Por Mauricio Cantado 

Javier Milei logró un éxito parcial este martes en la Cámara de Diputados: a través de un acuerdo con la oposición dialoguista, La libertad Avanza (LLA) dictaminó la ley ómnibus XS, pero aceptó la totalidad de las modificaciones realizadas en el Senado, incluida la exclusión de la lista de privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Pública.

El PRO firmó en disidencia por este cambio y anticipó que avanzará durante el año con otro proyecto para vender la compañía aérea. Un sector de la UCR acompañó esta postura. El dictamen tuvo 66 firmas: adhirieron Hacemos Coalición Federal (HCF) y los partidos provinciales. No firmaron Unión por la Patria, la izquierda y la socialista Mónica Fein. Y no participó Nancy Picón, cercana al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

El tratamiento fue en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, coordinada por el libertario Santiago Santurio. Los consensos deberían garantizar al Gobierno una mayoría para sancionar el proyecto el jueves. La sesión fue convocada a las 12.

La caída del capítulo de privatizaciones en la cámara baja fue un revés para Milei, quien a través de sus funcionarios intentó hasta último momento recuperarlo.

Como explicó Letra P, esta idea no tenía consenso pleno en la UCR y chocó con una interpretación del bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, por la cual no se puede insistir en fragmentos del proyecto que fueron desechados en el Senado antes de votar.

Fue lo que ocurrió con el capítulo de privatizaciones: el senador oficialista Bartolomé Abdala anunció la reducción de la lista al inicio de la sesión. Lo mismo pasó con la eliminación de la moratoria previsional, que también fue desechada. El puntano sólo buscó construir una mayoría y no imaginaba que iba a ser acusado de mala praxis.

El diputado Nicolás Massot, de HCF, justificó la reducción de empresas a privatizar. “En términos jurídicos, estos temas no fueron sujetos a votación ni en general. No hay un cambio de posición de este bloque. No podemos financiar con rentas generales con empresas que no han sido redituables. Una forma es la privatización, pero no la única”, sostuvo el bonaerense.

La ley ómnibus, sin Aerolíneas

En la UCR había una división por el tema de privatizaciones y el PRO quería sostenerlas, pero cedieron ante la posibilidad de demorar el dictamen. Silvana Giudici anticipó que el partido armarillo buscará “en este año legislativo” avanzar con la privatización de Aerolíneas.

“Desde el día que se estatizó, hubo U$S 7500 millones que salieron del Tesoro y de los impuestos para financiar a la empresa”, denunció la diputada cercana a Patricia Bullrich. La radical Karina Banfi anticipó que un sector de su bloque apoyará una ley futura para vender más empresas públicas.

El oficialismo avaló el resto de las modificaciones a la ley ómnibus XS, como la de sumar organismos excluidos de la intervención o disolución, una facultad que tendrá Milei como parte de la reforma del Estado. Los vinculados a la cultura, la salud y la ciencia fueron protegidos.

La Cámara alta también amplió los requisitos y redujo algunos de los beneficios que tendrán las empresas que adhieran al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que a su vez quedaron acotadas a algunos sectores. Se trata de planes a 30 años con ventajas cambiarias, impositivas y aduaneras.

Los retoques del Senado permitieron sumar las firmas de la Coalición Cívica en el RIGI, que rechazó el texto en la sesión de abril en la cámara baja. Juan López, titular del bloque identificado con Elisa Carrió, firmó en disidencia porque la fuerza mantiene el rechazo a la delegación de facultades que la ley ómnibus le da a Milei hasta fin de año en cuatro materias: administrativa, económica, financiera y energética. Es el artículo inicial del proyecto es la principal herramienta que tendrá Milei para desregular la economía. El apoyo del resto del dialoguismo alcanza para aprobarlo.

Texto definitivo

El proyecto también sostiene la reforma del proceso administrativo, que habilita a litigar contra el Estado ante ausencia de respuesta. También hay una desregulación del mercado de energía y gas, que impide al Gobierno fijar los precios.

La reforma laboral quedó deshilachada: el Senado eliminó el artículo que al menos permitía a los trabajadores pedir que no se descuente la cuota sindical. La UCR quería prohibir el cobro compulsivo. Sí se agregó en la cámara alta un aumento del penas a los bloqueos sindicales. Para el texto que volvió a Diputados se bajó de tres a cinco la cantidad de empleados sin declarar que puedan tener los emprendedores. Se mantuvo el aumento del período de prueba, que será de entre seis meses a un año, según el tamaño de la empresa.

En la posibilidad intervenir en contratos transaccionales, el Gobierno incluyó un artículo para reactivar las obras públicas con el 80% de ejecución. El proyecto también sostuvo el aumento del impuesto al tabaco, que afecta a Pablo Otero, dueño de la tabacalera Sarandí. En abril fue rechazado por el PRO y La Libertad Avanza, pero se aprobó con respaldo de un sector de Unión por la Patria.

Debate final

Unión por la Patria anticipó una posible judicialización. “Esta ley fue hecha a medida de un puñado de factores económicos que se ven favorecidos. El contenido, seguirá discutiéndose en la Justicia”, sostuvo Germán Martínez, jefe del bloque de UP. Su compañera, Vanesa Siley, advirtió sobre la legitimidad de normas con diferentes materias, conocidas como ómnibus.

"Eso no es cierto: la Constitución no habla de ley ómnibus, habla de leyes", respondió Oscar Carreño, de HCF. La radical Banfi fue sincera: "La gente está esperando que la ley salga. Hasta nosotros estamos cansados de ésto", dijo la vicejefa de bloque.

Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, denunció al Gobierno de "comprar votos en el Senado", con el reparto de cargos como la embajada en la Unesco, que le fue ofrecida a la neuquina Lucila Crexell. "Tomaron los peores métodos de la casta", denunció.

Como es habitual, LLA, casi no tuvo voceros. El jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, anunció que “volverán a insistir en debates que ya tuvimos" y que "la posición de nuestro bloque va a ser aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”.

Silvia Lospennato, del PRO, defendió la sociedad con el oficialismo. “Ha sido una carrera de obstáculos donde un sector de la oposición, que debe saberse en minoría, ha intentado por todos los métodos posibles el avance de esta ley. A los ciudadanos, no se sorprendan si, en una última maniobra, intentan la judicialización", advirtió.

Fuente: www.letrap.com.ar