por ambos compartidos en la ciudad de La Plata), cuya silenciosa diligencia ayudó al éxito de las tratativas. Bettini conoce a la perfección los entretelones del mundo empresario español, supo detectar las fisuras existentes en el directorio de Repsol y articuló con Abal Medina (padre) la "México conection".  El segundo fue el propio Abal Medina, convertido ahora en una pieza importante del renovado vínculo argentino-mexicano, hasta el punto que no habría que descartar que él o su hijo terminen ocupando la Embajada argentina en la capital azteca, en el marco de la gestación de una alianza estratégica de singular valor económico y político para ambos países. Otro protagonista clave de este entendimiento con Repsol es el titular de YPF, Miguel Galluccio, cuya participación rebasó de lejos sus funciones específicas al frente de la compañía. Su amplio conocimiento de la intrincada madeja de intereses y conflictos entrecruzados entre las compañías petroleras internacionales permitió allanar el camino. El lucimiento personal de Galluccio también es capitalizado políticamente por el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, principal artífice de su regreso a la Argentina. Pero los méritos aquilatados por Bettini, Abal Medina, Galluccio e -indirectamente- Urribarri  no opacan el hecho de que el rédito político del episodio corresponde inequívocamente a Capitanich y, en orden descendente, a Kicillof. El hiperactivo Jefe de Gabinete cumplió de entrada con las expectativas depositadas en su persona por la Jefa de Estado. Un alto funcionario que frecuenta la residencia presidencial de Olivos asegura haber escuchado a Cristina Kirchner decir que "al que no le guste Capitanich, mejor que se vaya del Gobierno". En este contexto, la oposición política, los medios de comunicación social adversos al modelo y los economistas del establishment revelaron una absoluta falta de reflejos. Sorprendidos por el Gobierno, tuvieron que refugiarse en una posición defensiva. Cuando apenas pasó un mes desde las elecciones legislativas del 27 de octubre, ya parece haber pasado un año. Es indudable que la iniciativa política sigue residiendo en el Gobierno, sin una oposición capaz de articular acciones mínimamente coherentes y en la que se destaca claramente la recurrente actitud indomable de Lilita Carrió, que denota cada vez menor seriedad, y la de un radicalismo que se debate en luchas intestinas que hacen que, por ejemplo, el único gobernador radical, el correntino Ricardo Colombi se muestre infinitamente más atento a los movimientos del peronismo antes que a los de su propio partido. De ahí la sintonía fina con José Manuel De la Sota, el puente con Scioli y el acercamiento que buscó con el propio Sergio Massa, a quien esperó largamente en Paso de la Patria hasta pasada la medianoche del viernes, con el afán de dejar abierta una vía de comunicación política para una coyuntura en la que no ve precisamente que su partido, el radicalismo, esté en condiciones de ser parte de la pelea grande. El Gobierno cierto es se apoya en la hiperactividad de "Coqui" Capitanich, que viene como anillo al dedo a las necesidades de Cristina de tener un soporte en su convalecencia. Y hacer de fusible en la exposición diaria. Aun así, nadie duda, el poder radica en la Residencia Presidencial de Olivos. La menor actividad de Cristina hace que su rol haya pasado a ser más importante. Cuando aparece su figura se recorta nítidamente como la detentadora del poder real sin que el accionar por momentos avasallador de su Jefe de Gabinete le quite el rol protagónico que sigue teniendo en la política argentina. Lo cierto es que la agenda política sigue en manos del cristinismo. A 48 horas de la derrota electoral del 27 de octubre nadie habló ya de los resultados, sus consecuencias y responsabilidades. La decisión de la Corte Suprema, anticipada desde esta misma columna en la edición del 13 de octubre, cambió el eje de la información. Por días se debatió en torno a lo que implica para el Gobierno el haber llevado hasta el fin la pelea por la constitucionalidad de una ley que pasó a ser emblemática en la lucha contra los monopolios y el poder que desde los grupos económicos se libra para el sometimiento de la libre expresión en la República. El fallo de la Corte adquiere, en este contexto la importancia de haberse puesto el más alto Tribunal de la Nación en su irrenunciable rol de ser custodio de la Constitución como intérprete final que de sus disposiciones, mostrando la valentía de hacer prevalecer por sobre los factores de poder la decisión de crear las condiciones para que prime el sentido racional en el uso de los medios de información. Días después, en la agenda se ubicó el tema del control del narcotráfico, con expresiones públicas del Episcopado y una nueva declaración de la Corte, abogando por la necesidad de brindar desde los poderes públicos respuestas concretas ante el creciente flagelo de la droga. Finalmente, la reaparición pública de la Presidenta que, a su nuevo look sumó una serie de decisiones no tanto de importancia en lo económico, sino también en lo político con la instalación de un nuevo esquema de poder que como escudo protector crea un nuevo orden que descansa en Capitanich y, en menor medida, en Kicillof; aunque conservando la influencia puertas adentro del siempre influyente Carlos Zannini, quien es el ejecutor más directo de las órdenes presidenciales. El encumbramiento de Capitanich es además una fuerte señal hacia el peronismo que, a dos años del recambio presidencial busca la forma de transitar con los menores efectos traumáticos una coyuntura que mal manejada podría ser dramática. Al costado queda Daniel Scioli, quien no renuncia a los sueños presidenciales y sigue siendo hoy el favorito por peso propio para correr con los colores del justicialismo, aunque con la clara premisa de que deberá acordar con el sistema K la conformación de un esquema de poder que comience por consensuar quién se quedará con la Provincia de Buenos Aires y quién terminará secundándolo como número dos de su gobierno.    Cierto es que Capitanich aspira a que su gestión, con una alta exposición pública termine por posicionarlo en el cuerpo electoral de la Nación como un referente con peso como para ser el heredero K. Mucho depende, en esto, de los logros que el Gobierno tenga en esta compleja transición; y como en política nada debe descartarse, lo más probable es que sólo el tiempo tenga la respuesta de hasta dónde puede llegar un hombre que, como el ex Gobernador del Chaco, es un político bien formado con experiencia y una clara visión de sus objetivos de poder.   ¿QUÉ PASA EN LA  CIUDAD DE BUENOS AIRES?   Dos movimientos contundentes y en distintos frentes encararon en los últimos días las principales corrientes del peronismo porteño para comenzar a desembarazarse del control político y partidario de los muchachos de La Cámpora en el distrito, aprovechando el cambio de aire instalado en la máxima esfera del poder tras el desembarco de Jorge Capitanich al frente de la Jefatura de Gabinete de Cristina Fernández. Una de esas operaciones, justamente con la venia de Capitanich y, muchos sostienen que también de la propia Presidenta, se enmarcó en la decisión de darle pelea a la agrupación ultra kirchnerista en la definición de las autoridades del bloque partidario en la Legislatura porteña.  Al frente de la bancada, los sectores históricos del peronismo capitalino, junto con las corrientes gremiales y la dirigencia kirchnerista distanciada de La Cámpora, aspiran a ubicar al ex canciller, Jorge Taiana, quien lideró la lista de candidatos del Frente para la Victoria en los comicios de octubre pasado. Más allá de los pergaminos de Taiana, entre esos grupos argumentan que la figura del ex Canciller es la que mejor representa a los sectores mayoritarios del partido en el territorio porteño. Un fundamento más profundo alimenta esa estrategia: frenar como sea la influencia de Andrés "Cuervo" Larroque sobre el aparato partidario local. La Cámpora y Larroque constituyen, a los ojos de los viejos referentes del PJ porteño, los responsables máximos del constante deterioro peronista en el distrito y un escollo gigante para cualquier ingeniería de reconstrucción partidaria. "Si no les sacamos el control nos quedamos sin partido", suelen repetir hasta el cansancio.  La pretensión de Larroque de ungir a Pablo Ferreyra, el hermano del militante del PO asesinado en 2010, como principal referente K en la Legislatura es, para los históricos peronistas porteños prácticamente una declaración de guerra. También rechazan la idea del camporista de ubicar a su aliada, Gabriela Alegre en la jefatura del bloque.  Por eso, en las últimas semanas se ocuparon especialmente de negociar apoyos de otras corrientes aliadas a la Casa Rosada en la ciudad para fortalecer su apuesta por Taiana. Así lograron adhesiones entre los referentes de las bancadas que responden a Aníbal Ibarra y Gabriela Cerruti, lo que -aseguran- les permitiría bloquear cualquier avanzada de Larroque. Pero más allá de ese respaldo, el principal activo con el que los peronistas porteños creen contar para contrarrestar a La Cámpora es el ascenso en la estructura de poder de la troupe de gobernadores del PJ, con Capitanich a la cabeza, y el mayor involucramiento que muestra Daniel Scioli con el destino partidario local.  La intención del Gobernador bonaerense, de reforzar su inserción entre las huestes del peronismo metropolitano fue evidente en el otro movimiento que las tradicionales corrientes partidarias locales ofrecieron esta semana, con el propósito de refrenar los avances camporistas: el lanzamiento del gremialista Víctor Santa María para encabezar una lista de unidad de cara a las internas para definir la nueva conducción del partido en el distrito, una compulsa que inicialmente estaba prevista para el domingo 15 y ahora volvió a postergarse para abril de 2014. Aunque no estuvo presente en el acto del martes, en el teatro ND, Scioli envió a su propio jefe de Gabinete, Alberto Pérez al encuentro, en un claro guiño a las agrupaciones que alientan a Santa María para enfrentar a La Cámpora.  En la visión del mandatario, sólo un bloqueo a la ofensiva de los sectores que responden a Larroque en el distrito le posibilitará recrear alguna estructura propia de poder en la ciudad, con pretensiones de instalar un candidato con chances de disputarle al macrismo el Gobierno porteño en 2015. El objetivo es compartido por Capitanich y el resto de los gobernadores del PJ, que sueñan en convertirse en los herederos del kirchnerismo en la pulseada mayor por la sucesión de Cristina. Aunque modesta, cualquier estructura propia de poder en la ciudad más importante del país se vuelve una necesidad insoslayable para potenciar cualquier proyecto presidencial. Los históricos referentes del PJ porteño y los gremios anclados en ese mismo espacio conocen a la perfección la lógica política que domina los movimientos de los caciques provinciales del partido, y están preparados para aprovechar los tiempos que vienen.  Ya recibieron un primer envión la semana pasada, con la noticia de la decisión de Cristina de echar a Guillermo Moreno del Gobierno. Muchos respiraron aliviados: la figura del otrora súper poderoso funcionario amenazaba su propia supervivencia política con la aspiración de extender su manejo en el distrito, alzándose con la presidencia del partido. Sin Moreno en el horizonte, muchos dirigentes creen posible avanzar en las conversaciones para definir una lista de unidad, de cara a la elección de las autoridades partidarias locales. Además de Santa María, la presidencia del PJ metropolitano es pretendida por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuya postulación es respaldada por agrupaciones kirchneristas no alineadas con La Cámpora.   LA SITUACIÓN REGIONAL: LA  INFORMACIÓN FISCAL, LA  EVOLUCIÓN DEL REAL Y LAS  EXPECTATIVAS ECONÓMICAS   El informe fiscal del mes de octubre, en el Brasil presentó un superávit primario de alrededor de 6.200 millones de reales. El dato, significó una mejoría con relación al los casi 9.000 millones de déficit de septiembre. Para los primeros diez meses del año, el superávit primario alcanzó a algo más de 51.000 millones de reales, muy inferior al registro de casi 88.000 millones alcanzado en el acumulado del año anterior. Con relación a la evolución del real, hacia el cierre de la semana oscilaba alrededor de la paridad de 2,32 reales por dólar. El fin de mes es muy importante, por las compensaciones de las operaciones de futuros y por la intervención del Central. Los operadores esperan que esas intervenciones estén en la línea de sostener una paridad base de 2,30 reales. La evolución de la economía y de la industria en particular, serán las referencias para las decisiones  políticas del Central. Con relación al punto anterior, la Fiesp informó a través de su Indicador de Nivel de Actividad, que durante octubre el mismo registró un descenso intermensual del 0,4 por ciento. En el acumulado del año, el Índice registró una variación positiva del 2,8 por ciento, presentando para los últimos doce meses un cambio positivo del 2,2 por ciento. Estos valores están influidos por el comportamiento positivo de los primeros meses del año. La actividad fue perdiendo dinamismo, especialmente a partir de mayo y junio del corriente año. Con relación al mes bajo consideración, casi todos los componentes del Índice registraron variación negativa, destacándose el Total de Horas Trabajadas (-0,2 por ciento) y el Total de Ventas Reales (-1,2 por ciento). El indicador de Utilización de Capacidad Instalada, tuvo un leve descenso con relación a septiembre. La visión del organismo es crítica con relación al nivel de actividad manufacturera. Es así como entienden que esta situación no se revertirá en los dos últimos meses del año, llevando a la actividad a un nivel de muy bajo dinamismo. Desde esa perspectiva, se conoció una encuesta realizada entre analistas privados. Desde la misma, y tomando en consideración el bajo nivel de expectativas en empresas y consumidores, se señala que el comportamiento del PIB, durante el tercer trimestre del corriente año, presentaría una variación negativa del 0,3 por ciento.  Es importante señalar que el período coincide con las modificaciones alcistas de la tasa Selic, que deslizó un aumento hacia el sistema de tasas, un aspecto que está siendo fuertemente criticado por el sector privado. Debe destacarse que, en el Brasil, los niveles de tasas de intereses son positivos en términos reales, siendo particularmente altas en el caso de las activas. Se verá. Un punto actual de importancia transcurre por las decisiones que se tomen en materia de precios de los combustibles. En la próxima semana deberían regir nuevos precios para los mismos. Un tema que puede tener repercusiones. La situación de la economía local: novedades sobre YPF, el impuesto a los vehículos y la marcha del mercado cambiario y las reservas. El principio de intención de acuerdo entre Repsol e YPF se comenzaría a negociar en los detalles a partir de la semana que viene. Como es habitual, no es pública la oferta argentina, por lo cual poco se puede opinar sobre el tema. Tal vez la intervención de bonos soberanos en la desconocida oferta obligue hacia el futuro a la publicación de alguna información.  Obtuvo media sanción de Diputados el proyecto que aumenta los impuestos internos aplicables a los denominados bienes suntuarios, dentro de los cuales están alcanzados, entre otros, los automotores. El proyecto original fue modificado, incorporándose una franja a imponer, para valores entre 170 y 210 mil pesos, con un tributo del 30 por ciento; en tanto se mantiene el aumento al 50 por ciento sobre las unidades de más de 210.000 pesos. Se estimó, desde el sector privado, que estas modificaciones alcanzarían a vehículos que explican el 15 por ciento de la facturación de la actividad. Hay alguna inquietud sobre el tema. Fue significativo el comportamiento del mercado cambiario oficial durante noviembre. La tasa de depreciación alcanzó al 3,6 por ciento, llevando la cotización del dólar, sobre el cierre del mes, a los 6,13 pesos por unidad. Una diferencia de esta magnitud se había registrado en agosto, con una variación positiva del 3,03 por ciento. Durante el año, el peso se ha depreciado un 25 por ciento, alcanzando una aceleración destacable durante el último mes. Ciertamente, en este contexto se destaca que a pesar de las intervenciones del Central y de bancos oficiales, continúa un sostenido descenso de las reservas internacionales, utilizando un poder de intervención que es escaso. Sobre la política cambiaria se centra uno de los principales aspectos a considerar hacia delante.  Con relación a las reservas, hacia finales del mes se acercaban a los 31.000 millones de dólares (31.319 al 26 de noviembre), un nivel menor a casi 2.000 millones con relación a finales de octubre, acumulando una caída de 12.290 desde fines del año anterior. Hoy están al frente de la economía los que la manejaron indirectamente en los últimos dos años ¿Cómo seguirá?    Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

 



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