NACIONALES
11 de marzo de 2025
Preocupación en Naciones Unidas por el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema

"Sienta un precedente peligroso". La relatora especial del organismo sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, aseguró que la maniobra del gobierno de Javier Milei "erosiona la transparencia", atenta contra "la independencia judicial" e implica "una regresión en relación a la norma de igualdad de género". Esta semana, el Senado tratará el pliego de García-Mansilla.
A la espera de que la Comisión de Acuerdos trate este jueves el pliego del juez designado por decreto de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su "preocupación" por la decisión tomada por el presidente Javier Milei y aseguró que "sienta un precedente peligroso al politizar las designaciones, erosionar la transparencia y limitar las vías de escrutinio y contestación pública".
Satterthwaite apuntó sobre el argumento, tan reiterado por la derecha y el empresariado argentino, respecto de la "seguridad jurídica" y señaló que el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia vía decreto pone en juego "la estabilidad en el cargo" y "la protección de la independencia judicial". Ya que la designación presidencial "erosiona la garantía" para que un juez cumpla "funciones sin la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no complacen a otros poderes del gobierno".
A la espera de que la Comisión de Acuerdos trate este jueves el pliego del juez designado por decreto de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su "preocupación" por la decisión tomada por el presidente Javier Milei y aseguró que "sienta un precedente peligroso al politizar las designaciones, erosionar la transparencia y limitar las vías de escrutinio y contestación pública".
Satterthwaite apuntó sobre el argumento, tan reiterado por la derecha y el empresariado argentino, respecto de la "seguridad jurídica" y señaló que el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia vía decreto pone en juego "la estabilidad en el cargo" y "la protección de la independencia judicial". Ya que la designación presidencial "erosiona la garantía" para que un juez cumpla "funciones sin la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no complacen a otros poderes del gobierno".
"Argentina debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar la independencia del poder judicial y respetar el estado de derecho", exigió la relatora, quien dijo estar en contacto con las autoridades argentinas.
La relatora apuntó contra la decisión de eludir el Senado e "ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación" y acusó al Ejecutivo nacional de estar "evadiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos".