Por: 
Ignacio Chausis

Tras el histórico hallazgo en el Edificio Cóndor de las actas referidas a la venta de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, la investigación judicial en marcha por la presunta apropiación ilegal de las acciones en manos de los diarios La Nación, Clarín y La Razón sumará en los próximos días un nuevo capítulo que de por sí generará amplias repercusiones políticas. La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, anunció que solicitará la semana próxima ante el Juzgado Criminal y Correccional 10 a cargo de Julián Ercolini ser aceptado como querellante en la causa y el embargo de los bienes de la empresa hasta que una sentencia definitiva permita el decomiso y –eventualmente– la devolución a sus legítimos propietarios.
"A partir de que se aprueba la legislación antilavado en junio de 2011, aparece un bien protegido nuevo que es el orden económico y financiero, y lo que daña a ese bien protegido son los dineros de origen ilícito, provenientes de delitos que no prescribieron, y la situación que se presenta en la Argentina y que aparece en los delitos de lesa humanidad es la apropiación económica de detenidos-desaparecidos", explicó a Tiempo Argentino José Sbatella, titular de la UIF. "Con ese marco teórico, para nosotros los bienes de los detenidos-desaparecidos que están en manos de los apropiadores son decomisables, esta sería la cuestión. Y son parte del resarcimiento que más adelante podrán darles o no, depende de los procesos judiciales, a quienes solicitan la devolución de esos bienes", agregó el funcionario.
El embargo implica el congelamiento de los bienes de la empresa, esto es, la imposibilidad por parte de sus actuales dueños de transferirlos hasta que no haya una resolución judicial. Sin embargo, los antecedentes inmediatos no favorecen la posición de la UIF: el juez Claudio Bonadio rechazó en octubre pasado los argumentos del organismo para congelar los bienes de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes se fugaron del Hospital Militar, si bien se trata de causas por demás disímiles con respecto a las actuaciones de Papel Prensa.
¿Qué implicancias tiene la medida? De prosperar, el pedido de la UIF implica extender a los dueños del Grupo Clarín y de La Nación la acusación por lavado de dinero proveniente de la apropiación de bienes de desaparecidos. Si bien los directivos ya figuran en investigaciones sobre presunto lavado de activos, es la primera vez que ese delito queda asociado a crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la dictadura cívico-militar. "Esos bienes (los de Papel Prensa) fueron apropiados bajo el uso de la tortura y con pérdida de la libertad. Como son delitos de lesa humanidad no prescribieron para nosotros y por lo tanto los bienes que se generaron ahí son decomisables aplicando la ley de lavado vigente desde junio de 2011", precisó Sbatella.
La investigación que está en manos del juez Ercolini tiene como imputados a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto por parte del Grupo Clarín, y a Bartolomé Mitre por La Nación, ninguno de los cuales fue hasta el momento citado a declarar por parte del magistrado, a pesar de haber sido reclamado en diversas oportunidades por la Secretaría de Derechos Humanos, la que actúa como querellante en la causa donde se investiga la venta a precio vil de las acciones de Papel Prensa.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones integrada por los magistrados Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero fijó una audiencia para el próximo 21 de noviembre antes de resolver si confirma o revoca la decisión de unificar las tres querellas –Lidia Papaleo de Graiver, Rafael Ianover y la Secretaría de Derechos Humanos– en la causa.
Cabe destacar que la semana pasada, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció la recuperación de una serie de documentos oficiales que ponen de relieve el interés de la Junta Militar en la apropiación de la mayoría accionaria de Papel Prensa, en ese entonces propiedad de la familia Graiver. Tal como informó este diario en su edición del domingo último, los documentos dan cuenta de que entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977 la Junta Militar trató en al menos 15 reuniones la cuestión vinculada a la transferencia de acciones y la puesta en marcha de Papel Prensa, período durante el cual quedó registrado el cautiverio y tortura de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver.
"Está totalmente demostrado que para la Junta Militar la detención de familiares de Graiver o personas relacionadas a él, y la venta de las acciones era una misma unidad temática. Sin duda, las dos cosas tenían que ver una con la otra", señaló Rossi tras la presentación de los documentos, que ya fueron incorporados al expediente. Todavía está por verse el valor probatorio que le da el juez Ercolini, quien hasta el momento no logró avances relevantes en su investigación.
En sus más de seis horas de declaración ante el juez Ercolini el pasado 13 de junio, Papaleo reiteró haber recibido  presiones de las tres fuerzas e incluso de un emisario del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, para apurar la venta de la firma a empresarios que no fueran "extranjeros o grupos judíos". También relató que el día de su secuestro el abogado Bernardo Sofovich le había advertido que se fuera del país, lo que interpretó primero como una amenaza y luego como un dato certero de lo que estaría por padecer.
"A medida que se van conociendo más datos, cada vez queda más claro que estos bienes fueron producto de hechos de lesa humanidad, la apropiación de esos bienes, y por lo tanto al ser imprescriptibles para nosotros entran en la ley de lavado, y con ese argumento vamos a disputar legalmente", argumentó Sbatella, quien se refirió a la dura respuesta que tendrá la medida por parte de los medios implicados. "En el fondo ya estamos teniendo la respuesta, porque han hecho toda una política de denuncias, de inventar cosas, porque saben que esta situación en el horizonte se les estaba por venir", concluyó. «

600 casos en estudio

La Unidad de Información  Financiera informó que hay más de 600 casos que se investigan por denuncias de apropiación ilegal de bienes. 
"Papel Prensa es la causa más grande y notable de todas estas. Ahora, con los descubrimientos de papeles de la dictadura que dio a conocer el Ministerio de Defensa, se conoce más de esa estructura económica creada para el delito", sostuvo. Papel Prensa es el caso más conocido y, probablemente, el que involucra los bienes más valiosos, pero la mayoría de los 600 investigados apuntan a pequeñas y medianas empresas de todos los rubros.
En base a las hipótesis de trabajo que desarrolla la UIF es que buscan asociar la ley contra el lavado de dinero, de junio de 2011, con los fondos que se generaron a partir de delitos que son imprescriptibles, como los cometidos durante la dictadura. 
Entre los muchos casos mencionados, figuran los desapoderamientos de empresarios como los hermanos Iaccarino y el ex titular del Banco Latinoamericano.

15 son las veces en que el tema Papel Prensa fue tratado por la Junta Militar, según los documentos hallados en el Edificio Cóndor.

alta gama     Sbatella cuestionó la cautelar concedida a la Asociación de Concesionarios de Automóviles, que la excluyó de la obligación de reportar la venta de autos de alta gama.

Fuente:tiempo.infonews.com