La unificación y actualización del Código Civil avanza a paso firme en el Senado de la Nación y se encamina a obtener la media sanción antes del recambio legislativo del próximo diez de diciembre. El proyecto que sufrió más de 100 modificaciones desde su ingreso al Palacio Legislativo fue definido por el oficialismo como "la consagración de los nuevos vínculos de la sociedad" y "una apertura hacia los modos alternativos" en los que se conforman las familias.
El texto dejará plasmados los avances en cuestiones como fertilización asistida, matrimonio, divorcio, uniones convivenciales, un nuevo régimen de adopción y la pesificación de los contratos, entre otros puntos del Código que empezará a regir la vida de los argentinos, en caso de ser sancionado, a partir del 1º de enero de 2016. 
Después de siete meses en los que los distintos bloques se comprometieron a trabajar en sus propios proyectos de dictamen, el pleno de la Comisión Bicameral se volvió a reunir para encaminar la etapa final del trabajo legislativo.
En ese marco, y con la intención de emitir dictamen el próximo miércoles y dejar al texto en condiciones de ser trato por el último miércoles de noviembre, el Frente para la 
Victoria presentó su proyecto de dictamen al tiempo que el titular de la Comisión Bicameral, el neuquino Marcelo Fuentes, anunció que el próximo lunes expondrán ante los legisladores funcionarios del Poder Judicial y el martes lo harán los integrantes de la comisión redactora.  
La intención del oficialismo –como anticipó Tiempo Argentino– es, como mínimo, conseguir la aprobación del Senado antes del 10 de diciembre. En tanto, los tiempos de la Cámara de Diputados para llevar adelante la etapa final del trabajo legislativo aún no están definidos.
Todos los integrantes de la Comisión por el FPV mostraron su conformidad con el resultado del trabajo sobre el texto y, si bien admitieron negociaciones con los distintos actores de la sociedad civil, también destacaron que el límite para esas negociaciones fue "no dar ni un paso atrás en la legislación que otorgó derechos en cuanto a igualdad e identidad de género".
A lo largo de las horas que la Comisión estuvo reunida, el debate giró en torno a los tiempos. Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, dejó en claro su intención de avanzar con el trámite sin más dilación. "Hay una columna vertebral del proyecto que llevamos un año y medio discutiendo. Este es un proceso de cierre y no de volver a empezar", aclaró Domínguez ante algunas de las críticas vertidas por la oposición antes de comenzar la reunión.
"Nadie nos apura de afuera. No tenemos ninguna presión externa. Cerrar este proceso es una deuda que tenemos. Es la decisión de valorar el trabajo de los diputados y senadores que se han roto el alma en este proceso", enfatizó Domínguez.
En el mismo sentido se expresó el titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto: "Hay muchos diputados hasta que se vence el mandato. Si esto se extiende hay que volver a amar la comisión. A nosotros nos interesa por lo menos avanzar en la sanción de una de las Cámaras", especificó el rionegrino.
La postura del oficialismo contó con el apoyo de la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien coincidió con Marcelo Fuentes al señalar que hubo "un parate producto de un largo proceso electoral" y defendió el trabajo realizado por los legisladores. 
Pese a que la reunión no fue muy extensa, la Unión Cívica Radical tuvo tiempo para dejar expuestas sus diferencias. 
Por un lado, el diputado Ricardo Gil Lavedra, próximo a dejar su banca, se mostró cercano a la postura del oficialismo en cuanto a avanzar en el trámite, en tanto que el senador mendocino puso sus reparos respecto de llevar la codificación al recinto antes de fin de año.
Por su parte, el represente del PRO, Pablo Tonelli, pidió expresamente que el debate se lleve delante en febrero del año que viene.   «
 

Textual

Este antedictamen que presenta el oficialismo es un gran avance. “Es el primer paso para tener dictamen. Hay que buscar el máximo consenso en cuanto a los diferentes temas. Desde el bloque radical vamos a presentar un dictamen la semana que viene.”

Gerardo Morales
(Senador radical)

"sale ahora o nunca"

"Si no sale una media sanción este año, este Código no sale más, como ocurrió hace treinta años", lanza la diputada Diana Conti (FPV), presidenta de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil, en diálogo con Tiempo Argentino, tras la reunión de ayer. Se refiere a la media sanción que el oficialismo pretende para el 27 de noviembre en la Cámara de Senadores, antes del recambio legislativo.
"Estamos satisfechos con las modificaciones que acordamos. Fue un trabajo muy arduo, que requirió mucha dedicación, pero siento que hemos conseguido definir un buen Código", sostiene, con el agotamiento del deber cumplido y la tensión que imprime la recta final de una tarea que comenzó en territorio legislativo poco después de marzo de 2012, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, le entregó en mano el anteproyecto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para Conti, se consiguió un equilibrio entre aquel texto original de Lorenzetti, las modificaciones que quería cada bloque, las observaciones de la Iglesia, y las voluntades de agrupaciones de la sociedad civil. Por ello, subraya que los puntos que han sido más discutidos serán tratados en leyes individuales (ver aparte), y no serán incluidos en este nuevo Código que unificará a los actuales Civil y Comercial. Es el caso de la protección de embriones, la responsabilidad civil del Estado y la regulación de tierras comunitarias.
Ese último punto involucra a los pueblos originarios, algunos de los cuales habían sido muy críticos sobre la reforma del Código, porque consideraban que la nueva propuesta atentaba contra sus derechos territoriales. Ante eso, Conti advierte: "Hay tres proyectos de ley sobre la regulación de las tierras comunitarias y se están trabajando en conjunto, entre los pueblos originarios y el INADI. Eso está bastante avanzado".

Por:       Florencia Halfon 

las que serán leyes especiales

El proyecto que unifica los códigos Civil y Comercial generó, entre otros, tres puntos de discusión que, para no detener el tratamiento de la iniciativa, se decidió transformarlos en leyes especiales. 
Una de ellas, cuyo texto ya ingresó a Diputados, es el referido a la responsabilidad civil del Estado. Los otros dos todavía deberán esperar un tiempo más de conversaciones y búsqueda de consenso, y son los que tienen que ver con la propiedad comunitaria indígena y la protección de los embriones no implantados.
El primer punto, la responsabilidad civil del Estado, fue quitado del texto original del proyecto porque, entiende el oficialismo, es preciso otorgarle un régimen normativo especial al sostener que el Estado, como administrador del interés público, no puede recibir el tratamiento que le otorga el derecho civil a las personas, físicas o jurídicas, en el ámbito de lo privado. En ese sentido, el kirchnerismo sostiene que se hace necesaria esta nueva normativa para "brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones de las autoridades públicas con los particulares". 
Este proyecto, que no generó ningún comentario por parte de los legisladores de la oposición durante la reunión de la comisión bicameral que entiende en la unificación de los códigos, deja expresado, de manera taxativa, que las disposiciones del Código Civil "no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria". El tema será debatido el próximo martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados.
El otro punto que deberá ser debatido en forma especial es la propiedad comunitaria indígena. La intención de avanzar en la redacción de un proyecto es determinar que estas tierras serán exclusivas de los pueblos originarios por lo que no podrán ser arrendadas o alquiladas para poder preservar su identidad cultural.
La protección de los embriones también quedó para otro momento. La Iglesia Católica puso el grito en el cielo a pesar de que el voluminoso texto normativo deja en claro, para su satisfacción, que la vida humana comienza desde el momento de la concepción e incluso desde el que se implanta el embrión en el seno materno. 
En los meses de tratamiento del proyecto, autoridades de la Iglesia visitaron a cuanto legislador pudieron pero, a pesar de que desde el oficialismo se les pidió que realizaran aportes sobre la responsabilidad del mantenimiento de los embriones, el punto cuestionado por los sectores religiosos, jamás hicieron llegar una carilla.

Por:   Felipe Yapur

Fertilización post mortem

Se incluye por primera vez un apartado sobre la filiación post mortem en las técnicas de reproducción asistida. El artículo 563 del proyecto indica que, en caso de muerte de el o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, si la persona que murió dejó su consentimiento o asentó en un testamento "que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos después de su fallecimiento" y "la concepción en la mujer o la implantación del embrión se produce dentro del año siguiente al deceso", no se necesitará autorización judicial para tener un hijo de su pareja fallecida, y el bebé tendrá vínculo filial con ese padre.

Matrimonio y unión

Respecto de los casamientos, "se mantiene la reforma reciente al Código Civil en lo concerniente al matrimonio igualitario, sin realizar distinciones entre varón y mujer a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio". En el aspecto patrimonial, se incorpora la posibilidad de optar, mediante convenciones matrimoniales, entre el régimen de comunidad de ganancias y el régimen de separación de bienes. Se crea la figura de "unión convivencial" con regulación de aspectos probatorios, económicos, alimentarios, de protección del hogar familiar, de responsabilidades y de atribución de la vivienda en caso de separación.

Régimen de adopción

"Se simplifica el régimen jurídico de la adopción, con prioridad en el interés superior del niño, manteniendo la adopción plena y la simple, a la que se le incorpora la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admite la adopción conjunta y la unilateral, y se simplifican las exigencias para ser adoptante", indica el proyecto, que además contempla "el derecho a ser oído del niño, niña y adolescente y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez."
En lugar de la actual patria potestad, se introduce la responsabilidad parental, con una regulación actualizada.
 

Pesificación de obligaciones

El artículo 765 del proyecto, que fue modificado por el Poder Ejecutivo antes de llegar al Congreso, dispone que "la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial". El código actual dice que "se cumple la obligación dando la especie designada".

Divorcio

La separación y el posterior divorcio pueden concretarse por la voluntad de un solo miembro de la pareja: "Se simplifica el instituto de divorcio con la supresión de las denominadas causales subjetivas, la eliminación de plazo mínimo para su procedencia y se habilita su petición por uno de los cónyuges." También "se prevé una compensación económica en caso de que el divorcio vincular deje a uno de los cónyuges en un desequilibrio económico manifiesto" y "se establece un régimen de protección del inmueble asiento del hogar conyugal, aun cuando se hubiera optado por el régimen de separación de bienes".

Derechos personalísimos

Se incorporan conceptos reconocidos por el derecho internacional: "Se recepta la regulación de los derechos personalísimos, que integran el bloque de constitucionalidad federal, mediante el reconocimiento expreso de los derechos a la dignidad, la intimidad, el honor y la imagen, entre otros". También se incorpora la figura del "adolescente" y se elimina la categoría del "menor adulto o púber". Adecuándose a la Convención sobre los Derechos del Niño, "se distingue la capacidad de derecho de la capacidad de ejercicio", es decir, se diferencia la idoneidad para adquirir derechos de la idoneidad para ejercerlos.

Reproducción asistida

En consonancia con la ley de fertilización, se equipara la filiación por técnicas de reproducción humana asistida junto con la natural y la adoptiva plena. Para tales técnicas se regula el consentimiento informado, con prevalencia de la voluntad procreacional. Se establece que los nacidos por las técnicas de reproducción asistida "son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quién haya aportado los gametos". El consentimiento debe renovarse "cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones".

Fuente:tiempo.infonews.com