OPINIÓN
20 de octubre de 2013
Campaña sucia
La verdad detrás del “affaire cabandié"
Un exabrupto del legislador en un video manipulado provocó una aplastante campaña de Clarín contra el candidato K. Las intenciones ocultas, el ataque a la política de derechos humanos y la apuesta a la antipolítica.
Las elecciones que vienen son cruciales. Para el Gobierno, que busca fortalecerse en el Congreso para evitar que la inevitable puja por la sucesión paralice los próximos dos años de gestión. Para los opositores, que tomarán el resultado de estas legislativas como un modo de ir ordenando la grilla de candidatos de cara a 2015. Y para las corporaciones, que como es habitual, intentarán sacar tajada en el río revuelto que implica la puja por el sillón presidencial. Con tantas tensiones flotando en la atmósfera política, era de esperar que brotaran operaciones que persigan enlodar la imagen de los participantes. Se las conoce como campañas sucias, y son un clásico de la política global.
El truco consiste en difundir información que perjudique al oponente. Para provocar un daño aceptable basta con que la acusación resulte verosímil, no necesariamente que el dato sea veraz. La diferencia parece sutil, pero no lo es: el folclore proselitista admite la munición gruesa, pero distinto es destruir la honra de alguien con datos falsos. El riesgo, en ese caso, es que el electorado descubra la treta y penalice en las urnas al que intentó venderle gato por liebre. Por el filo entre verdad y verosimilitud transita la manipulación, es decir, tomar un hecho cierto que, en crudo, puede resultar menor. Pero que debidamente ornamentado puede derivar en tremendo escándalo. Para que esto ocurra, claro está, es necesario contar con la complicidad de los medios de comunicación, que le terminan de dar el certificado de calidad que la información requiere para ser consumida por la audiencia. Cuánto más potencia tenga el medio difusor, mayor impacto tendrá la operación. Y mayor será el daño.
Esta semana, el destinatario de una operación con estas características fue el candidato a diputado K por la ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié. A quince días de las urnas, manos anónimas desempolvaron un viejo video donde se observa al legislador discutiendo con una agente de tránsito por una infracción. El episodio ocurrió en mayo, pero recién se conoció cuando la campaña ingresaba a su etapa final. El momento elegido no fue casual: en los días previos a la difusión del video, las encuestas marcaban que Daniel Filmus –candidato a senador por la misma lista y distrito que Cabandié– aventajaba por unos puntos a Fernando “Pino” Solanas, el candidato de Elisa Carrió que busca dejar sin la banca al oficialismo en suelo porteño. Pero hay más. Los sondeos también mostraban una reducción en la brecha que, luego de las PASO, se había verificado entre el opositor Sergio Massa y el oficialista Martín Insaurralde en territorio bonaerense. Como el exabrupto de Cabandié ocurrió en Lomas de Zamora –tierra de Insaurralde–, la operación resultó ser una carambola que arrastró al barro a los candidatos del Frente para la Victoria en ambas orillas de la General Paz.
Para la noche del sábado 12, las manos anónimas que editaron y manipularon el video de la discordia descorchaban champagne. Las imágenes, que durante el día habían circulado por las redes sociales, fueron colgadas por el sitio PlazadeMayo.com, una plataforma de informes vinculada al Grupo Clarín. El operativo se trasladó luego a la página del periódico, al matutino y a los canales que regentea el multimedios. Para el domingo a la noche, Clarín había instalado que Cabandié había “amenazado” e “insultado” a la agente de tránsito Belén Mosquera, que había “chapeado” con su cargo y con el hecho de ser hijo de desaparecidos para intentar “zafar” de la multa, y que había recurrido a las autoridades para reclamar un “correctivo” contra la agente. De todas las acusaciones, Cabandié reconoció la última, admitió haber reaccionado de manera indebida y pidió disculpas por haberse irritado con la funcionaria municipal. Aunque aclaró: “Reaccioné así porque me amenazaron con retener el auto, lo que no corresponde, y sentí que con eso me querían inducir a pagar una coima, cosa que no estaba dispuesto a hacer”.
Como suele ocurrir cada vez que Clarín pone en marcha su aplanadora noticiosa, el ruido silenció las explicaciones de Cabandié y una multitud de televidentes se dio por satisfecho con lo que el Grupo les dio de comer. Recién el miércoles se conoció una versión extendida del video donde se verificaba la versión de Cabandié: a contramano de la legislación, le habían querido retener irregularmente el vehículo, eso provocó una dura discusión con los agentes, y al final él mismo pidió que le hicieran la multa. En ese contexto, los exabruptos de Cabandié, aunque reprochables, encontraron una explicación que la edición difundida por Clarín desde el primer momento le negó. Se entiende: en este caso, más que como un medio informativo, el Grupo operó como jefe de campaña de la oposición, cuyos máximos dirigentes se plegaron a la campaña sembrando denuncias penales y condenas de ocasión.
La alegría con la que la dirigencia política participa de estos operativos tiene algo de comportamiento suicida. Las campañas sucias son la lepra de la política. Empieza afectando a uno, pero termina contagiando a todos los dirigentes cuando presenta a la política como una actividad corrupta, repleta de vicios y perversidades, cuya única meta es obtener rédito personal en nombre –y a expensas– del bien común. Eso es lo que quedará, al final del camino, del “affaire Cabandié”: la sospecha de que la política sigue siendo campo fértil para los abusos de poder, el tráfico de influencias y la corruptela. Quienes odian el avance que ha experimentado la conciencia política en la población durante la última década, deben haber celebrado a lo grande esta semana: nada beneficia más a las corporaciones que el desprestigio de los dirigentes políticos. A los dueños del poder y del dinero nunca les fue mejor que cuando se logró instalar en la sociedad la certeza de que “los políticos son todos iguales”. O peor: que son todos una mierda.
Las dictaduras y la depredación de la década menemista fueron consecuencia directa de la despolitización de la sociedad. La destrucción del tejido social que benefició a los sectores concentrados de la economía no habría sido posible si los argentinos no hubiesen aceptado transferir el poder a manos privadas, destruyendo al Estado, la única entidad capaz de arbitrar entre las necesidades del pueblo y la voracidad de los dueños del capital. Los políticos que contribuyen a sembrar campañas sucias deben saber que son cómplices de su propia demonización. Se debilitan frente a la sociedad y quedan expuestos a las corporaciones como Clarín, a las que terminan venerando con terror.
Hasta no hace mucho, entre la dirigencia política argentina cundía la idea de que ninguno de ellos soportaría más de cuatro tapas negativas del Grupo. Néstor y Cristina Kirchner desafiaron esa máxima, pero el fantasma se mantiene. Sobre todo en tiempos de campaña, donde los candidatos buscan seducir a los medios, o, en su defecto, quedar lejos de su radar. Esta semana, por caso, Insaurralde intentó salir indemne del “affaire Cabandié” con una reacción a pedir de Clarín: reprochó la actitud de su colega, echó al director de Tránsito de su municipio –que había despedido a la agente Mosquera–, se reunió con la muchacha, la elogió, y le propuso reponerla en el cargo con un salario mejor. Fue como mostrarle sangre a un tiburón: Clarín transformó el precario intento de control de daños de Insaurralde en otro misil hacia Cabandié, el Gobierno y el FPV. El lomense se anotició así de que compartir asesores publicitarios con Daniel Scioli no le transfiere su cobertura de amianto.
La operación demostró que el Grupo Clarín, propietario de dos centenares de medios, mantiene una imponente capacidad para fijar agenda. Con la mira puesta en Cabandié, sus medios casi obviaron hechos graves como el atentado al gobernador santafesino Antonio Bonfatti, el asesinato de un barra en Vicente López o el incendio mortal de un conventillo en La Boca. Estos dos últimos hechos, por cierto, implican a militantes y políticas del macrismo, espacio que parece contar con una férrea indemnidad mediática. Respecto de Bonfatti, en cambio, resultó llamativo que las catorce balas que impactaron en el frente de su domicilio merecieran menos atención que el inconveniente de tránsito de Cabandié. Un número marca la diferencia de la cobertura entre ambos: entre el sábado 12 y el miércoles 16, Clarín le dedicó 6 artículos al atentado. Mientras que en el mismo período, el periódico le dedicó 30 artículos al joven legislador. Semejante despliegue, claro está, obligó a los editores a extremar la imaginación para encontrar enfoques creativos de los cuales agarrarse. Uno de los más sofisticados buscó aprovechar el exabrupto del candidato para poner en tela de juicio uno de los principales activos del gobierno K: su política de derechos humanos.
El martes 15, Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y compañera de lista de Cabandié, detectó la maniobra y advirtió en una conmovedora carta abierta que “detrás de la operación contra Juan buscan, en realidad, desandar el camino de Memoria, Verdad y Justicia”. Su sospecha tenía asidero: los principales directivos del Grupo están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad por la apropiación de Papel Prensa. Ese mismo martes, la pantalla de TN pareció darle la razón a Victoria cuando reunió en una mesa a hijos de desaparecidos que militan en la oposición para que criticaran la política de derechos humanos.
Embarrar a los candidatos K, encubrir a los candidatos amigos, sembrar antipolítica, denostar el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles. A partir de un video manipulado, Clarín juega simultáneas políticas mientras espera que la Corte defina sobre la aplicación plena de la ley de medios. Quizá sea una sucesión de casualidades. Pero en política se puede ser cualquier cosa, menos ingenuo. _______________________________________________________________________________
Tiros en rosario Otro condenable hecho recalentó la campaña electoral el viernes a la noche, cuando fue atacada a 14 balazos la vivienda del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, cuando este se encontraba en la casa junto con su esposa y una empleada. Al día siguiente hubo un claro respaldo a Bonfatti de parte del FPV santafesino, referenciado en el ministro de Defensa Agustín Rossi. Pero tras este gesto político volvieron las declaraciones y acusaciones cruzadas entre el socialismo y el FPV, lo que volvió a politizar el incidente. Por el hecho hay un solo detenido, cuyo abogado dice que es un perejil al que la policía le “plantó” el arma con la que supuestamente se efectuaron los disparos. _______________________________________________________________________________
Muerte en Vicente López El asesinato de un hombre pasó inadvertido entre el revuelo mediático que causó el video del legislador porteño Juan Cabandié. El domingo 13 de octubre, una camioneta con empleados del municipio de Vicente López, que venían en una recorrida pegando afiches de Sergio Massa y Jorge Macri, Frente Renovador, se detuvo frente a un conventillo de Mitre al 3800, en Munro. Comenzaron a increpar y discutir con Fernando Morales López (39 años), conocido como “El Loco Pocho” (foto) y líder de la barra brava del club Colegiales. Según la versión narrada por testigos y reconstruida por el presidente del club –quinto concejal de Vicente López por el Frente para la Victoria, Rodrigo González–, mientras Morales López discutía con “el chofer de la camioneta, un ex integrante de la barra que hacía más de un año que no venía por el club, bajó de la parte trasera de la camioneta un hombre al que apodan el Uruguayo y le dio tres balazos a Morales López. Cuando estaba caído, le dio otros dos balazos en el pecho y un sexto en la cabeza, para liquidarlo”. Del asesinato hoy se sostienen dos versiones. Una que afirma que el presunto asesino funge como “una especie de guardaespaldas para el secretario de Gobierno del municipio de Vicente López, César Torres”. Esta versión es la sostenida por González. Pero, según afirma una nota del diario La Nación, esta versión fue rechazada desde la intendencia de Vicente López que afirmó se trata de una interna por el control de los negocios de la barra. A su vez, la fiscal Marcela Semería, a cargo del caso, dijo que “por ahora no existen indicios ni pruebas para connotarlo políticamente”. Fuente:veintitres.infonews.com
El truco consiste en difundir información que perjudique al oponente. Para provocar un daño aceptable basta con que la acusación resulte verosímil, no necesariamente que el dato sea veraz. La diferencia parece sutil, pero no lo es: el folclore proselitista admite la munición gruesa, pero distinto es destruir la honra de alguien con datos falsos. El riesgo, en ese caso, es que el electorado descubra la treta y penalice en las urnas al que intentó venderle gato por liebre. Por el filo entre verdad y verosimilitud transita la manipulación, es decir, tomar un hecho cierto que, en crudo, puede resultar menor. Pero que debidamente ornamentado puede derivar en tremendo escándalo. Para que esto ocurra, claro está, es necesario contar con la complicidad de los medios de comunicación, que le terminan de dar el certificado de calidad que la información requiere para ser consumida por la audiencia. Cuánto más potencia tenga el medio difusor, mayor impacto tendrá la operación. Y mayor será el daño.
Esta semana, el destinatario de una operación con estas características fue el candidato a diputado K por la ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié. A quince días de las urnas, manos anónimas desempolvaron un viejo video donde se observa al legislador discutiendo con una agente de tránsito por una infracción. El episodio ocurrió en mayo, pero recién se conoció cuando la campaña ingresaba a su etapa final. El momento elegido no fue casual: en los días previos a la difusión del video, las encuestas marcaban que Daniel Filmus –candidato a senador por la misma lista y distrito que Cabandié– aventajaba por unos puntos a Fernando “Pino” Solanas, el candidato de Elisa Carrió que busca dejar sin la banca al oficialismo en suelo porteño. Pero hay más. Los sondeos también mostraban una reducción en la brecha que, luego de las PASO, se había verificado entre el opositor Sergio Massa y el oficialista Martín Insaurralde en territorio bonaerense. Como el exabrupto de Cabandié ocurrió en Lomas de Zamora –tierra de Insaurralde–, la operación resultó ser una carambola que arrastró al barro a los candidatos del Frente para la Victoria en ambas orillas de la General Paz.
Para la noche del sábado 12, las manos anónimas que editaron y manipularon el video de la discordia descorchaban champagne. Las imágenes, que durante el día habían circulado por las redes sociales, fueron colgadas por el sitio PlazadeMayo.com, una plataforma de informes vinculada al Grupo Clarín. El operativo se trasladó luego a la página del periódico, al matutino y a los canales que regentea el multimedios. Para el domingo a la noche, Clarín había instalado que Cabandié había “amenazado” e “insultado” a la agente de tránsito Belén Mosquera, que había “chapeado” con su cargo y con el hecho de ser hijo de desaparecidos para intentar “zafar” de la multa, y que había recurrido a las autoridades para reclamar un “correctivo” contra la agente. De todas las acusaciones, Cabandié reconoció la última, admitió haber reaccionado de manera indebida y pidió disculpas por haberse irritado con la funcionaria municipal. Aunque aclaró: “Reaccioné así porque me amenazaron con retener el auto, lo que no corresponde, y sentí que con eso me querían inducir a pagar una coima, cosa que no estaba dispuesto a hacer”.
Como suele ocurrir cada vez que Clarín pone en marcha su aplanadora noticiosa, el ruido silenció las explicaciones de Cabandié y una multitud de televidentes se dio por satisfecho con lo que el Grupo les dio de comer. Recién el miércoles se conoció una versión extendida del video donde se verificaba la versión de Cabandié: a contramano de la legislación, le habían querido retener irregularmente el vehículo, eso provocó una dura discusión con los agentes, y al final él mismo pidió que le hicieran la multa. En ese contexto, los exabruptos de Cabandié, aunque reprochables, encontraron una explicación que la edición difundida por Clarín desde el primer momento le negó. Se entiende: en este caso, más que como un medio informativo, el Grupo operó como jefe de campaña de la oposición, cuyos máximos dirigentes se plegaron a la campaña sembrando denuncias penales y condenas de ocasión.
La alegría con la que la dirigencia política participa de estos operativos tiene algo de comportamiento suicida. Las campañas sucias son la lepra de la política. Empieza afectando a uno, pero termina contagiando a todos los dirigentes cuando presenta a la política como una actividad corrupta, repleta de vicios y perversidades, cuya única meta es obtener rédito personal en nombre –y a expensas– del bien común. Eso es lo que quedará, al final del camino, del “affaire Cabandié”: la sospecha de que la política sigue siendo campo fértil para los abusos de poder, el tráfico de influencias y la corruptela. Quienes odian el avance que ha experimentado la conciencia política en la población durante la última década, deben haber celebrado a lo grande esta semana: nada beneficia más a las corporaciones que el desprestigio de los dirigentes políticos. A los dueños del poder y del dinero nunca les fue mejor que cuando se logró instalar en la sociedad la certeza de que “los políticos son todos iguales”. O peor: que son todos una mierda.
Las dictaduras y la depredación de la década menemista fueron consecuencia directa de la despolitización de la sociedad. La destrucción del tejido social que benefició a los sectores concentrados de la economía no habría sido posible si los argentinos no hubiesen aceptado transferir el poder a manos privadas, destruyendo al Estado, la única entidad capaz de arbitrar entre las necesidades del pueblo y la voracidad de los dueños del capital. Los políticos que contribuyen a sembrar campañas sucias deben saber que son cómplices de su propia demonización. Se debilitan frente a la sociedad y quedan expuestos a las corporaciones como Clarín, a las que terminan venerando con terror.
Hasta no hace mucho, entre la dirigencia política argentina cundía la idea de que ninguno de ellos soportaría más de cuatro tapas negativas del Grupo. Néstor y Cristina Kirchner desafiaron esa máxima, pero el fantasma se mantiene. Sobre todo en tiempos de campaña, donde los candidatos buscan seducir a los medios, o, en su defecto, quedar lejos de su radar. Esta semana, por caso, Insaurralde intentó salir indemne del “affaire Cabandié” con una reacción a pedir de Clarín: reprochó la actitud de su colega, echó al director de Tránsito de su municipio –que había despedido a la agente Mosquera–, se reunió con la muchacha, la elogió, y le propuso reponerla en el cargo con un salario mejor. Fue como mostrarle sangre a un tiburón: Clarín transformó el precario intento de control de daños de Insaurralde en otro misil hacia Cabandié, el Gobierno y el FPV. El lomense se anotició así de que compartir asesores publicitarios con Daniel Scioli no le transfiere su cobertura de amianto.
La operación demostró que el Grupo Clarín, propietario de dos centenares de medios, mantiene una imponente capacidad para fijar agenda. Con la mira puesta en Cabandié, sus medios casi obviaron hechos graves como el atentado al gobernador santafesino Antonio Bonfatti, el asesinato de un barra en Vicente López o el incendio mortal de un conventillo en La Boca. Estos dos últimos hechos, por cierto, implican a militantes y políticas del macrismo, espacio que parece contar con una férrea indemnidad mediática. Respecto de Bonfatti, en cambio, resultó llamativo que las catorce balas que impactaron en el frente de su domicilio merecieran menos atención que el inconveniente de tránsito de Cabandié. Un número marca la diferencia de la cobertura entre ambos: entre el sábado 12 y el miércoles 16, Clarín le dedicó 6 artículos al atentado. Mientras que en el mismo período, el periódico le dedicó 30 artículos al joven legislador. Semejante despliegue, claro está, obligó a los editores a extremar la imaginación para encontrar enfoques creativos de los cuales agarrarse. Uno de los más sofisticados buscó aprovechar el exabrupto del candidato para poner en tela de juicio uno de los principales activos del gobierno K: su política de derechos humanos.
El martes 15, Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y compañera de lista de Cabandié, detectó la maniobra y advirtió en una conmovedora carta abierta que “detrás de la operación contra Juan buscan, en realidad, desandar el camino de Memoria, Verdad y Justicia”. Su sospecha tenía asidero: los principales directivos del Grupo están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad por la apropiación de Papel Prensa. Ese mismo martes, la pantalla de TN pareció darle la razón a Victoria cuando reunió en una mesa a hijos de desaparecidos que militan en la oposición para que criticaran la política de derechos humanos.
Embarrar a los candidatos K, encubrir a los candidatos amigos, sembrar antipolítica, denostar el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles. A partir de un video manipulado, Clarín juega simultáneas políticas mientras espera que la Corte defina sobre la aplicación plena de la ley de medios. Quizá sea una sucesión de casualidades. Pero en política se puede ser cualquier cosa, menos ingenuo. _______________________________________________________________________________
Tiros en rosario Otro condenable hecho recalentó la campaña electoral el viernes a la noche, cuando fue atacada a 14 balazos la vivienda del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, cuando este se encontraba en la casa junto con su esposa y una empleada. Al día siguiente hubo un claro respaldo a Bonfatti de parte del FPV santafesino, referenciado en el ministro de Defensa Agustín Rossi. Pero tras este gesto político volvieron las declaraciones y acusaciones cruzadas entre el socialismo y el FPV, lo que volvió a politizar el incidente. Por el hecho hay un solo detenido, cuyo abogado dice que es un perejil al que la policía le “plantó” el arma con la que supuestamente se efectuaron los disparos. _______________________________________________________________________________
Muerte en Vicente López El asesinato de un hombre pasó inadvertido entre el revuelo mediático que causó el video del legislador porteño Juan Cabandié. El domingo 13 de octubre, una camioneta con empleados del municipio de Vicente López, que venían en una recorrida pegando afiches de Sergio Massa y Jorge Macri, Frente Renovador, se detuvo frente a un conventillo de Mitre al 3800, en Munro. Comenzaron a increpar y discutir con Fernando Morales López (39 años), conocido como “El Loco Pocho” (foto) y líder de la barra brava del club Colegiales. Según la versión narrada por testigos y reconstruida por el presidente del club –quinto concejal de Vicente López por el Frente para la Victoria, Rodrigo González–, mientras Morales López discutía con “el chofer de la camioneta, un ex integrante de la barra que hacía más de un año que no venía por el club, bajó de la parte trasera de la camioneta un hombre al que apodan el Uruguayo y le dio tres balazos a Morales López. Cuando estaba caído, le dio otros dos balazos en el pecho y un sexto en la cabeza, para liquidarlo”. Del asesinato hoy se sostienen dos versiones. Una que afirma que el presunto asesino funge como “una especie de guardaespaldas para el secretario de Gobierno del municipio de Vicente López, César Torres”. Esta versión es la sostenida por González. Pero, según afirma una nota del diario La Nación, esta versión fue rechazada desde la intendencia de Vicente López que afirmó se trata de una interna por el control de los negocios de la barra. A su vez, la fiscal Marcela Semería, a cargo del caso, dijo que “por ahora no existen indicios ni pruebas para connotarlo políticamente”. Fuente:veintitres.infonews.com
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