Por Horacio Rovelli

Para solucionar los problemas de la economía argentina, frenar el proceso inflacionario y alcanzar el crecimiento sustentable, existe una contradicción flagrante entre lo planteado por el gobierno de Milei de priorizar el ajuste fiscal, sin miramiento y sin medir sus consecuencias —que las tiene y muchas— con el planteo de la carta de Cristina Fernández de Kirchner de mediados de febrero de 2024, que pone el acento en la restricción externa.

Independientemente de lo que dice y hace Javier Milei, del fracaso del proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, lo cierto es que llevó y lleva adelante un fuerte ajuste fiscal, esencialmente centrado en la decisión de no ejecutar el presupuesto en gastos sociales y en la obra pública. Prácticamente todas las partidas muestran reducciones en términos reales, pero las más significativas son la paralización casi total de la obra pública y la disminución sideral en las prestaciones sociales y jubilaciones. Sin embargo, aumentan fuertemente las erogaciones por el pago de los servicios de la deuda, lo que es obvio porque se deben utilizar más pesos (por la devaluación) para pagar las obligaciones en divisas.

La idea no es nueva, al contrario. David Rato, que fue un conocido y afamado publicista, en la dictadura cívico-militar de 1976-1983 acuñó una frase que simboliza el objetivo del gran capital que opera en el país: “Achicar el Estado es agrandar la nación”, pero se aplicó por una dictadura con 30.000 desaparecidos y con niveles de pobreza mucho menores al actual, que, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, alcanza en enero de 2024 al 57,4% de la población, cuando en 1973-1975, según un estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Revista N.º 78 de 2002), la pobreza era del 4,9% de la población, la tasa de desempleo urbano del 3,4% y la inflación mensual del 3%. Pero el modelo extractivista, agropecuario financiero de la dictadura y de este gobierno es inviable, la resistencia de la población, tarde o temprano, le pone sus límites, más con los niveles de pobreza y exclusión actuales.

El objetivo fiscal es el propuesto en la VII revisión del acuerdo firmado en junio de 2018 con el FMI, que fija un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero equivale a unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja de 2,9% del PIB. Para llegar a ello deberían incrementar los ingresos con respecto al año 2023 en esa magnitud y, a la vez, reducir el gasto público en 2% del PIB.

Obviamente, ante la devaluación de nuestra moneda, que va a ser una constante en el gobierno de Milei, se va a acrecentar el pago de los servicios de la deuda (se tiene que recaudar más pesos por cada dólar que se paga de deuda), a lo que se suma que, desde el segundo semestre de 2024, comienza a vencer el capital adeudado con los “bonistas” (tenedores de títulos de deuda externa argentinos), del acuerdo realizado el 31 de agosto de 2020 por el entonces ministro Martín Guzmán. Por ende, el ajuste fiscal sobre los gastos en pesos debe ser mayor aún, en una economía que el FMI en forma conservadora estima que se cae en 2,8% del PIB (es en pesos, pero equivale a 13.500 millones de dólares).

Jubilados y pensionados

Según informa la ANSES, cuenta con 8.845.985 beneficiarios, de los cuales el 76,7% (6.784.870 personas) son jubilados y pensionados previsionales. Y 23,3% (2.061.115 personas) perciben subsidios y pensiones sociales.

La cantidad de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (trabajadores registrados) ronda los 12.300.000, por ende la relación es de 1,8 trabajadores en actividad por cada jubilado o pensionado, que es la razón por que se destina al SIPA el 11% de la recaudación del IVA, el 100% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios (cheque) y el 42% del ingreso por el Impuesto PAIS.

¿Qué es lo que hace el gobierno al respecto? Por un lado, fija autoritariamente (sin que se acuerde en el Consejo del Empleo y Salario Mínimo, Vital y Móvil) una remuneración mensual al trabajo de 180.000 pesos para febrero y de 202.800 pesos para marzo de 2024, cuando el INDEC reconoce que una familia compuesta por cuatro miembros necesita para vivir 596.823 pesos en enero de 2024 y sin contemplar los gastos del alquiler de la vivienda.

Sobre la base de esa suma y de acuerdo con la Ley 27.426 de diciembre de 2017 de la gestión de Macri, se estipula que la jubilación mínima para marzo de 2024 es del 82% de esa suma (o sea de 162.240 pesos), y alcanza a 1.300.000 jubilados o pensionados provisionales, pero deja afuera a los que se acogieron al sistema previsional pagando una moratoria; en ese caso la remuneración mínima será de  137.000 pesos en marzo de 2024, cuando en enero de 2024 fue de 105.212 pesos. 

Como se utiliza el ajuste en relación con el trimestre anterior (octubre, noviembre y diciembre) y por lo recaudado por la ANSES en un 50% del índice y el otro 50% por el aumento salarial promedio que hace la actual Secretaría de Trabajo (RIPTE), para marzo de 2024, por Resolución 38/2024, el coeficiente de aumento (con respecto a lo percibido en diciembre de 2023) es del 27,18%, cuando la inflación acumulada de diciembre y enero fue del 50,1% y falta febrero de 2024, que rondará el 20%.

Por ende, los precios en promedio se incrementan en el trimestre un 72% o más y a los jubilados y pensionados el haber se les ajusta en 27,18%.

Todavía falta la nueva fórmula de ajuste que debe proponer el gobierno, que sería mensual y, sobre todo, qué mes se toma como base (por ejemplo, el gobierno de Macri no pagó la inflación un mes entero).

En definitiva, el total del gasto provisional del presupuesto nacional ascendió al 9,03% del PIB (el 41,7% del gasto total del presupuesto base caja del año 2023) y el mismo Javier Milei, públicamente, dijo que el gasto previsional debe disminuir en un 0,5% del PIB, que, tal como se presenta el cuadro de situación, dicha disminución va a ser más cerca del 1% del PIB. Haciendo caso al FMI, que siempre plantea disminuir el gasto social, esencialmente las jubilaciones y pensiones, y que en todo caso se recree el sistema de AFJP (capitalización privada), que es coherente con los liberales de todo tipo de nuestro país, esto traerá aparejado una minoría que pueda gozar de una jubilación o pensión digna y una mayoría que padezca. Igual pasa con el sistema de salud pública y la desregulación de las obras sociales, la libertad de fijar precio en las prepagas y sistema privados, en paralelo al menor presupuesto para los hospitales públicos.

Ni Domingo Sarmiento, cuando exigía que no se asista a los pobres y menesterosos, lo hubiera hecho mejor.

Restricción interna

La Argentina no puede tener un problema de restricción externa, cuando en lo que va de este siglo (desde enero de 2000 a diciembre de 2023) obtuvo un superávit comercial (las exportaciones de mercancías superaron a las importaciones) en 264.270 millones de dólares. Que si tomamos desde el año 2020, el resultado es el mismo

El problema se genera en el resto de la cuenta corriente comercial, pero no por los servicios reales, que en su mayoría son negativos (turismo, fletes, seguros, comunicaciones, royalties, etc.), sino en los servicios financieros que son generados básicamente por la deuda externa.

La administración de Cambiemos, que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

El gobierno del Frente de Todos no investigó la deuda de la gestión diciembre 2015- diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020, cuando afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más”.

Es más, es en el gobierno anterior en que el BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.201 millones de dólares de los años 2020-2022, vendiéndoles al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares.

Lo que es peor es que se pagó y se paga la deuda heredada de la administración de Cambiemos (tanto de la nación como de las provincias) y se financia el déficit fiscal generado por esos pagos y para hacer frente a la lucha contra el Covid.

En ese marco, la restricción externa debe solucionarse investigando adónde fueron los dólares del endeudamiento de la gestión de Cambiemos y si los que los compraron pueden demostrar fehacientemente de dónde detrajeron los recursos para hacerlo, proyecto del senador Oscar Parrilli que, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen por la mayoría en la Cámara de Diputados, nunca fue llevado al recinto.

El problema se genera en el resto de la cuenta corriente comercial, pero no por los servicios reales, que en su mayoría son negativos (turismo, fletes, seguros, comunicaciones, royalties, etc.), sino en los servicios financieros que son generados básicamente por la deuda externa.

La administración de Cambiemos, que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

El gobierno del Frente de Todos no investigó la deuda de la gestión diciembre 2015- diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020, cuando afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más”.

Es más, es en el gobierno anterior en que el BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.201 millones de dólares de los años 2020-2022, vendiéndoles al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares.

Lo que es peor es que se pagó y se paga la deuda heredada de la administración de Cambiemos (tanto de la nación como de las provincias) y se financia el déficit fiscal generado por esos pagos y para hacer frente a la lucha contra el Covid.

En ese marco, la restricción externa debe solucionarse investigando adónde fueron los dólares del endeudamiento de la gestión de Cambiemos y si los que los compraron pueden demostrar fehacientemente de dónde detrajeron los recursos para hacerlo, proyecto del senador Oscar Parrilli que, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen por la mayoría en la Cámara de Diputados, nunca fue llevado al recinto.

Fuente: www.elcohetealaluna.com