Por Francisco Aristi

Uno de cada cuatro inquilinos en el país tuvo que mudarse a una propiedad más pequeña o peor ubicada tras la derogación de la Ley de Alquileres por parte de Javier Milei. El DNU 70/23 afectó gravemente a la clase media baja, que destina el 50% de su salario al pago del alquiler.

A diez días de asumir, Milei decretó que la problemática de la vivienda la resolviera el mercado a pura oferta y demanda, en un país con un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, en el que ocho millones de personas alquilan la casa que habitan.

Gran parte de la clase media integra el 53% de la población argentina que está en situación de pobreza.

Sobre el bolsillo de la clase media impactan, además, los aumentos de la medicina prepaga, colegios privados, tarifas sin subsidios, combustibles y el transporte público.

Las preocupaciones principales de los inquilinos son vivienda, ingresos y tarifas.

La angustia de la clase media

El paso del mercado de alquileres regulado por ley al acuerdo puro entre las partes, generó dos análisis. Las personas propietarias y las inmobiliarias aseguran que hay más oferta de viviendas y que los precios se están acomodando. Quienes alquilan viven la angustia.

La Encuesta Nacional Inquilina de septiembre 2024, que realizan los colectivos Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, detalla que una familia que alquila en Ciudad de Buenos Aires sin marco regulatorio paga, en promedio, un 24% más que quienes todavía se rigen por la Ley de Alquileres.

En las provincias de Buenos Aires y Santa Fe la diferencia del valor promedio del alquiler de septiembre es entre un 30% y 36% mayor para los que firmaron con la vigencia del DNU 70/2023.

Brian vive con su esposa en una casa del casco histórico platense, en junio firmaron contrato nuevo por dos años con la actualización cuatrimestral mediante el Coeficiente Casa Propia, comenzaron pagando $580.000 y en octubre les cobraron $826.000. En cuatro meses recibieron un incremento del 42% en el alquiler.

Juana, que vive sola en un barrio porteño y trabaja en una prepaga, con la Ley de Alquileres pagaba $100.000 por un departamento; cuando renovó, en junio pasado, pasó a pagar $350.000 por la misma propiedad.

La casa paterna es una opción

“Hay un notable empeoramiento de las condiciones para alquilar, la ley anterior pautaba temas de la relación locador-locatario como el momento de negociación de la renovación, ahora se firman contratos con actualizaciones mensuales y en la mayoría de los casos las condiciones las impone el dueño, tema mascotas, hijos, etc.”, dijo Juan Pablo Costa, sociólogo investigador del Centro de Economía Política (CEPA) y especialista en tema alquileres.

También hay casos de propietarios que exigen a quienes alquilan que se hagan cargo de todos los impuestos, servicios y tasas de la propiedad; además de establecer multas en caso de que el locatario se quiere mudar antes del fin del contrato y punitorios onerosos ante retrasos en el pago mensual.

“Hay familias que vuelven a la casa de sus padres, que también alquilan, y personas que recaen en piezas de hoteles, que actualmente tienen listas de espera, sin hablar de los terminan en la calle”, explicó a Letra P Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados.

El colectivo es el responsable de la encuesta que revela que el 27% de quienes tienen que renovar el alquiler se tuvieron que mudar a una casa más pequeña, en un barrio con menos infraestructura y más alejados.

Libertad de propietarios e inmobiliarias

Ramón Penayo, titular de una inmobiliaria en La Plata afirmó a Letra P que la derogación de la Ley de Alquileres “amplió el mercado, hay más oferta y los precios actuales son más bajos en términos absolutos, debido a la alta inflación, de los que estipulaba la Ley de alquileres”.

“Ahora, la mayoría de los contratos se hacen por dos años ajustados por inflación del INDEC, cada cuatro meses, pero las condiciones son libres”, graficó.

Penayo aseguró que en La Plata el alquiler de un departamento de un dormitorio cuesta entre $250.000 y $300.000, según la calidad, más expensas. Para ingresar hay que pagar 250.000 de depósito, $250.000 de alquiler y la comisión de la inmobiliaria que es el 4% del contrato anualizado, más la certificación de firma y el timbrado fiscal, $10.000 cada uno.

En la Ciudad de Buenos Aires rige por ley que la comisión del contrato lo debe pagar el dueño de la propiedad, eso hace que un gran porcentaje de las viviendas se alquilan en forma directa, por referidos o grupos de WhatsApp, evitando la inmobiliaria.

Alfredo es dueño de dos departamentos de un dormitorio que alquila a conocidos en La Plata. "La Ley de Alquileres, con la renovación anual, en un contexto del 200% de inflación, hizo que perdiera plata y con lo que me pagaban de alquiler, no me alcanzaba para los impuestos y el mantenimiento", graficó.

Fuente: www.letrap.com.ar